El diputado liberal, Édgar Ortíz, presentó este miércoles un proyecto de ley que establece hasta 15 años de cárcel para los contrabandistas de frutas y hortalizas. La finalidad es evitar pérdidas a los productores.
"Modificamos un delito donde se paga multa y se le confisca simplemente los materiales y pasamos a pedir 15 años de cárcel a las personas que se dedican al contrabando de frutas y hortalizas", mencionó el legislador.
Indicó que con el proyecto se busca defender a la gente que trabaja en el campo en nuestro país, así como privilegiar a los productos paraguayos.
El diputado explicó que el planteamiento modifica los artículos 336 y 345 de la ley 2.422 del 15 de julio del 2004 del Código Aduanero y "criminaliza" el contrabando de frutas y hortalizas.
"Endureciendo estas penas vamos a terminar con un flagelo que no deja alternativas al paraguayo cuando quita su producto. Con la gente de la comisión de Agricultura creemos que estamos defendiendo a la gente que trabaja", agregó.
El legislador señaló que solo en el rubro del tomate, los productores pierden cerca de 30 millones de dólares al año por culpa del contrabando, hecho que "ya no se puede permitir".
El centro agropecuario nacional 2008 indica que del total de huertas comerciales, el 94 por ciento corresponde a fincas con menos de 20 hectáreas.
La mayor concentración se registra en los departamentos de Caaguazú, Central, Paraguarí y San Pedro.
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No podrán tomar las decisiones políticas
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte fue consultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Ejecutivo para indagar las administraciones de los intendentes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.
“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter administrativo imprescindible para que la municipalidad siga funcionando, no puede tomar ninguna decisión de orden político, ya que no es su función”, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despidos de funcionarios.
“No es su función, no son administradores, es la persona encargada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, aclarando que el proceso de fiscalización de ambos municipios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles los pedidos de intervención a ambos municipios con amplia mayoría luego de analizar los reportes de irregularidades detectados por la Contraloría General de la República (CGR).
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Intervención a la municipalidad es un acto de “justicia” para los esteños
La Cámara de Diputados resolvió aprobar el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este y desde la Contraloría Ciudadana del distrito, celebraron este hecho, puesto que como organización civil, vienen denunciando desde hace varios años una serie de irregularidades cometidas por el intendente Miguel Prieto.
“Hicimos tantas denuncias que hay gente que nos quiere linchar a nosotros, pero hay muchas cosas que nosotros no llegamos a denunciar. Tomamos como un acto de justicia por un lado porque la Justicia no actuó a tiempo, entonces se tuvo que recurrir esto, a la intervención, pero estamos súper contentos”, expresó Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, manifestó que mediante la intervención se podrá acceder a toda la información relacionada a la gestión municipal, dado que existen muchas denuncias, especialmente, sobre adjudicaciones fraudulentas de obras y contratación de empresas de maletín. Asimismo, existen datos respecto al manejo interno al que solamente podrán tener conocimiento los auditores.
“Hechos que se pueden sumar a esos puntos que denunció la Contraloría General. Para nosotros es muy importante (quien sea el interventor) porque nosotros hicimos denuncias muy serias y creemos que si la persona que viene es seria, va a encontrar muchas más cosas que podrían denunciarse penalmente y va a engrosar lo que estaba dentro del pedido de intervención del ente contralor, que de hecho ellos tenían bastantes insumos porque ellos realizaron auditorías desde que entró Miguel Prieto”, expuso.
Montiel recordó que el ingreso de Miguel Prieto se dio también luego de una intervención, y su administración se veía muy prometedora, no obstante, a los dos meses de gestión, empezaron a notarse los primeros vicios o indicios de manejo irregular que tanto había cuestionado a la intendencia anterior. “No hay ni una sola persona protestando, es una mentira lo del apoyo popular, que quienes le habían votado no iban a permitir la intervención, sin embargo, Ciudad del Este está totalmente normal, no hay ninguna protesta o reacción ciudadana de apoyo hacia él” sentenció.
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El oficialismo acompañará los pedidos de intervención
El diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró la participación del oficialismo en el tratamiento de los pedidos de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este en la sesión extraordinaria que fue convocada para este miércoles a las 10:00.
“Yo voy a estar en el tratamiento de ambas intervenciones y el movimiento Honor Colorado no tiene la posición de abandonar ni dejar sin cuórum ninguno de los dos tratamientos”, afirmó el legislador ante la prensa, antes de ingresar a la sala de sesión, así como luego de la reunión que celebró su bancada en el Congreso.
Diputados conformó dos comisiones especiales tras el pedido remitido por el Poder Ejecutivo a partir de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que señala graves irregularidades en las gestiones del asunceno Óscar Rodríguez y el esteño Miguel Prieto. Ayer hubo dictamen favorable por unanimidad para Asunción; mientras que la comisión de CDE tuvo dictamen mayoritario por la intervención con cinco votos.
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“Hemos tenido todos los insumos con la visita del contralor y el intendente, hemos tenido buenas audiencias, se han hecho todas las preguntas, se han evacuado todas las dudas, y creímos pertinente elevar esto al plenario de la Cámara de Diputados porque creemos que hay indicios relevantes que ameritan una intervención”, explicó el diputado Alejandro Aguilera, quien presidió la comisión de intervención en Ciudad del Este.
Por su parte, el diputado Rodrigo Gamarra, que encabezó el equipo para Asunción, dijo: “El resultado, el dictamen no significa ningún tipo de condena política, mucho menos personal, ni siquiera tampoco de veredicto o sentencia final de lo que pueda llegar a ocurrir en el plenario el día en que se tenga que votar el pedido de intervención, pero sí, hoy en unanimidad de los presentes hemos decidido acompañar el pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción”.
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La comisión especial de Asunción estuvo integrada por: Rodrigo Gamarra (ANR-Central), Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), Néstor Castellano (ANR-Central), Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), Johanna Ortega (PPS-Capital), Leidy Galeano (Yo Creo-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Capital).
La comisión especial para CDE contó con: Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Jorge Barresi (ANR-San Pedro), Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Arturo Urbieta (ANR-Concepción), Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Cleto Giménez (PLRA-Canindeyú), Carlos María López (PLRA-Cordillera), Walter García (Yo Creo-Alto Paraná).
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Dictaminan a favor de proyecto que crea registro nacional de personas desaparecidas
La Comisión de Equidad Social de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora Rocío Abed, otorgó dictamen favorable al proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta (MAFE)”. La propuesta nació tras el caso de la adolescente María Fernanda, que conmocionó al país.
La iniciativa legislativa apunta a establecer mecanismos más eficaces y coordinados para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el país, atendiendo la creciente preocupación social en torno a este fenómeno. Según datos presentados por los proyectistas, en lo que va del año se han registrado más de 900 denuncias de desaparición en Paraguay.
“La desaparición de personas es un flagelo de larga data que afecta gravemente a la sociedad paraguaya. Los reportes periodísticos recibidos diariamente evidencian la urgencia de establecer medidas pertinentes y buscar soluciones que permitan responder de manera rápida ante estas situaciones, especialmente cuando involucran a niños, niñas y adolescentes”, expresa la fundamentación del proyecto.
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El sistema propuesto contempla la creación de una base de datos centralizada y un mecanismo de alerta temprana denominado MAFE, con el objetivo de facilitar la coordinación entre instituciones responsables, como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía y organismos de protección de derechos humanos.
Cabe mencionar que la presentación del proyecto fue realizada este martes por los diputados Rodrigo Blanco y Antonio Buzarquis, acompañados de los padres de María Fernanda Benítez. “Yo vengo a apoyar este proyecto que va a ser aprobado en nombre de Fer, para que se busque, para que no ocurra con otra persona, que se investigue al instante y se busque a la persona desaparecida. Mi hija ya murió, eso es irrecuperable, pero puede traer cosas buenas después”, expresó el padre de la adolescente fallecida.