El dirigente y precandidato a intendente de Ciudad del Este, por el Partido Liberal Radical Auténtico, Iván Airaldi confirmó que a la fecha no han tenido ninguna respuesta al urgimiento que hicieron de convocar a elecciones municipales en su distrito, tras la destitución del exintendente Miguel Prieto.

Ante esta falta de respuesta por parte del titular del Directorio partidario Hugo Fleitas, y del Tribunal Electoral Independiente; la dirigencia liberal esteña anunció que presentarán una acción de amparo constitucional ante la máxima autoridad electoral que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Airaldi explicó que el objetivo es la intervención del tribunal partidario para que los obligue a convocar a elecciones el próximo 5 de octubre conforme a lo establecido en las disposiciones legales.

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Recordó que días atrás enviaron notas al presidente Fleitas y a los miembros del TEI, solicitando la convocatoria a elecciones municipales y no simplemente decidir acompañar la candidatura del candidato del movimiento Yo Creo Daniel Pereira Mujica, por una resolución de la cúpula partidaria sin participación de la dirigencia esteña.

“No tuvimos respuesta formal de parte del TEI del PLRA, como así también sin respuesta de parte del presidente del partido Hugo Fleitas. Ante esta situación nos vemos obligados a recurrir a una instancia superior que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral para que intervenga el TEI y obligue a convocar las elecciones para Ciudad del Este”, expresó.

Sostuvo que, esta forma, que pretende la cúpula del PLRA de actuar a “lo mbareté”, no corresponde. Explicó que el Estatuto partidario no permite este tipo de alianzas que pretende establecer el presidente Fleitas, por decisión de una parte del Directorio.

“Están obligados a convocar a una Convención extraordinaria del partido, someter a criterio de los convencionales para que le autorice al Directorio a establecer alianzas, cosa que no se hizo, y que ahora ya no hay tiempo para que se convoque a una convención extraordinaria. Por eso, creo que está viciado de irregularidades este acuerdo que buscan establecer a tambor batiente con el equipo de Yo Creo”, cuestionó.

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Indicó que lo que corresponde por el tiempo que queda es convocar a elecciones; ya que para una convención debía ser 90 días antes de las elecciones internas que ya el TSJE estableció como fecha para el 5 de octubre, por tanto, ya no hay tiempo para esto.

Señaló que ahora lo que corresponde es convocar a elecciones, de manera que el equipo que impulsa la alianza pueda presentarse junto a los demás precandidatos interesados. Así, será la decisión popular la que determine si prospera la propuesta de alianza y el respaldo a la candidatura de Pereira Mujica, en caso de que este resulte ganador en las internas.

“En mi lógica me cuesta entender donde gana el PLRA con ellos, ya que no existe ninguna plataforma política, no hay un acuerdo, o instrumento, no hay ninguna concertación, ni alianza con ellos; puesto que no existe un documento formal aprobado por una convención como corresponde. No es simplemente que haga una reunión y que luego de ahí salgan a anunciar las cosas, esa no es la forma correcta”, enfatizó.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, respondió al reclamo de mejoras salariales para nueve guardiacárceles que están en huelga de hambre, quienes aseguran que hace 15 años no reciben aumento.

“Lo que se consiguió ahora dentro del nuevo modelo de gestiones, para aquellos nuevos agentes que están siendo capacitados, formados y que son egresados, después de estar en el programa que se desarrolla en Comando de Artillería en Paraguarí, es que ya ingresan al sistema con un salario base superior a los agentes que se encuentran actualmente en el sistema”, comentó al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que estos guardiacárceles formados perciben un estipendio de G. 3.800.000. Admitió que algunos cobran salario mínimo y no han recibido ajustes hace más de 15 años.

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“Realmente a nivel general para todo el funcionariado nunca se dio, lo que conseguimos fue con esta gestión, también golpeando puertas. Y sobre todo visibilizando al Ministerio de Hacienda las necesidades que tenemos en cuanto al capital humano que administra los centros penitenciarios”, subrayó.

