El Consejo de la Magistratura deberá remitir a la Corte Suprema de Justicia la conformación de varias ternas para los cargos del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital, así como para el Tribunal de Apelación en lo Penal de Asunción, Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de Central y Tribunal Electoral de la capital.

Una vez que la máxima instancia judicial reciba las ternas para los cargos mencionados más arriba, tendrá 30 días para designar durante la sesión plenaria de la Corte a los nuevos camaristas para los diferentes fueros.

El Consejo conformó la terna para el cargo de Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de la capital, cuyos ternados son el cuestionado juez en lo civil y comercial Edgar Agustín Rivas Laguardia, quien en su momento ordenó de forma llamativa el remate de la estancia Cielo Azul del supuesto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en perjuicio de la Senabico; Arnaldo Martínez Rozzano, y la jueza del mismo fuero, Mafalda María Cameron Luque.

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Igualmente se integró la terna para el cargo vacante del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quinta sala de Asunción: José Miguel Villalba Báez, Alejandra Magalí Zavala Ríos, y Emilce Rocío González Morel. Para el cargo vacante de miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de Asunción, se integró con Antonia López de Gómez, Stella Maris Arminda Zárate González, y Carlos Alfredo Escobar Espínola.

Para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia quedó conformado con los postulantes Ingrid Susana Yambay Jacquet, Pili Rodríguez Ortellado y Lucila María Luisa Bajac Cazal.

Para el cargo de miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de la Capital, primera sala, el Consejo conformó la siguiente terna: Modesto Núñez, Rosa Fabiana Marín Ferreira y Nuria Reninseb Isnardi Martínez.

Asimismo, para miembro del Tribunal de Apelación primera sala, de la capital, la terna está integrada por: Gustavo Abraham Auadre Canela; el defensor adjunto Paublino Escobar Garay, y la jueza Elsa Elizabeth Idoyaga Benítez. Igualmente, la terna para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación Penal primera sala, cargo vacante los ternados son; Sandra Patricia Silveira Benítez, Mario Camilo Torres Leguizamón, y Gloria Amanda Hermosa Fleitas.

Los ternados para el cargo de Cámara de Apelación en lo Penal cuarta sala son el juez de Sentencia, Manuel Aguirre Rodas, Adriana María Giagni Rojas, y la jueza Penal de Garantía, Alicia Verónica María Pedrozo Berni.

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Durante la sesión ordinaria, los integrantes del Consejo de la Magistratura conformaron 11 ternas de postulantes para varios cargos vacantes en el sistema de Justicia de nuestro país. Tras el estudio de los perfiles de los postulantes, fueron conformadas ternas correspondientes a edictos del año 2023, abarcando seis cargos para jueces de Primera Instancia y del Fuero Penal, cuyo nombramiento responde a vacancias por fenecimiento de mandato.

Igualmente se integró la terna para el cargo de defensor público, así como tres cargos para integrantes del tribunal del Fuero Electoral y un cargo para Juez de Primera Instancia en los Fueros Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia.

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De la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura participaron el presidente, Gerardo Bobadilla; el vicepresidente, Gustavo Miranda Villamayor, y los miembros Alicia Pucheta, el Senador Edgar López, el Diputado Edgar Olmedo, Enrique Berni y César Ruffinelli.

El proceso de integración de ternas se llevó a cabo conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente, priorizando la formación académica, trayectoria profesional, experiencia en la función judicial y desempeño ético de los postulantes.

Una de las ternas conformadas es para el cargo de Juez Penal de Garantía de Amambay y los ternados son Juan Martín Areco Torraca, Rodrigo Ramírez Peña, Nathalie Vanessa Gabriaguez Cañiza. Para tribunal de apelación Electoral de Misiones la terna integran Rafalea Marissol Fernández Sanabria, Perla Josefina Giménez de Ramos, y Diana Fabiola Pujol.

Igualmente se conformó la terna para el cargo de defensor público de Cordillera, cuyos ternados son José Adolfo Torres Meza, Lucas Pascual Chávez Cáceres y Karin Marlene Leite Zaracho.

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Uno de los puntos más llamativos de la realidad paraguaya es la altísima cantidad de trabajadores que están en la informalidad. Es decir, personas para las que no rigen las normas establecidas en las leyes y que, por consiguiente, están en total precariedad legal, sin protección de ninguna laya.

Esto hace que la mayoría de la gente que trabaja en el Paraguay no tenga seguro social, estabilidad laboral ni respaldo jurídico. Sin ley vigente en el trabajo, la realidad depende de factores que pueden perjudicar al trabajador y comprometen su seguridad y su vida.

