El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó que efectivamente existen privilegios en la penitenciaría Padre de la Vega, conocida actualmente como Emboscada Antigua, donde se comprobó que hay celdas VIP.
Los beneficiarios de estos tratos preferenciales serían los presos vinculados al caso A Ultranza, y el servicio cinco estrellas tendría un costo de 15 mil dólares cada celda VIP. Se descubrió tras una visita al reclusorio por parte de jueces de ejecución.
“Se dispusieron las medidas a partir del día de hoy: verificación, inspección, etc. No leí el informe, pero lo que nos señalan es la existencia de celdas con una serie de privilegios que estarían de manera irregular”, señaló Maciel a la 1020 AM.
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En cuatro celdas del pabellón habrían comodidades, tales como jacuzzi, PlayStation, chef privado, comunicación satelital, entre otros lujos, según el informe de la jueza Sandra Kirchhofer.
“El director nos informó de la presencia de la jueza, se le dio indicaciones a que permita el ingreso irrestricto y que pueda verificar todo. Y presentar el informe”, manifestó.
El director alegó que esas celdas ya estaban al momento en que él asumió el cargo, hace aproximadamente tres meses, conforme expresó.
“Lo que ahora queremos ver es que si efectivamente todo eso que transcendió del informe es tal cual y para eso va a estar la Dirección de Inspectoría, la Dirección de Obras y la Unidad de Inteligencia”, afirmó.
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Condenan a cinco años de cárcel a Héctor Grau, por la agresión a Benjamín Zapag
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, condenó a cinco años de cárcel a Héctor Iván Grau, luego de ser encontrado culpable por la brutal golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag, hecho ocurrido en un local nocturno del barrio Villa Morra de Asunción, en el 2022.
El condenado irá a la cárcel una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia condenatoria. Es decir, si la defensa del sentenciado apela el fallo judicial, se deberá esperar a que se defina en segunda y tercera instancia para que luego pueda ingresar a la penitenciaría. Los jueces de sentencia mencionaron que se pudo probar la responsabilidad del acusado en el hecho, por lo que corresponde la pena de cinco años de pena privativa de libertad.
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Durante los alegatos finales, el Ministerio Público pidió siete años de cárcel para Grau. Misma pena solicitó la querella adhesiva representada por el abogado Ricardo Preda. Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de Apelación el que deberá definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
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Pedro Juan: sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario.
A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo.
No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso. El hecho fue comunicado al Ministerio Público a la par de reforzar la seguridad en la penitenciaría y alrededores.
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Venezuela: vacían la temida cárcel El Helicoide ante protestas por traslado de presos
El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.
El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.
Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.
“Totalmente vacío”
El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.
Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.
“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.
Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.
El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.
Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.
El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.
Fuente: AFP.
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Fiscalía y querella piden 7 años de cárcel para Héctor Grau, acusado de agresión contra Benjamín Zapag
El fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga y el abogado querellante, Ricardo Preda, solicitaron siete años de cárcel para Héctor Iván Grau, acusado como autor del delito de lesión grave tras la brutal agresión sufrida por Benjamín Zapag en el interior de una discoteca de Asunción, en noviembre del 2022.La petición tanto del Ministerio Público como de la querella adhesiva, se realizó durante los alegatos finales.
El fiscal del caso indicó que no quedan dudas sobre la participación de Grau como autor de la lesión grave. Asimismo, señaló que la agresión redujo considerablemente el uso de los sentidos de la víctima durante un largo periodo.
García de Zúñiga cuestionó los resultados de la junta médica, que había concluido que la lesión sufrida por Zapag no fue de gravedad. En contrapartida, resaltó la declaración del médico tratante del joven, quien sí determinó que el daño fue severo.
Además, manifestó que los padres declararon como testigos e indicaron que el joven requirió varios meses de reposo, permaneció encerrado en su habitación y solo pudo volver a practicar deportes después de cuatro meses. Agregaron que la víctima sentía miedo y que las secuelas le impidieron llevar una vida normal.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda, representante de la familia Zapag y querellante en este juicio oral y público, solicitó igualmente la pena de siete años de prisión para Grau, al considerar que se probó plenamente la responsabilidad del acusado en el hecho.
La acusación refiere que, en noviembre del 2022, cuando la víctima se disponía a salir del baño del local nocturno, fue interceptada por Marcello Fretes, quien le gritó en la cara; acto seguido, Grau lo golpeó en el rostro en varias ocasiones.
Según la Fiscalía, las lesiones provocadas incluyeron una fractura orbitomalar en el lado izquierdo. Esta requirió una cirugía bajo anestesia general para realizar la reducción abierta de la fractura y la reconstrucción del piso de la órbita izquierda mediante el uso de una malla, placas y tornillos de titanio.
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