Destacó que el componente seguridad es muy sensible y dentro de ese reclamo histórico las actuales autoridades dieron una respuesta positiva.

“Hay trece sindicatos dentro del Ministerio de Justicia, de los cuales solamente uno se mantiene en su reclamo. Porque lo que ocurre es que aquí se generó la información de que podría ser un aumento de hasta 1.500.000 guaraníes. Y hasta significa no necesariamente ese monto. Estamos en el punto donde todos aquellos que reúnan los requisitos: capacitación, experiencia, etc. van a poder acceder al beneficio de ganar 900.000 guaraníes más”, subrayó.

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La Cámara de Diputados tratará la próxima semana los pedidos de intervención a seis municipios: Lima, Emboscada, Ñemby, Tomás Romero Pereira, Ybyrarobaná y Yby Yaú. Los pedidos fueron incluidos para la sesión ordinaria del martes 9 de setiembre tras un acuerdo de la mesa directiva, en la reunión correspondiente a esta semana.

El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Hugo Meza, confirmó que se dio este acuerdo para el tratamiento de todos los pedidos que fueron derivados a la instancia legislativa. “Hemos acordado incluir los seis pedidos de intervención de las distintas municipalidades. Seguramente vamos a hablar en las distintas bancadas para ver cuál es la posición finalmente que se va a tomar”, señalaba el diputado en ese momento.

Para estudiar el caso de cinco municipios el pleno deberá conformar la Comisión Especial de Intervención; sin embargo, para analizar la situación de Lima, se deberá votar si corresponde llevar adelante el proceso.

En el caso de la Municipalidad de Lima, departamento de San Pedro, el pedido de intervención data del 2023, bajo la administración del intendente Juan Manuel Ávalos. El pedido fue solicitado por la Junta Municipal tras el rechazo de la rendición de cuentas del intendente por el periodo 2021-2022. Argumentaron irregularidades con el programa de almuerzo y merienda escolar. De acuerdo a la denuncia de la Junta, el monto que no cuenta con respaldo de documentos es de G. 514 millones.

En cuanto al municipio de Emboscada, la Junta Municipal remitió el pedido de intervención el pasado 21 de junio de este año, a la gestión del intendente Silvio Peña (PLRA), por supuestas irregularidades detectadas en el periodo 2024. De acuerdo a la denuncia de los concejales municipales, el jefe comunal pagó por varias obras ya el año pasado, pero que no fueron ejecutadas.

El pedido de intervención al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, fue aprobado por la Junta Municipal el 14 de agosto de 2024. Alegan denuncias y una imputación por supuestos hechos de corrupción, lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos.

El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Cordillera sellaron un acuerdo que busca promover la reinserción social y laboral de personas privadas de libertad (PPL) a través de proyectos comunitarios, productivos e infraestructurales.

El convenio, firmado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el gobernador Denis Lichi, contempla acciones como trabajos de voluntariado en espacios públicos, iniciativas agrícolas en la Granja Semiabierta Itá Porã de Emboscada, construcción de un pozo artesiano en el centro penitenciario y capacitaciones técnicas dirigidas a las PPL participantes.

“Unimos nuestros esfuerzos, nuestra voluntad y nuestros recursos para un fin común: construir un sistema más justo, equitativo y humano, devolviéndole a la ciudadanía seguridad y la reconstrucción del tejido social”, expresó el ministro Nicora durante el acto de presentación.

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También se fortalecerá la atención y las actividades en los centros penitenciarios de Emboscada Antigua, Padre Juan Antonio de la Vega y en el Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza”. La Gobernación aportará insumos, maquinarias y asistencia técnica, mientras que el Ministerio de Justicia se encargará de la seguridad, el acompañamiento y la formación.

La actividad contó con la presencia de la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; el director de la Granja Itá Porã, Hermes Aníbal Servín; así como autoridades departamentales, municipales y funcionarios de ambas instituciones.

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