El candidato a la intendencia de Ciudad del Este, Alto Paraná, por la Lista 1 del Partido Colorado, Rigoberto Chamorro, expuso sus propuestas y principales proyecciones para recuperar la ciudad.

El intendentable sostuvo que su principal objetivo es resolver las problemáticas de servicios básicos en los primeros 100 días de gestión, para luego avanzar en las grandes obras.

“Nuestro compromiso es lo básico, agua potable, iluminación, limpieza, aseo y ordenar el caos vehicular, los dispensarios médicos, la salud, el transporte, esos son nuestros compromisos. Claro que vendrán las grandes obras, claro que soñamos con eso, pero primero tenemos que ordenar nuestra ciudad”, expresó en entrevista para La Nación/Nación Media.

Uno de los proyectos que ya viene trabajando desde su campaña política electoral es la limpieza de los 44 barios de la ciudad, actualmente Chamorro y su equipo realizan mingas de limpieza en las plazas y los lugares públicos, pero esta acción ya está proyectada para ser ejecutada una vez que llegue a la intendencia esteña.

“Es un proyecto que estamos ejecutando ahora, vamos a gastar 7 millones de dólares anuales, con 600 funcionarios para cada barrio, con equipamientos, maquinarias, tumbitas para tirar las basuras, limpiar las plazas y hermosear nuestra ciudad. Esto ya tenemos proyectado, programado para ejecutar apenas lleguemos a la intendencia”, detalló.

La reactivación de los dispensarios médicos es otra de las propuestas, con la colaboración de las universidades de medicina de la zona. El plan de esta colaboración es que las universidades pongan a disposición a médicos profesionales y la provisión de medicamentos de manera gratuita para la ciudadanía, como así también ya existe un compromiso de construcción de más dispensarios.

“La salud, a nivel nacional que estamos prácticamente en falta con la ciudadanía, y yo tengo un contrato de compromiso con la Universidad de Medicina, que acompañarán en turno mañana y tarde con médicos profesionales y medicamentos gratuitos. En el este tenemos 12 universidades de medicina con quienes ya cerré ese contrato de compromiso. La universidad necesita también de hospitales para que sus médicos que terminan la carrera puedan hacer su pasantía dentro de la institución, en los dispensarios médicos”, detalló.

Este viernes, la Policía Nacional de Areguá localizó y detuvo a un hombre que habría recibido G. 350 millones tras vulnerar la cuenta bancaria del Sanatorio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. El hombre también fue denunciado por otra persona de quien se transfirió G. 6 millones.

Según el reporte policial, la aprehensión de esta persona se logró en plena vía pública del barrio Villa Salvador de la ciudad de Areguá, donde se detuvo a Joaquín Andrés Duarte Ojeda, quien estaba siendo investigado luego de que se transfirió la suma de 350 millones de guaraníes de la cuenta bancaria de un sanatorio que habría sido hackeado.

“Esta personas era buscada por la vulneración de una cuenta bancaria y es investigada por supuesto hecho punible de estafa mediante delitos informáticos”, expresó el comisario Oscar Olmedo Lesmo, jefe de gabinete de delitos económicos, en entrevista con el corresponsal de Nación Media.

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Indicó que el gerente del sanatorio constató el faltante de dinero y al corroborar se pudo verificar que se realizó primeramente una transferencia de G. 250 millones a nombre de Duarte Ojeda y luego se volvió a realizar la transacción por valor de 100 millones de guaraníes.

“También se recibió la denuncia de otra persona de quien fue vulnerada su cuenta y la víctima se dio cuenta de que se realizó una transferencia de G. 6 millones que no había autorizado. Justamente cayó en la cuenta de Joaquín Andrés Duarte Ojeda”, resaltó.

Confirmó que todo lo actuado se comunicó al Ministerio Público desde donde se dispuso su traslado del detenido hasta el Departamento de Delitos Económicos de Ciudad del Este. Así también, se labró acta del procedimiento y se realizó el diagnóstico médico del sospechoso en el Hospital Distrital de Areguá.

