Las expectativas por llegar a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del abogado José Ignacio González Macchi son altas para esta segunda postulación, dijo en una entrevista en los estudios del Canal GEN. Apuntó a tres primeras acciones en el caso de reemplazar a la ministra Miriam Peña que dejará el puesto vacante, y resaltó la importancia de dar sanciones fuertes y mejorar temas carcelarios.
Primeramente, mencionó la importancia de encontrar un punto de consenso con sus pares, “no voy a entrar a pelearme o chocar. Luego estará enfocado en un nuevo plan porque este año culmina el quinquenio Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial en el cual la CSJ tiene el eslabón específico.
Entonces dice que se tendrá que “evaluar y plantear un nuevo plan que seria hasta el 2025, dar la valoración y validación al plan que termina mientras se elabora y prepara el nuevo plan”.
Como segundo punto, están las cuestiones legislativas estratégicas que la Corte necesita, específicamente con la sanciones a los abogados que incurren en faltas. “La legislación está basada en sanciones administrativas que ya no rigen, para el abogado que no se comporte conforme a las reglas, una sanción de un mes no es nada”, explicó.
Por eso considera que las sanciones deben de ser fuertes para marcar una postura ante la ciudadanía que exige a la justicia acciones duras.
Por otra parte también considera que debe de fortalecerse el Poder Judicial en cuanto a la competencia penal, “son cuestiones sensibles para la sociedad, y la Corte, en cuanto a lo penal, los temas carcelarios, las chicas, recusaciones, son cuestiones relativas a la demora y a la dilación para encontrar justicia”
No descarta realizar una cumbre interinstitucional para conversar entre todas las partes y sacar respuestas positivas.
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Donación de equipos judiciales impulsa la formación técnica de estudiantes en San Pedro
Equipos y bienes que dejaron de ser utilizados por el sistema judicial tendrán una segunda vida en las aulas de San Pedro. La Corte Suprema de Justicia autorizó la entrega de estos recursos a dos instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la capacitación práctica de jóvenes que se preparan para incorporarse al mundo laboral.
La donación benefició a la Escuela Taller de San Pedro de Ycuamandyyú y al Centro de Recursos para la Educación Permanente (CREP) N.º 2 de la misma ciudad. Los bienes serán incorporados a las actividades de enseñanza técnica, permitiendo a los estudiantes contar con herramientas para desarrollar sus prácticas y adquirir experiencia mediante el aprendizaje aplicado.
La entrega fue realizada por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de San Pedro, en el marco de una resolución aprobada por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el traspaso de bienes dados de baja del patrimonio institucional pero que aún conservan condiciones para seguir siendo utilizados.
Durante el acto, autoridades judiciales destacaron que este tipo de iniciativas no solo optimiza el uso de los recursos del Estado, sino que también contribuye al reciclaje y a la sostenibilidad, al evitar que equipos aún funcionales sean desechados. Además, señalaron que la medida representa un aporte concreto para mejorar las oportunidades de formación de los estudiantes.
Las directoras de ambas instituciones educativas valoraron el impacto de la donación y coincidieron en que los materiales fortalecerán las actividades prácticas desarrolladas bajo la metodología de “aprender haciendo”, que busca que los alumnos incorporen conocimientos y destrezas a partir de la experiencia directa.
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La transferencia de los bienes se concretó luego de cumplir con el procedimiento de baja patrimonial, respaldado por los inventarios y las autorizaciones administrativas correspondientes, incluyendo la aprobación de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, garantizando así la transparencia y la correcta disposición de los recursos públicos.
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Proyecto que busca consolidar al RUN como registro inmobiliario más ágil y seguro, pasa a la CSJ
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.
El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.
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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.
Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.
Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.
Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.
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La Justicia refuerza ofensiva contra el tráfico de fauna en las zonas de frontera
El combate al tráfico ilegal de fauna silvestre suma nuevos esfuerzos en las zonas de frontera, donde el comercio clandestino de animales continúa representando una de las principales amenazas para la biodiversidad. En ese contexto, operadores del sistema de justicia, autoridades ambientales y especialistas participaron este martes en Ciudad del Este de una jornada de capacitación orientada a fortalecer la respuesta frente a este delito ambiental.
El encuentro puso el foco en mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el tráfico de especies, además de actualizar criterios sobre los procedimientos de control, los protocolos de actuación y las herramientas legales disponibles para enfrentar este tipo de organizaciones.
Conexiones ilícitas
Durante la actividad también se analizaron aspectos vinculados al procesamiento penal de los responsables, el intercambio de información entre organismos y las buenas prácticas aplicadas en la persecución de estos delitos, que en muchos casos mantienen conexiones con redes de crimen organizado y otras actividades ilícitas.
Uno de los puntos destacados fue la presentación de experiencias desarrolladas en Brasil para enfrentar el tráfico internacional de fauna, incluyendo estrategias de investigación sobre estructuras criminales, lavado de activos y mecanismos de cooperación transfronteriza, tomando en cuenta que el comercio ilegal de animales suele operar a través de corredores compartidos por varios países de la región.
La capacitación se realizó en Ciudad del Este como parte de las acciones contempladas en el Plan de Acción 2023-2033 de la Estrategia Nacional para el Combate al Tráfico Ilegal de la Fauna Silvestre. El programa prevé la formación continua de jueces, funcionarios judiciales, policías, militares y técnicos de distintas instituciones para fortalecer la aplicación de la legislación ambiental y mejorar la capacidad de respuesta frente a un delito que amenaza la conservación de numerosas especies.
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Peña y la Corte aceleran la implementación del Registro Unificado Nacional
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió en Mburuvicha Róga al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, con quien mantuvo una reunión de trabajo para avanzar en la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), una herramienta clave para la modernización del sistema registral y catastral del Paraguay.
Durante el encuentro, las autoridades analizaron la planificación de la infraestructura tecnológica necesaria para la puesta en funcionamiento del RUN, así como los requerimientos que permitirán consolidar este proceso de transformación institucional, orientado a brindar mayor eficiencia, integración y seguridad jurídica a los registros públicos.
El jefe de Estado reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las instituciones mediante la incorporación de herramientas que contribuyan a optimizar la gestión pública y ofrecer mayores garantías a la ciudadanía.
“Seguimos fortaleciendo la seguridad jurídica a través del Registro Unificado Nacional (RUN). En una reunión de trabajo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN) Lourdes González y equipo, avanzamos en la planificación de la infraestructura tecnológica que permitirá profundizar este gran cambio en nuestro sistema jurídico. La modernización e integración de nuestro sistema registral-catastral avanza decididamente”, expresó a través de sus redes sociales.
Acompañaron además, la directora general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Rosaliz Chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez, quienes expusieron los avances técnicos y las acciones previstas para la implementación del proyecto.
Con el Registro Unificado Nacional, el Paraguay continúa avanzando hacia un sistema registral y catastral moderno, integrado y confiable, fortaleciendo la seguridad jurídica y generando mejores condiciones para el desarrollo del país.