Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informaron que la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos está brindando asesoramiento a la presidenta de la Convención de Líderes Étnicos, encabezada por Irma López de Wiens. Esto, con la finalidad de conformar un movimiento político, con la denominación de Movimiento Político Indígena Latina, que buscará participar en las próximas elecciones generales.

El informe oficial señala que, en ese marco, los funcionarios de la institución, Doricel Coronel, Fiorella Vittone y Limpia Rodríguez, orientaron sobre los pasos a seguir para la creación del movimiento político. Hay que destacar que todo lo referente a las tareas preparatorias y procedimientos para el posterior reconocimiento de las organizaciones políticas están contemplados en el artículo 17 de la Ley 834/96 del Código Electoral Paraguayo.

Igualmente, el artículo 125 de la Constitución Nacional explica el derecho que tiene el ciudadano de asociarse libremente a partidos y movimientos políticos. El TSJE menciona que este servicio de asesoría para los nuevos movimientos y partidos políticos se brida de manera gratuita.

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La Justicia Electoral recuerda a todas las organizaciones políticas que desean recibir asesoramiento, acercarse hasta la sede central de la institución, ubicada en avenida Eusebio Ayala n.° 2.759 casi Santa Cruz de la Sierra, Asunción.

Así también menciona que se puede concurrir a cualquiera de los Centros Cívicos y Registros Electorales distribuidos en todo el país. Otras vías para ponerse en comunicación con esta dependencia es WhatsApp en el número (0981) 059 853 o a la línea telefónica (021) 6180 573/ 6180 574 o a través de los correos electrónicos: partidostsje@gmail.com y asesoriadpymp@gmail.com.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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El lunes 31 de marzo venció el plazo que tenían las organizaciones políticas beneficiarias del aporte estatal, para presentar los informes pormenorizados conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 6501/20 “Que regula el financiamiento político”.

Desde la Justicia Electoral informaron que un total de once organizaciones políticas percibieron recursos públicos en concepto de Aporte Estatal durante el ejercicio fiscal 2024. Estas organizaciones presentaron este lunes 31 de marzo del año en curso, los informes pormenorizados con sus documentos de respaldo, referente a la utilización de este recurso público que se le transfirió.

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Señalan que esta rendición de cuenta se enmarca, principalmente en lo relacionado al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 4743/12, que obliga destinar no menos del 30% de lo percibido en concepto de aporte estatal, a la capacitación de simpatizantes y afiliados, entre otros”, detalló el director de Financiamiento Político, Christian Ruiz Díaz.

A partir de ahora, la Dirección Técnica de Financiamiento Político, se abocará inmediatamente a la verificación y análisis de estos informes y documentos respaldatorios. “Una vez finalizado el análisis, conforme a nuestro Manual de Procesos y Procedimientos, elaboraremos un informe preliminar con las observaciones que encontremos de cada organización política, y se remitirá a cada una de ellas para el descargo correspondiente”, explicó Ruiz Díaz.

Sostuvo además, que una vez recibido los descargos de las organizaciones políticas, se procederá al análisis para determinar si las observaciones comunicadas se mantienen o se levantan, aplicando los descuentos que pudieran llegar a corresponder. Todo esto, se establecerá en el informe final que elevará al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para su aprobación.

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El ministro Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), recibió en visita protocolar al titular del Congreso de la Nación, el senador Basilio Núñez y a su colega Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista. Las autoridades abordaron algunos puntos de la Ley de Financiamiento Político, atendiendo a que están analizando algunas modificaciones y buscaron una opinión de la autoridad electoral.

Al respecto, Núñez comentó que, en la Cámara Alta, están trabajando en algunas propuestas de modificación a la Ley de Financiamiento Político; es por ello que buscan detalles técnicos con la autoridad de la Justicia Electoral.

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Mencionó que existe un proyecto de Ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. “Queremos saber detalles técnicos y escuchar la opinión que nos puede facilitar el TSJE. Tenemos una media sanción de la Cámara de Diputados por la cual la Concertación no puede utilizar el padrón nacional, estamos recabando información, la próxima semana se trata en el Senado y vinimos a la institución donde uno tiene que recabar datos fiables y lo vamos a hacer por escrito la próxima semana”, puntualizó.

Por otra parte, el ministro César Emilio Rossel, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se reunió con el Contralor General de la República, Camilo Benítez, para abordar temas relacionados a la importancia de actualizar el marco normativo que regula el financiamiento político y las acciones a emprender para fortalecer los controles de la actividad financiera durante las campañas electorales.

En ese sentido, ambas autoridades coincidieron en la necesidad del trabajo conjunto y coordinado entre las instituciones vinculadas, así como la participación activa de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía, en el debate y la propuesta de planes de mejora a la legislación vigente. Desde la institución electoral, destacaron que esta reunión contó con la participación del director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz.

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