El abogado Adriano Enríquez, representante legal de la Aso­ciación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus fun­ciones contra la fiscala María Verónica Valdez Rivas.

La recusación es porque en tiempo récord pidió el blan­queamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguri­dad fronteriza a empresas que serían de maletín.

De acuerdo al documento que deberá ser analizado por los integrantes del JEM, que señala que “el 3 de abril la imputada exjueza Tania Irún recusó a la fiscala Natalia Fus­ter, quien llevaba cuatro años recolectando los elementos probatorios contra la exma­gistrada”.

Agrega que en la misma fecha que fue recusada la fiscala Fus­ter se le designó a la agente del Ministerio Público Valdez, quien estaba en un juicio oral cuando fue comunicada que entendería en la causa Irún por lo que se supone que no tuvo tiempo de mirar unas páginas de los 27 tomos de la carpeta fiscal que tiene el pre­sente caso, por lo que su actua­ción llamaba poderosamente la atención”.

También se agrega que “del voluminoso cúmulo de actua­ciones obrantes en el cuaderno de investigación elaborada por la fiscala Fuster es inédito que la fiscala Valdez en menos de doce horas y a través de un plu­mazo pretendió blanquear de forma alevosa a la exjueza Irún pidiendo su sobreseimiento definitivo cuando que no tuvo tiempo de revisar objetiva­mente la carpeta de investi­gación”, señala la acusación del abogado Enríquez.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes del JEM, habían votado por la destitución de la entonces jueza civil Tania Irún por con­siderar que la misma ha vio­lado abiertamente la Ley n.° 2532/05 de Seguridad Fronte­riza. Ante la duda que genera la actuación de la fiscala Veró­nica Valdez el presente pedido de sobreseimiento definitivo deberá ser estudiado por el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien podrá resol­ver dar trámite de oposición ante el pedido realizado por la mencionada represen­tante del Ministerio Público. En caso de que sea así, será el fiscal general de Estado quien evaluará si se tienen los elementos de prueba para poder rectificar el requerimiento inferior y pre­sentar la acusación corres­pondiente contra Irún.