Por decreto número 1251 el presidente de la República, Mario Abdo Benítez nombró al arquitecto Jorge Luis Bosch López como viceministro de Urbanismo y Hábitat del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). En tanto que como viceministro de Vivienda e Infraestructura del MUVH fue designado Julio Fernando Samaniego González, por decreto número 1252.
Bosch egresó de la UNA en 1975. Es uno de los pocos arquitectos paraguayos que cuenta con licencia para ejercer en los EE. UU. Tanto es así que en el 2000 fue convocado por un cliente neoyorquino para realizar importantes proyectos en el país del Norte.
Ambos viceministros acompañarán en su gestión a Dany Durán, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
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El Ejecutivo decreta ley para prevenir y sancionar actos de racismo
El presidente de la República firmó el decreto que reglamenta la ley N.° 6940/2022, la cual establece los mecanismos claros para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación contra las personas afrodescendientes. El mandatario manifestó que la igualdad entre todos los ciudadanos es una garantía establecida en Constitución Nacional.
“Todos los habitantes de la República de Paraguay son iguales en dignidad y derecho y donde no se admiten discriminaciones, entonces nos encontramos que la igualdad es una virtud soberana de nuestro derecho constitucional que gracias a esta lucha que han hecho los afroparaguayos y afrodescendientes hoy tienen un conocimiento tanto de una ley como de una reglamentación con este plan”, expresó el jefe de Estado.
Asimismo, añadió que con esta ley lo que se busca es garantizar la participación plena de las personas afrodescendientes en las distintas instituciones públicas relacionadas con su derecho e incorporar el legado de las personas afrodescendientes en la historia de nuestro país. “Nuestro Gobierno está firmemente comprometido con hacer realidad la garantía constitucional de la igualdad y con luchar decididamente contra la discriminación racial en todas las formas que se presenten”, sostuvo.
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La ley N.° 6940/22 fue promulgada en el 2022, tiene como objetivo prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación y se enfoca especialmente en proteger los derechos de las personas afrodescendientes. A través de la misma, se crea el Plan Nacional de Personas Afrodescendientes, que estará administrado por el Instituto Nacional de Estadística.
Además de esto, está prevista la incorporación de la historia afrodescendiente en los programas educativos del país, la implementación de sanciones contra actos discriminatorios, promoviendo un entorno de igualdad y respeto. La reglamentación de esta ley fue posible gracias a la articulación entre diversas instituciones y fue coordinada por la Secretaría Nacional de Cultura.
“Hoy dimos un paso importante hacia un Paraguay donde se respeten los derechos de todas las personas sin discriminaciones, firmando el decreto que reglamenta la ley. Esta normativa establece mecanismos claros para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación contra las personas afrodescendientes. Un país unido y libre de discriminación es un país más fuerte”, expresó el jefe de Estado a través de X.
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Agente penitenciario: diputados tratarán veto y comisiones aconsejan su aprobación
El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del agente penitenciario será analizado por la Cámara de Diputados el martes 26 de noviembre. El documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.
Varias son las comisiones de la Cámara Baja que aconsejan a la plenaria aceptar el rechazo, entre ellas se encuentran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. La iniciativa sancionada en agosto pasado tiene como finalidad la profesionalización del agente penitenciario, a la par de establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes dentro de las penitenciarías.
Entre estas atribuciones se habla del retiro, la formación profesional, los sueldos y los beneficios laborales, entre otras consideraciones. No obstante desde el Ejecutivo dicen que la iniciativa aunque bien intencionada, no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
En el rechazo total se menciona el parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, explicando que dicha cartera estatal desaconsejó su promulgación debido a la necesidad de racionalización de los gastos del Estado paraguayo.
“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma”, sostiene.
Agrega además que el proyecto no fue canalizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que “no se cuenta con los informes técnicos de las dependencias competentes respecto a la razonabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los ingresos y de los gastos que justifiquen la asignación de nuevos recursos con la fuente de financiamiento 10 (recursos del Tesoro)”.
Indica a la vez que “diversas provisiones normativas contenidas en el proyecto de ley supondrán un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos con la competencia normativa y de instancia técnica”.
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Ejecutivo dará participación a todos los sectores para reglamentar ley de transparencia
El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.
En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.
Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.
“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.
Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.
Cubrir una zona gris
Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.
“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.
El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.
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Putin firmó hoy decreto de uso de armas nucleares ante ataque con misiles de largo alcance
El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este martes, en el milésimo día de su ofensiva contra Ucrania, el decreto que amplía las posibilidades de utilizar armas nucleares, después de que Washington autorizara a Kiev a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.
“Entre las condiciones que justifican el uso de armas nucleares figura el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia”, afirma el decreto.
“Era necesario adaptar nuestros fundamentos a la situación actual”, declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, aludiendo a lo que Putin considera “amenazas” de Occidente a la seguridad de su país.
El presidente ruso advirtió en septiembre que su país podría utilizar ahora armas nucleares en caso de “masivos” bombardeos aéreos contra Rusia.
También que cualquier ataque de un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos, podría considerarse una agresión “conjunta” susceptible de requerir tal medida.
Ucrania disparó los misiles
Ucrania afirmó este martes que disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra territorio ruso, inaugurando una “nueva fase de la guerra”, según Moscú, que volvió a blandir la amenaza nuclear.
Un alto funcionario confirmó a AFP en Kiev que el ejército ucraniano había bombardeado la región fronteriza rusa de Briansk con misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS, después de que Rusia denunciara ese ataque.
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que ese ataque abre una “nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia” y prometió una respuesta acorde, en declaraciones a la prensa en Rio de Janeiro, donde participó en la cumbre del G20.
El gobierno del presidente Joe Biden autorizó la semana pasa da a Ucrania a golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance, en un giro estratégico a pocas semanas de la investidura de Donald Trump.
El presidente ruso, Vladimir Putin, no se refirió directamente a esa nueva situación, pero este martes firmó un decreto que amplía las posibilidades en las cuales su país podría recurrir al uso de armas nucleares.
Esas posibilidades incluyen la de usar armas nucleares contra un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos.
Fuente: AFP