Durante la sesión de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún lanzó duras críticas contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuya administración es señalada por la Contraloría General de la República por contener varios indicios de hechos punibles. El legislador cuestionó también a quienes todavía lo defienden, pese a que él mismo reconoció haber incurrido en hechos de nepotismo.

“Algunos siguen le defendiendo diciendo que es una persecución, no entiendo en qué cabeza entra poder defender lo indefendible, en este caso, cuando es autor confeso de la corrupción, cuando existen pruebas palpables que podemos tocar, ver y sentir, no hay forma de defender si queremos ser coherentes”, expresó ante el pleno.

El parlamentario recordó que existen denuncias en la comuna esteña por desembolsos millonarios a favor de comisiones para la supuesta construcción de empedrados, asfaltos, escuelas, entre otros, y estas estaban encabezadas por allegados y funcionarios de la municipalidad. Además, se expidieron facturas que no tendrían validez legal.

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“Y esto no es según Javier Zacarías ni el Partido Colorado, sino según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), según la Contraloría y según las denuncias que se hacen de forma independiente. Pero acá un sector de la prensa y de la oposición nos quieren enseñar que tenemos que ser opositores y no hay ningún problema en ser corrupto, si total, si se nos denuncia, vamos a decir que es persecución”, afirmó.

Zacarías lamentó que exista una especie de “coraza” a quienes son de la oposición y también lamentó que algunos aleguen una supuesta persecución para evitar ser controlados por los organismos pertinentes. “Hace tres años está chicaneando su juicio, hoy vi que le recusó de vuelta a los fiscales y nuevamente no se va a poder hacer la audiencia, de vuelta chicaneando su juicio porque tiene miedo y trata de esconder la corrupción”, aseveró.

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El Paseo de la Playa Municipal de Villeta se encuentra bajo agua por la crecida del río Paraguay y, de acuerdo a las denuncias sobre presuntas irregularidades, esto se dio por una mala ejecución de la obra que estuvo a cargo de la administración del intendente Teodosio Gómez (PLRA).

Con una inversión de alrededor de G. 2.400 millones, esta obra debía habilitarse a fin de mes, pero imágenes compartidas por pobladores muestran que sería imposible.

De acuerdo a publicaciones de un medio digital, para llevar adelante esta obra se habrían reducido costos en la construcción, lo que terminó afectando a la estructura. Los cuestionamientos se enfocan en un supuesto incumplimiento de las bases y condiciones en la licitación pública realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

A inicios del mes de mayo se realizó una verificación de las obras, que constató algunas diferencias, por ejemplo, del espesor de las pasarelas peatonales de la playa. En el pliego se establece un espesor de 10 centímetros, mientras que al realizar la medición se encontró que solo contaba con 6 centímetros. Esto de acuerdo a la denuncia expuesta en la página Camus Click en redes.

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Otro problema que se había constatado en ese momento fue el sistema de drenaje. Estas observaciones fueron realizadas por el asesor de la Junta Municipal de Villeta, Erico Meaurio Alfonso, cuyas declaraciones fueron registradas en videos y compartidas en la red social X.

“Nos habían dicho que se iban a hacer badenes de hormigón para el paso de agua, porque consultamos si había un estudio previo hidrológico del agua que va atravesar lo que sería la peatonal y tampoco obtuvimos ese dato. Hoy nos encontramos que son caños de 100 o 150 en varios tramos”, refirió el asesor.

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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentó seis nuevas denuncias que salpican a concejales de la línea política del intendente de la capital de Alto Paraná, Miguel Prieto, quien ya acumula 49 denuncias durante su gestión. Las más recientes se dan en el marco del incumplimiento de la Ley n.º 2302 y nepotismo.

Durante la mañana de este domingo, el intendente esteño lideró una movilización con casi nula convocatoria en Ciudad del Este, a fin de protestar contra el informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), que revela graves irregularidades en la gestión presupuestaria y administración de bienes en la comuna a su cargo.

La CGR pidió la intervención de las gestiones de Prieto y Óscar “Nenecho” Rodríguez por el mal manejo del dinero público. Sin embargo, el sector opositor rechaza este pedido, al igual que Prieto, alegando que se trata de una persecución política con ánimos de “bajar” al intendente de CDE de la precandidatura a presidente de la República en 2028.

El contralor Camilo Benítez calificó de “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes municipales”. Según el documento de la Contraloría, desde el 2020 hasta la fecha, se hallaron desviaciones e irregularidades en las transferencias a organizaciones sin fines de lucro.

También, diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o porque fueron ejecutadas en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royalties y compensaciones.

Otro de los puntos mencionados en el informe muestra que entre el 2023 y 2024, Prieto transfirió un total de G. 2.000.000.000 a una sola subcomisión distrital de la ciudad, sin tener evidencia de los resultados de los trabajos efectivamente realizados por esta organización no gubernamental (ONG), en el marco del apoyo a la actividad Navidad Sustentable.

Los datos evidencian que los estados financieros del municipio presentan graves inconsistencias, incluyendo saldos contables irregulares, clasificaciones erróneas en cuentas del patrimonio neto y variaciones injustificadas.

En apoyo a Miguel Prieto, un grupo minoritario de personas, entre ellas autoridades, se pronunciaron en contra del pedido de intervención, frente a la Contraloría General de la República, afirmando que éste es víctima de una persecución política, sin embargo, las pruebas presentadas sustentas las denuncias presentadas por el ente contralor.

La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró con esperanza el pedido de intervención de la Municipalidad esteña presentado por la Contraloría General de la República, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión del intendente Miguel Prieto.

“Se despierta una esperanza porque nosotros llevamos prácticamente diez denuncias realizadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos”, manifestó Montiel, al señalar que una de esas causas ya derivó en la imputación del jefe comunal por el caso conocido como “Tajy”. Las demás denuncias, aunque en proceso de investigación, todavía no tuvieron resolución judicial.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Montiel explicó que el pedido de intervención guarda relación con una transferencia de casi G. 2.000 millones destinada al proyecto “Navidad Sustentable”, manejada por una subcomisión.

“Nosotros ya habíamos denunciado penalmente esa misma transferencia el año antepasado. Es el tercer año que se realiza este desembolso, pero al parecer esta vez la Contraloría analizó los documentos del último periodo y constató las irregularidades”, afirmó.

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La representante ciudadana también alertó sobre otros casos, como la transferencia anual de G. 3.000 millones a otra subcomisión encargada de organizar las festividades del 3 de febrero, aniversario de la ciudad, en las que se “hacen súper fiestas con dinero público”, aseguró.

Entre las denuncias más graves, Montiel destacó las irregularidades en la ejecución de obras financiadas por el Fonacide, señalando adjudicaciones a empresas sin experiencia en construcción, incluso mencionando una firma que opera como discoteca, pero que ha sido contratada para construir escuelas. “Muchas de estas obras presentan daños estructurales con apenas un año de uso”, advirtió.

La coordinadora ciudadana expresó su preocupación por el temor de algunos directores escolares a denunciar públicamente por miedo a represalias, pero reiteró que las denuncias realizadas por la organización que integra, son objetivas. “Todas aquellas denuncias que hicimos en contra de Miguel Prieto no eran una persecución como el intendente argumenta”, aclaró.

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