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El vicepresidente expresó que fue la propia gente de confianza y exfuncionarios de Miguel Prieto, quienes lo denunciaron ante la Justicia al destituido intendente de CDE.

“Ni le conozco a este mucha­cho, ni a los jueces y fiscales de sus cau­sas judiciales. No debería pre­ocuparse por mí, sino por sus aliados”, indicó el segundo del Ejecutivo y aspirante presi­dencial, Pedro Alliana, con relación a las acusaciones de “persecución política” que manifiesta el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, a puertas de dos juicios por corrupción.

“Sus propios exfuncionarios fueron los que le entregaron, aceptaron los hechos, que sí se robó, en una época tan difí­cil como fue la pandemia. Es candidato a presidente de la República y si hace denun­cias que lo haga de manera responsable, con pruebas, y no justificar 46 denuncias por hechos de corrupción como una persecución política”, indicó Alliana, a la 1020 AM.

El dirigente opositor enfren­tará el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en la causa conocida como Tía Chela por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia. El Ministerio Público refiere que en la gestión de Prieto se concretó un perjuicio patri­monial de más de G. 2.500 millones a la comuna esteña.

Días atrás también se con­firmó que enfrentará un juicio oral y público en la causa conocida como Tajy, en la que la Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entrega­das que debían destinarse a kits de alimentos para fami­lias vulnerables a través de dicha empresa, sin capaci­dad logística, dedicada a la construcción de pozos.

El órgano extrapoder refiere que se ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500. En esta causa, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordi­nadora de la Unidad Opera­tiva de Contrataciones; Nel­son Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Eliza­beth Alcaraz Ramírez, exen­cargada de órdenes de pago, admitieron el montaje de un esquema de compra simu­lada mediante licitaciones por vía de la excepción.

Sin embargo, Prieto refiere que el avance de estas causas obedece a una persecución política con la finalidad de sacarlo de la carrera presi­dencial en el 2028.

“No le tengo miedo a Prieto (de enfrentarle en las urnas) y no entraré en su juego, si le voy a ganar será en la can­cha, pero él debe rendir cuentas. Ya me enfrenté en elecciones con candidatos de fuste y él es un líder dis­trital”, sentenció Alliana.

Este miércoles, la Policía Nacional detuvo a uno de los sospechosos del millonario asalto a dos ciudadanos brasileños en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Además, ya tienen plenamente identificado a los demás presuntos autores del atraco y al líder de la banda de atracadores.

Según el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de Investigaciones de la Policía, se logró la detención de Javier González González, de 28 años, quien sería el propietario del automóvil Toyota modelo Premio de color plateado que fue usado durante el atraco.

“El detenido manifestó que había prestado el rodado a un primo suyo a quien ya tenemos dentro de la línea investigativa como uno de los autores que había participado del hecho. No estamos hablando de una banda nueva, pero sí de integrantes nuevos”, explicó Maldonado en conferencia de prensa.

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Detalló que esta banda criminal habría reclutado a personas nuevas que no tienen antecedentes penales. “Tenemos identificadas a las personas que participaron y así también al líder, quien es una persona conocida dentro del ámbito delincuencial. Es más que obvio que existen empleados desleales dentro de la empresa”, resaltó.

Entre los identificados figura el primo del dueño del rodado, Nélido Javier Orué González, de 28 años, este sería catalogado como el cabecilla e ideólogo del atraco. El sujeto tras cometer el atraco se contactó con su primo y le advirtió de que abandonaría en cierto punto para que pueda pasar a buscarlo.

El millonario robo se registró durante la tarde de ayer martes, donde fueron víctimas Marcelo Diésel, de 42 años, y Thiago Marcel Magnobosco, de 40 años, ambos empresarios brasileños a quienes despojaron de unos 800 teléfonos iPhone, cuyo costo asciende a los USD 400.000.

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