La Iglesia católica sienta posición sobre la reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. “La jubilación es un derecho digno, no un privilegio. Reconocemos el paso dado, pero ninguna reforma es suficiente sin equidad, expresa la Arquidiócesis de Asunción a través de un comunicado dado a conocer este viernes.
La cúpula católica señala que la revisión de la situación de la Caja Fiscal y la adopción de algunos ajustes urgentes son necesarios, pero no suficientes.
“Las medidas propuestas atacan la urgencia, actuando como una intervención de ‘terapia intensiva’ para evitar el colapso financiero inmediato. Sin embargo, no resuelve el problema de fondo”, expresa el documento.
Añade que el impacto esperado de reducir el déficit a menos de la mitad es un avance, pero aclara que “el sistema sigue fragmentado, desigual y excluyente”.
Por otro lado, manifiesta que para la Iglesia, la solución estructural debe poner como centro la dignidad humana y basarse en la justicia y la transparencia. Igualmente, los religiosos piden poner fin de los privilegios. “Es imperativo avanzar hacia un sistema donde no haya ciudadanos de primera y de segunda”, alegan.
En ese sentido, ponen especial énfasis en clase política. “La existencia de jubilaciones privilegiadas en el sector político es un escándalo ético frente a un pueblo al que se le pide sacrificio”, subrayan.
Al respecto, señalan que la solución real pasa por la convergencia de todos los sectores. Además, expresan que los fondos jubilatorios “deben estar blindados contra el uso político” y ser administrado con criterios técnicos y transparencia.
Llamado a un pacto nacional
Hacen un llamado a un pacto social nacional con una hoja de ruta clara sobre su costo y financiamiento sobre este tema. “No podemos seguir construyendo parches sobre un sistema que excluye a la gran mayoría de los trabajadores y de la población en general”, declaran.
Asimismo, exhortan a los beneficiarios de regímenes especiales a dar ejemplo de patriotismo y solidaridad. “La equidad no es un castigo, sino la base de la paz social”, recuerdan.
Abogan por un diálogo amplio y participativo y cuestionan la exclusión de algunos sectores para abordar el tratamiento de la normativa. “Lamentamos que instancias de la sociedad civil y de la Iglesia no hayan sido convocadas en la fase de elaboración de esta propuesta. La construcción de una nación se hace caminando juntos”, puntualizan.
En ese contexto, opinan que la aprobación de esta ley debe ser el inicio de un diálogo nacional profundo que aborde la movilidad laboral y la protección social universal.
“La Iglesia no se quedará como una espectadora pasiva. Seguiremos exigiendo que la economía esté al servicio del hombre y no al revés”, anuncian. Finalmente, invitan a toda la ciudadanía a informarse, participar y velar por un sistema donde la seguridad y protección social sea un derecho de toda la población y “no un privilegio de pocos”.
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