El diputado liberal, Édgar Ortíz, presentó este miércoles un proyecto de ley que establece hasta 15 años de cárcel para los contrabandistas de frutas y hortalizas. La finalidad es evitar pérdidas a los productores.
"Modificamos un delito donde se paga multa y se le confisca simplemente los materiales y pasamos a pedir 15 años de cárcel a las personas que se dedican al contrabando de frutas y hortalizas", mencionó el legislador.
Indicó que con el proyecto se busca defender a la gente que trabaja en el campo en nuestro país, así como privilegiar a los productos paraguayos.
El diputado explicó que el planteamiento modifica los artículos 336 y 345 de la ley 2.422 del 15 de julio del 2004 del Código Aduanero y "criminaliza" el contrabando de frutas y hortalizas.
"Endureciendo estas penas vamos a terminar con un flagelo que no deja alternativas al paraguayo cuando quita su producto. Con la gente de la comisión de Agricultura creemos que estamos defendiendo a la gente que trabaja", agregó.
El legislador señaló que solo en el rubro del tomate, los productores pierden cerca de 30 millones de dólares al año por culpa del contrabando, hecho que "ya no se puede permitir".
El centro agropecuario nacional 2008 indica que del total de huertas comerciales, el 94 por ciento corresponde a fincas con menos de 20 hectáreas.
La mayor concentración se registra en los departamentos de Caaguazú, Central, Paraguarí y San Pedro.
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“Creemos saludable una intervención”, dice diputado sobre gestión de Prieto
El diputado Avelino Dávalos, integrante de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que la Contraloría fue contundente en sus señalamientos de irregularidades hacia la gestión de Miguel Prieto, lo cual no pudo ser contrarrestado por el jefe comunal, lo cual amerita una intervención, según explicó.
“Se recibió una contestación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) donde ratifican que existe faltante de documentos e inclusive, con notas de reiteración en su momento requiriendo esa documentación, entonces creemos saludable una intervención en la que se pueda aclarar todos los hechos y sobre todas las cosas, tener resultados como corresponde”, expresó.
En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador señaló que personalmente, fue muy claro en su posición a favor de una intervención, ya que el contralor, Camilo Benítez, fue muy preciso señalando las irregularidades detectadas, como la falta de respaldo documental sobre un gasto de G. 42.000 millones.
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“También se habló de forma clara de cuatro informes de la Contraloría con dictámenes en contra de la municipalidad y remitidos al Ministerio Público, además de todo lo que es de conocimiento público, la cantidad de denuncias que obran en la Fiscalía. El presidente de la Comisión consultó de vuelta a la Contraloría sobre la falta de documentación respaldatoria, porque en la visita del intendente, él había dicho que era falso, pero eso fue ratificado por el ente contralor”, añadió.
Cabe mencionar que todavía se desconoce si el dictamen de la Comisión será tratada este martes 10 de junio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, puesto que esto es potestad de la Mesa Directiva. “Creo que es conveniente una intervención para poder dilucidar los temas, el que nada debe, nada teme”, ratificó.
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“Hay un robo asqueroso”, dice exdiputado liberal sobre gestión de Pereira en Itapúa
El exdiputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Ortiz, lanzó duras críticas en contra del gobernador de Itapúa, Javier Pereira, a quien señala por hechos de corrupción en su administración y quien además tendría causas abiertas en el Ministerio Público por hechos punibles graves que lo vincularían con el narcotráfico y tráfico de armas.
“Nos estamos quemando los liberales con esta clase de administración, le ofrecimos a la ciudadanía algo diferente y somos peor que cualquier administración. Acá hay un robo asqueroso y no lo digo solo yo, está todo en las redes sociales, no sé qué pasa con la Fiscalía y la Contraloría”, cuestionó el exlegislador ante la 650 AM.
De acuerdo a lo que mencionó Ortiz, la empresa de la familia de Pereira es una de las proveedoras de la Gobernación. La firma se dedica al rubro de venta de plásticos y envases, no obstante presta servicios de flete a la administración departamental y esto, cuando Itapúa cuenta con camiones, por lo que en teoría, esos servicios contratados no serían necesarios.
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“Yo le pido disculpas a la ciudadanía, nosotros pedimos votos para el gobernador Pereira, y hoy puedo decir que nosotros no sabíamos que él estaba con una causa abierta por enriquecimiento ilícito, por narcotráfico, tráfico de armas y compañía, creo que nos anestesiaron en ese aspecto, de lo contrario no le íbamos a permitir llegar ni siquiera a mi casa”, aseveró.
Al mismo tiempo, cuestionó la poca difusión que se le da en la prensa de Itapúa a las irregularidades que se cometen tanto en la Gobernación como en la intendencia de Encarnación, en manos del también liberal Luis Yd. “Yo no sé si la prensa acá está anestesiada o lubricada”, refirió e indicó que existe persecuciones a quienes se animan a criticar.
“Te dicen que sos cartista, que tenés que callarte y yo no quiero ser cómplice de algo alevoso porque se está robando en la Gobernación de Itapúa, nosotros ofrecimos una administración diferente, nosotros le mentimos a la ciudadanía”, lamentó.
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Diputados solicitan informe sobre acuerdo energético en Yacyreta
La Cámara de Diputados aprobó en su última sesión ordinaria un proyecto de resolución que solicita informes al Poder Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), sobre el reciente acuerdo energético firmado entre Paraguay y Argentina de modo a conocer los pormenores del documento firmado.
La iniciativa fue presentada por el diputado Edgar Chávez, presidente de la Comisión de Energía y Minería, y fue tratada en el espacio de mociones sobre tablas. El documento solicita que se remita una copia del acta de acuerdo firmada entre ambos países, en la cual se actualizan las condiciones de utilización de la energía generada por la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá. El plazo fijado para la remisión de los documentos es de 15 días.
El acuerdo en cuestión fue suscrito el pasado 19 de mayo en la sede del Ministerio de Economía de la Argentina y participaron de la firma el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa; los directores ejecutivos de la EBY por ambas márgenes, Luis Benítez en representación de nuestro país y Alfonso Peña por el vecino país, además del titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del país vecino, Daniel González.
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De acuerdo con los informes oficiales, este nuevo entendimiento busca mejorar la coordinación técnica entre las instituciones involucradas y garantizar el flujo financiero necesario para que Yacyretá pueda cubrir sus gastos operativos y retomar inversiones estratégicas. Asimismo, se destaca que el acuerdo otorgará mayor previsibilidad en la distribución de energía y contribuirá a una gestión más eficiente y sustentable de los recursos.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la fijación de una tarifa de USD 28 por megavatio-hora (USD/MWh) para la energía generada y comercializada por la central. Además, se definieron aspectos operativos que permitirán a los sistemas eléctricos de ambos países mejorar la planificación del despacho de cargas para atender sus respectivas demandas.
El documento también resalta que este nuevo marco operativo permitirá reactivar obras prioritarias, como la maquinización del brazo Aña Cuá, considerada fundamental para aumentar la capacidad de generación de energía limpia y renovable en la región.
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Fiscalía acusó por contrabando a exsenador argentino
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.
Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.
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De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.
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