El diputado Hugo Rubín confirmó este jueves su precandidatura a la Cámara de Senadores por un movimiento interno del Partido Encuentro Nacional (PEN) para el periodo 2018/2023. Dijo estar confiado en que "todo el país" le va a votar.
"Estamos con mucha esperanza, sabemos que vamos a ir con mejores resultados que en el 2013. Ahora estamos lanzando solo mi candidatura pero de forma gradual iremos lanzando otras", dijo el legislador, en comunicación con la 970 AM.
Indicó que los demás precandidatos a ser lanzados en el transcurso de los días van a tener muy buena repercusión en el electorado, logrando la participación de la gente con proyectos diferentes.
El diputado sostuvo que en el 2013 en el departamento Central el PEN obtuvo más de 78 mil votos, estando a punto de meter tres diputados, pero cuando eso no contaban con los recursos necesarios, situación que buscarán mejorar en estos comicios.
"Yo considero que teniendo ahora la posibilidad de hacer una elección nacional para el Senado, porque el partido había tenido más de 200 mil votos en su momento en todo el país, significa que el PEN es un partido potencialmente muy votable", agregó.
Señaló que el Encuentro Nacional ofrece al electorado opciones diferentes al de los partidos tradicionales como la confrontación y las peleas entre paraguayos, poniendo como ejemplo las diferencias existentes en la actualidad entre los referentes del Partido Liberal y el Partido Colorado.
Las internas partidarias están fijadas para el 17 de diciembre de este año a fin de que los partidos políticos definan a sus respectivos candidatos para los comicios generales que se desarrollarán el 22 de abril del 2018.
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Presentan iniciativa para crear registro de personas con antecedentes por violencia doméstica
Un grupo de 18 diputados de diferentes partidos políticos, presentó un proyecto de ley mediante el cual se busca crear el “Observatorio y Registro General de las personas con antecedentes de violencia doméstica”. De acuerdo a lo que indicaron los legisladores, esta iniciativa nace a partir de la cantidad de casos de violencia que desembocan en muertes ocasionadas por personas con antecedentes.
Este registro también contará con los datos de las personas que tengan acuerdos aprobados de régimen de relacionamiento y convivencia con sus hijos niños y adolescentes. En el proyecto se menciona como antecedente el caso de las tres niñas que perdieron la vida, luego de haber sido llevadas por su propio padre, quien tenía antecedentes por violencia sobre quien pesaba órdenes de captura.
“El Observatorio funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. El mismo podrá celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente acciones tendientes a registrar personas con antecedentes de violencia familiar, que además hayan accedido a acuerdo de parte o dentro de un proceso, acerca del régimen de relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes”, expone el proyecto.
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Según los legisladores impulsores, la falta de un sistema centralizado de información dificulta la evaluación de la problemática y la implementación de políticas públicas efectivas. La iniciativa también busca privar de la posibilidad de que aquellos que cuenten con tales antecedentes, les sea suspendido y/o revocado todo régimen o acuerdo arribado de convivencia y/o relacionamiento con sus hijos menores o adolescentes, mientras se realicen las investigaciones judiciales.
Asimismo, de ser comprobados los hechos, les sea retirado el derecho al régimen de convivencia y relacionamiento, así como también les sea declarada la pérdida de la patria potestad. De acuerdo a lo que mencionan el proyecto, esto es impulsado ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar con consecuencias trágicas, pretende establecer un sistema de información destinado al diseño y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y la protección de los niños, niñas y adolescentes.
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Mario Abdo “fue el peor presidente de la era democrática”, arremete Núñez
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.
“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.
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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.
Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.
“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.
Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.
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Senadora de la oposición plantea revisar sistema laboral en una mesa de diálogo
El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.
La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.
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“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.
Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.
“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.
Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.
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Senado dejó sin fueros a Filizzola por el caso compra de helicópteros
El pasado 11 de noviembre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratulada: “Rafael Augusto Filizzola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.
El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millones de guaraníes cuando se desempeñaba como ministro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.
Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los colegas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.
El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la República. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregularidades.
Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucionalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucionalidad contra las actuaciones en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.
COMISARÍAS “DE ORO”
De acuerdo a las investigaciones, también se habría producido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.
El exministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
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Chicanas y helicópteros “de oro”
El parlamentario es recordado principalmente por las causas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjuicio de G. 51.200 millones al Estado.
En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que llevaron adelante las investigaciones.
Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.