Este martes se llevó a cabo en Asunción, la primera edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora – CPAC Paraguay y contó con la presencia de autoridades locales, así como el presidente de Argentina, Javier Milei y dos integrantes del gabinete del presidente norteamericano Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca: Richard Grenell y Alice Johnson.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre manifestó que este evento tiene una importancia relevante para nuestro país ya que la CPAC es la conferencia más importante del mundo en términos de defensa de los principios y valores fundamentales de nuestra civilización: la vida, la familia, la soberanía, la libertad, la democracia y la identidad futura de una nación.

“El hecho de que se realice en Paraguay, cuyo capítulo central está en Washington DC, representa un reconocimiento a la posición histórica de nuestro país en la defensa de esos principios y valores. Además, refleja un fenómeno actual, el posicionamiento del Paraguay en el mundo”, expresó Latorre a La Nación/Nación Media.

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Latorre mencionó que hace unos meses se realizó en el país el Foro Madrid, el Mundial del Rally, y ahora la final de la Copa Sudamericana. “En lo político y en lo deportivo, Paraguay está experimentando un auge en su presencia internacional, y la realización del CPAC es una muestra más de ello”, agregó.

Respecto al lineamiento de lo que defiende la CPAC y lo que defiende la sociedad paraguaya, Latorre expuso que la propia Constitución Nacional deficiente la vida desde la concepción, la familia como pilar fundamental de la sociedad, la libertad, democracia y soberanía.

“Son principios compartidos con el CPAC y, en este momento, es muy importante que quienes defendemos los mismos valores podamos actuar de manera articulada, presentando un frente unificado”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, sostuvo que esta conferencia forma parte de un espacio para reafirmar ideales y un punto de encuentro entre naciones y entre líderes, que creen en la libertad, en la dignidad de la vida, en la familia y en la soberanía.

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Ramírez Lezcano hizo un reconocimiento al liderazgo del presidente Santiago Peña, “por la oportunidad de compartir esta visión que orienta nuestra política exterior, una visión sustentada sólidamente en valores y principios como la libertad, la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, que se proyectan en acciones concretas, tanto en nuestra región como a nivel global”.

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fue uno de los principales diser­tantes en el evento político internacional denominado “Europa Viva 25”, celebrado en el Palacio Vistalegre de Madrid (España).

En el encuentro, el legislador para­guayo se pronunció contra la ola de violencia sobre quienes defienden la libertad, la sobe­ranía, los principios y valores.

“Es imposible no hablar sobre esta situación que se está con­virtiendo en un patrón, la ola de violencia contra quienes defienden la libertad y la sobe­ranía. Yo vengo de Paraguay, una tierra de principios y valo­res, de trabajo que plantea al mundo un modelo de desarro­llo sostenible, una nación que honra la libertad, la soberanía y la defensa de su fe”, sostuvo.

Las afirmaciones de Latorre surgieron tras condenar los atentados que acabaron con la vida de Miguel Uribe Tur­bay, exsenador del opositor Centro Democrático y expre­candidato a la Presidencia de Colombia, el activista político estadounidense Charlie Kirk y en su momento el mandatario de Estados Unidos, el republi­cano Donald Trump.

Asimismo, Latorre durante su discurso se pronunció a favor de la familia como “pie­dra angular de la sociedad” y repudio el aborto, las ideolo­gías globalistas y de género, el pensamiento hegemónico. “Hoy levantamos la voz por la libertad, contra la cultura de la muerte como dijo el papa Juan Pablo Segundo, por las familias, por nuestra cultura y nuestra misma identidad”, comentó, este lunes, a través de una publicación en redes sociales.

Igualmente, el parlamenta­rio defendió la libertad eco­nómica y de mercado “frente a los pequeños tiranos de nuestro tiempo que buscan asfixiar la iniciativa privada.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir en su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que eleva de 8 a 20 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan crímenes. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y plantea modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los proyectistas, como el senador Javier Zacarías Irún, justifican la propuesta en el aumento de hechos delictivos protagonizados por menores. Señalan que existen casos de adolescentes que actúan “con premeditación y extrema violencia” y que el crimen organizado utiliza a jóvenes como ejecutores, aprovechando las penas reducidas previstas actualmente.

De acuerdo con la exposición de motivos, esta situación “socava la autoridad del Estado y expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte”. Además de endurecer las sanciones, la propuesta incorpora medidas complementarias.

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Entre ellas, evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del infractor, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, que combine sanciones con programas de rehabilitación y reinserción, aplicación de criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica al momento de dictar sentencia.

Entre los fundamentos, los autores citan el artículo 20 de la Constitución Nacional, que ordena que las penas tengan por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. También apelan al Pacto de San José de Costa Rica, alegando que si los adolescentes gozan de las mismas garantías que los adultos, deben asumir también “las mismas obligaciones y consecuencias”.

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La propuesta contempla que en caso de un hecho calificado como crimen por el “derecho penal común, la duración máxima de la medida será de veinte años”. Si obtiene la aprobación en Diputados, el proyecto quedará sancionado y representará un giro drástico en la política penal juvenil del país.

La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos”, iniciativa derivada de la trama delictiva conocida como “mafia de los pagarés”, que busca evitar nuevos casos en el futuro.

El texto aprobado establece que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán superar el 50 % del ingreso mensual del servidor público, siempre que se trate de conceptos autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales legalmente reconocidos.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió el dictamen que recomendó la aprobación con modificaciones. Entre los cambios introducidos, se sustituyen los términos “empleado público” y “funcionario público” por “servidor público”, en concordancia con la ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

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Otro ajuste relevante es la designación de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada entidad estatal como responsables de recibir denuncias y velar por la aplicación de la ley. Además, se incorpora un artículo que establece el orden de aplicación de los descuentos y sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, consideradas como faltas graves.

La diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social, respaldó el dictamen y subrayó que la regulación “garantiza que los descuentos no superen el 50 % del ingreso mensual”, con mayores requisitos de autorización y transparencia. En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño señaló que la normativa introduce “herramientas claras para prevenir abusos y garantizar la transparencia”.

Por su parte, la legisladora Rocío Vallejo destacó que las modificaciones mejoran sustancialmente la media sanción del Senado, especialmente con la incorporación del artículo sobre prelación de cobros, que ordena los múltiples descuentos que afectan a los trabajadores.

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Tras su aprobación en Diputados, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su estudio. Parlamentarios coincidieron en que la iniciativa constituye un paso hacia la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos.