La comisión de Legislación y Codificación emitió hoy dos dictámenes sobre el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
El proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores prohíbe que los funcionarios públicos realicen más de dos viajes al exterior en el año. Sin embargo, uno de los dictámenes exonera a varias instituciones públicas de esta prohibición.
“Exoneramos de esta prohibición al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Hacienda y a la Administración Nacional de Electricidad (Ande); entendemos que estas instituciones necesitan, por las funciones que desempeñan, enviar a sus funcionarios más asiduamente al exterior”, mencionó el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, presidente de la comisión asesora.
El diputado aclaró que se emitieron dos dictámenes al respecto: en mayoría, por la aprobación con modificaciones y, en minoría, por el rechazo.
Según el legislador, las modificaciones hacen referencia al acápite en donde se cambia “prohibir” por “racionalizar” y se exceptúan a algunas instituciones de la prohibición de pagar por publicidad y de topear la compra de pasajes aéreos.
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Diputado afirma que “el tejido social se perdió” y aumentar penas para menores no es una solución
El diputado Hugo Meza, señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delictivos cometidos por menores de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas privativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.
“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcances del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Nosotros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descompuesto”, manifestó en conversación con la 1020 AM.
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Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está trasladando hacia las autoridades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.
Mientras tanto, indicó que hay que mirar y buscar otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté involucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario también debe ser mejorado, y no puede ser considerado como una de las únicas opciones.
“Tenemos un sistema carcelario que no significa absolutamente una reinserción social. Nosotros necesitamos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y tener devuelta esa contención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.
Finalmente, sostuvo que, “hay que estudiar mucho más profundo, nosotros lo que tenemos es un concurso de quien presenta más penas, y rayando el populismo, porque no aborda absolutamente en lo general, nosotros necesitamos algo integral de protección social para que estas penas, para que estos delitos, no vuelvan a ocurrir en nuestro país”.
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Alemania: un dólar al mes cuesta una vivienda social del siglo XVI
- Augsburgo, Alemania. AFP.
Angelika Stibi sintió un enorme alivio al recibir las llaves de su nuevo hogar. A partir de ahora, esta jubilada alemana pagará mensualmente solo 88 céntimos de euro (aproximadamente un dólar) para vivir en el complejo de residencias sociales más antiguo del mundo. Nuevo techo, nueva vida y nueva comunidad. La sexagenaria forma parte desde hace pocos meses de los 150 habitantes de la “Fuggerei”, una residencia en Augsburgo, donde el precio del alquiler no ha subido desde hace medio milenio.
Creadas en 1521 por el banquero Jacob Fugger en esta ciudad de Baviera, en el sur de Alemania, las viviendas sociales más antiguas del mundo, como se vanaglorian sus administradores, permanecen en servicio y gozan de gran demanda. “Tuve una vida realmente formidable hasta los 55 años”, explica Angelika, con dos hijos ya adultos. Pero entonces le diagnosticaron cáncer y “todo fue de mal en peor”, cuenta esta mujer nativa de Augsburgo.
Cuando se quedó sin recursos, presentó su candidatura para alojarse en este complejo compuesto de pequeñas casas adosadas. Pero hay que armarse de paciencia para unirse a la Fuggerei. “Tarda generalmente entre dos y seis o siete años. Todo depende del apartamento que uno quiera. Estos en la planta baja están muy solicitados”, explica la trabajadora social Doris Herzog.
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Ella recibe los expedientes de los candidatos y gestiona las entrevistas con unos criterios muy precisos: “Hay que ser ciudadano de Augsburgo, ser católico e indigente”. En el apartamento de Martha Jesse, residente allí desde hace 17 años, abundan los símbolos religiosos. Pero fueron motivos financieros los que la condujeron a este complejo situado cerca del centro histórico de la ciudad de 300.000 habitantes.
“Percibía una pequeña pensión a pesar de 45 años de trabajo. Vivir afuera hubiera sido casi imposible, porque solo tendría 400 euros (458 dólares) a mi disposición”, explica la mujer de 77 años. Con sus hileras de casa de fachada ocre y contraventanas verdes, pulidos jardines, escudos y fuentes, el conjunto reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial parece un pueblo de muñecas.
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Oración cotidiana
Para Andreas Tervooren, residente desde 2017, “la Fuggerei es como una ciudad dentro de la ciudad”. Este vigilante nocturno compara la urbanización con “el pueblo de Astérix”. Igual que el poblado galo de los cómics resiste a los invasores romanos, el recinto resiste al incremento de los precios del alquiler que lastra muchos hogares de Alemania.
Augsburgo, de 300.000 habitantes, se sitúa a menos de una hora de Múnich, la ciudad con el metro cuadrado más cara de Alemania y también una de las más caras de Europa. En el inicio de este proyecto, el comerciante Jacob Fugger (1459-1525) era uno de los hombres más ricos del continente y se había convertido en el “banquero de los emperadores” europeos.
Benefactor en su Augsburgo natal, creó varias fundaciones dedicadas a la vivienda o la salud para los más necesitados. El alquiler anual en la Fuggerei era de un florín renano, que en la época equivalía al salario semanal de un artesano. Un monto “que simplemente convertimos en 88 céntimos actuales” al mes, explica Daniel Hobohm, administrador de la fundación que gestiona este complejo.
Los descendientes de la dinastía Fugger participan en la orientación general de la fundación, pero no vierten dinero en ella. “Nos financiamos principalmente gracias a los ingresos del bosque y de la silvicultura y tenemos también una pequeña actividad turística” porque el recinto cuenta con bastantes visitantes, explica Hobohm. A ello hay que añadir los ingresos de alquiler generados por otras propiedades. Para respetar los deseos de sus fundadores, el alquiler no puede aumentar. Pero a cambio, también para mantener una tradición de 500 años, los habitantes deben recitar cada día una oración por los donantes y su familia.
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Elevar penas a jóvenes infractores: “No debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.
“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.
“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.
Expectativa punitiva
Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.
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Diputados monitorea y acompaña gestión de la Cancillería en zona de conflicto
El diputado Juan Manuel Añazco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que el Gobierno, a través de la Cancillería, está realizando un trabajo de seguimiento de la situación de los compatriotas que se encuentran en Israel y expresó su preocupación hacia la situación actual y de los paraguayos que se encuentran en zona de conflicto.
“Quiero manifestar mi profunda preocupación, así como todos los integrantes de la comisión y de los colegas sobre la situación que atraviesan nuestros compatriotas en el Estado de Israel como consecuencia del grave conflicto armado en esa región”, expresó durante la sesión de la Cámara de Diputados este martes. Asimismo, indicó que desde la comisión asesora se encuentran monitoreando todas las acciones que está realizando la Cancillería nacional.
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“Desde esta comisión mantenemos comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de acompañar y respaldar todas las gestiones de la Cancillería en coordinación con nuestro embajador en Israel. Estas acciones se están llevando adelante para asistir a los connacionales afectados por esta crisis, se han activado los canales diplomáticos pertinentes y se está trabajando intensamente para garantizar la seguridad, la contención y los casos necesarios en cuanto al retorno al país de los compatriotas que así lo requieran”, añadió.
Igualmente, destacó las acciones y la gestión de la embajada paraguaya en Israel, representada por el embajador Alejandro Rubin, en cuanto a la asistencia y contención a los connacionales en situación de peligro. De acuerdo a la representación diplomática, alrededor de 220 paraguayos se encuentran en tierras israelíes.
“Quiero destacar también el compromiso de nuestra representación diplomática y reiterar el acompañamiento de esta cámara a las acciones institucionales que tienen como objetivo principal proteger la vida y la integridad de los paraguayos en el exterior. Paraguay no abandona a los suyos, y con esto es una oportunidad de demostrar que el Estado está presente, incluso en los contextos más adversos”, sentenció.