En la mañana de este viernes se realizó un allanamiento en un hotel en la zona céntrica de Encarnación en el marco de la investigación sobre el hallazgo de una camioneta en llamas y que en su interior estaba un cuerpo calcinado. El hecho se dio en una zona de cultivos sobre la Ruta PY14 en la colonia Paraná, en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.
Según el informe de los intervinientes, se llegó hasta el lugar luego de que se confirmara que la camioneta incinerada pertenecía a Junior Mohamed Awala López, de 24 años, y que su padre había viajado hasta la ciudad de Encarnación.
Aparentemente, Mohamed Alí Awala, de 54 años, quien se dedica al comercio y anteriormente era dirigente deportivo de la Liga Capiateña de Fútbol, habría viajado el jueves por la mañana hasta la ciudad de Encarnación a bordo del mencionado rodado y fue visto salir del alojamiento por la tarde a bordo del mismo.
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De la habitación del hombre se lograron incautar varias prendas de vestir, perfumes, documento de identidad, tarjetas de crédito, recibos y facturas con el nombre de Mohamed Awala y un total de 15.600.000 guaraníes en efectivo.
El comisario Javier Flores, en conversación con el canal de noticias NPY, remarcó que hasta el momento se desconoce el móvil del hecho y no se confirmó la identidad de la persona fallecida, pero se encuentran enfocados en determinar si el señor Mohaed Awala se habría reunido con alguien al salir del hotel.
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Detenido por supuesta extorsión tendría vinculación con asaltos a transportadoras
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Antisecuestro, Zunilda Ocampos, allanó ayer una vivienda del KM 16 de Minga Guazú (A 3.500 metros de la Ruta PY02), y fue detenida una pareja, en el marco de la investigación de un supuesto hecho punible de extorsión agravada en contra de un grupo empresarial logístico. Se trata de Juan Ángel Rojas Meza (44) y su pareja Alejandra Aranda Peloso (30).
Esto fue reportado por la Comisaría 8a. de Minga Guazú. Rojas Meza está vinculado a otros hechos de asalto a mano armada y tiene como antecedente haber sido detenido el año pasado, tras un robo agravado a transportadora, en cuyo procedimiento había fallecido uno de los Resquín.
Es lo que informó a La Nación/Nación Media, el comisario Edgar Galeano, del Departamento Antisecuestro de la Policía de Alto Paraná. Los hermanos Resquín comandaban la denominada “banda japonesa” que fue perseguida con el Operativo Haiwa, debido a denuncias reiteradas de asaltos domiciliarios a familias de origen japonés en el distrito de Yguazú, Alto Paraná.
Por su parte, la fiscal Zunilda Ocampos dijo a La Nación/Nación Media que “estas personas detenidas son las sospechosas de haber ido a presionarle al funcionario de una empresa para que informe sobre actividades de pago, cuando llega y sale dinero, etc., seguramente para hechos de robos agravados”.
A finales de junio se había presentado la denuncia por parte de la asesoría jurídica de una empresa transportadora, sobre los supuestos hechos de extorsión del que estaban siendo víctimas en el grupo empresarial, para la obtención de información del movimiento económico de las firmas que conforman el grupo.
Las amenazas que llegaban a los propietarios eran varias, entre ellas, la ubicación de integrantes de la familia y de otros datos, con los cuales los extorsionadores informaban del peligro que corrían sus víctimas, si no entregaban las informaciones solicitadas, según el comisario Edgar Galeano.
El jefe de Antisecuestro dijo que están colectando varios elementos con los cuales encuentran datos relacionados a otros hechos de asaltos, teniendo en cuenta que el detenido habrá formado parte de bandas que ocasionaron asaltos a transportadoras.
En el operativo de ayer fueron incautados un automóvil de la marca Toyota, modelo Ractis, con Chapa AAOP 852, aparatos celulares, SimCard, porta SimCard, Memory Card y documentos varios. Los detenidos siguen en la Dirección de Policía.
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Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
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Investigan supuesta explotación laboral y sexual en albergue Tesai Róga de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes encabezó esta noche el allanamiento de albergue destinado a personas de pueblos originarios denominado “Tesai Róga”, de Ciudad del Este. Es en el marco de la investigación de la supuesta comisión de explotación laboral y sexual en la que estaría involucrado el citado hogar.
La denuncia fue realizada por la Consejería Municipal por los Derechos de la Niñez (Codeni), de la capital altoparanaense. La fiscal informó que en esta primera incursión no halló nada y las mujeres que se encontraban en el albergue pudieron dar crédito de su estancia en el lugar con sus hijos.
Las familias nativas utilizan el sitio como un hospedaje, mientras tienen niños internados en el Hospital Regional o teniendo que seguir algún tratamiento y, generalmente, acuden con sus otros hijos. El hogar es de permanente ir y venir de personas que viven en distritos del interior del departamento.
La fiscal Coronel informó que investigará sobre el funcionamiento del albergue, qué institución y personas son los responsables y todos los documentos necesarios que acrediten la existencia del sitio, así como su manejo. Indicó que la denuncia ya fue realizada hace unos meses y desde ese entonces se venía haciendo un seguimiento.
Explicó además que la situación de tránsito permanente de las personas en el albergue dificulta el hallazgo de indicios en el momento exacto, por lo que se requiere de un trabajo más largo para descubrir evidencias ciertas, si es que hay hechos punibles. Acompañaron el procedimiento funcionarios de la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de la Niñez y de la Codeni.
El albergue “Tesai Róga” está ubicado en el barrio San Ana, a metros del hospital y funciona como tal desde hace 20 años. Se mantiene con aportes solidarios de la comunidad.
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Filtración de audios: Fiscalía abre causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera
La Fiscalía General del Estado comunicó que dispuso la apertura de una causa penal contra los senadores Norma Aquino más conocida como Yamy Nal y Javier Vera alias Chaqueñito, tras la aparición de audios atribuidos a ambos legisladores que, según los informes oficiales, podrían contener hechos de relevancia penal. El fiscal que tiene a su cargo investigar es Luis Piñánez.
La decisión se fundamenta en el memorando D.G.F. N.º 914, emitido el 15 de septiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.
De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública.
El Ministerio Público, en su rol constitucional de impulsar la acción penal, anunció que dispondrá de todos los recursos necesarios para reunir evidencias, sustentar una eventual acusación y dirigir el procedimiento judicial.
Asimismo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, la Fiscalía resolvió la designación de un agente especializado en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, quien estará a cargo de la investigación.
De esta manera, el caso ingresa formalmente a etapa penal, quedando en manos del Ministerio Público el avance en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.
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