Por su importancia en la existencia de las personas, la formalización económica es uno de los desafíos más importantes que está enfrentando el Gobierno. Ya que es totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista el atropello al derecho de las personas y los abusos a que pueden dar lugar.

De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67 % de las personas ocupadas en el Paraguay está en la informalidad, es decir, está fuera de las normas que protegen al trabajador. Datos oficiales del Gobierno hablan de que la informalidad es del 63 %, una cifra levemente inferior a la de la OIT, pero igualmente un porcentaje muy elevado y que habla con elocuencia de la mala situación de las mujeres y hombres de nuestro país que trabajan.

Porque significa que tres de cada cuatro personas que laboran no tienen seguro social ni protección legal de ninguna laya, por lo que de hecho están a merced del capricho, la opinión y el manejo de sus patrones al margen de cualquier disposición jurídica.

Según el mencionado organismo internacional, Paraguay está en el tercer lugar entre las naciones con mayor tasa de empleo informal en esta región latinoamericana, y está superado por Perú y Ecuador que tienen números más altos. La mayor tasa de informalidad en nuestro país se encuentra en el comercio, la agricultura y los servicios.

Desde el Ministerio de Trabajo revelaron que a inicios del 2024 había 704.000 trabajadores formales del sector privado inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), cifra que aumentó al cerrar el año a 757.852 personas, un alza de 53.852 nuevos empleados legales. El aumento registrado es superior al que a principios de año se había puesto como meta el gobierno, un 4,5 %, ya que llegó al 6 %.

La otra cara de la moneda es que también creció el número de individuos en situación informal, ya que se registró un aumento de 87.408 personas entre julio y setiembre de 2024, con un incremento del 27,7 % en el sector de la enseñanza del 8,7 % en el área comercial.

El elevado número de trabajadores informales es un fiel reflejo del alto porcentaje de empresas irregulares que existe en el país, lo que se manifiesta también en la fuerte evasión fiscal, otro capítulo de la lucha que están teniendo los organismos estatales para lograr una mayor formalización en todos los campos.

En los casi dos años de trabajo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se han obtenido fuertes alzas en las recaudaciones impositivas, en gran medida por el incremento de las empresas formalizadas.

En 2024, el aumento de las recaudaciones tributarias alcanzó el 20,6 % frente al año anterior, un crecimiento récord, que refleja, entre otras cosas, la alta formalización de empresas alcanzada. Teniendo en cuenta la importancia de que las entidades comerciales e industriales vayan ingresando a la formalidad con el cumplimiento de las leyes, se aguarda que este año se incremente fuertemente el número de trabajadores que salen del mundo de la economía negra y la informalidad.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, refirió que desde el Gobierno se está trabajando un mercado laboral diversificado y sostenible para promover la inserción de los trabajadores en los empleos formales. “Para lograrlo, hemos implementado medidas clave como la simplificación de trámites, la reducción de costos, la modernización administrativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en inspección y fiscalización”, manifestó la secretaria de Estado para explicar la tarea que realiza para que haya más trabajadores en la legalidad.

La formalidad laboral es una tarea que involucra muy fuertemente al sector patronal, por lo que las empresas tendrían que incrementar su esfuerzo en ese sentido.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, refirió que para el gobierno de Santiago Peña es una prioridad la activación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Actualmente, solo falta la designación de los representantes de trabajadores y jubilados para la conformación del Consejo de Seguridad Social y, una vez que se conforme, se debe designar al superintendente.

“Esto es algo que urge al Gobierno, es algo muy importante, porque tenemos situaciones de cajas como la municipal, también otras cajas, los estudios actuariales que van a ser ahora publicados por el IPS (Instituto de Previsión Social) también, entonces en la brevedad estará conformada”, expresó Recalde, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que solo falta el decreto de la conformación por parte de los miembros de los jubilados y los trabajadores. “Nosotros como Ministerio de Trabajo ya remitimos la terna, la nómina de los jubilados donde tuvimos 29 candidatos y también por parte de los trabajadores que ya fue consensuado. Esto está en un proceso de construcción de toda la reglamentación que tiene el Ministerio de Economía”, refirió.

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El Consejo está conformado por un representante del Banco Central del Paraguay (BCP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Trabajo, un representante de empleadores, un representante de trabajadores y un representante de jubilados.

Así también, señaló que falta la reglamentación para la institucionalidad. “El superintendente es una persona de afuera, que debe reunir los requisitos que establece la ley, como experiencia en el manejo de pensiones, con título de abogado, economista, contador a fines, con experiencia en el manejo de riesgos del sistema de seguros y sistema de pensiones. Tenemos que seleccionar a partir de la conformación del consejo quien va ser superintendente nombrado por el Ejecutivo”, detalló.

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