El Gobierno de Paraguay entregó el Premio Nacional de Ciencias 2024 en reconocimiento al trabajo investigativo denominado “Filogeografía y transmisión de Mycobacterium tuberculosis abarcando prisiones y comunidades vecinas en Paraguay”, realizado por un grupo de científicos paraguayos que tuvieron acompañamiento y tutoría de investigadores de Brasil y España.

El equipo investigador está encabezado por la doctora Gladys Estigarribia Sanabria y el doctor Guillermo Sequera, quien en su discurso del miércoles pasado afirmó que el Premio Nacional de Ciencias es un poderoso recordatorio de que con visión, rigor científico, compromiso y trabajo en equipo se pueden transformar realidades.

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También se procedió a la entrega de menciones honoríficas a destacados investigadores de diversas áreas, reconociendo su invaluable aporte al conocimiento y al progreso del país.

“Somos un equipo que aún se considera junior en las ciencias nacionales, pero este premio nos da un espaldarazo de confianza y nos anima a seguir trabajando por un Paraguay mejor”, expresó la Dra. Estigarribia.

La investigadora alentó a sus pares a seguir trabajando con la firme convicción de que cada paso que damos en el camino de la ciencia nos acerca a un Paraguay más justo, más saludable y libre de epidemias como la tuberculosis.

El trabajo “Filogeografía y transmisión de Mycobacterium tuberculosis en prisiones y comunidades aledañas en Paraguay” es el resultado de una línea de investigación de casi 10 años que aborda un gran problema de salud pública, la tuberculosis en las penitenciarías.

“Este trabajo se encargó de demostrar cómo este problema de salud cada vez afecta más a las personas privadas de libertad. Paraguay hoy tiene la tasa de incidencia más alta en las Américas en sus prisiones y este problema se derrama de la prisión a la sociedad”, indicó Estigarribia.

Señaló que de 4.000 casos al año de tuberculosis que se registran en Paraguay, el 25 % de ellos se da en las prisiones y que otro 25 % ocurre en la comunidad, pero por culpa de las prisiones. “El problema de la salud penitenciaria no es solo un problema de los privados de libertad, es un problema de la comunidad”, aseguró.

Destacó que esta evidencia fue aceptada para ser publicada en una de las revistas más prestigiosas del mundo en el área de salud, la Nature y posteriormente en The Lancet.

“En estas publicaciones estamos como primeros autores investigadores paraguayos, del interior del país, aportando conocimiento y lo más importante con financiamiento del Conacyt”, explicó Estigarribia.

Agregó que esto no iba a ser posible si no estaba el Conacyt, que ha podido poco a poco arropar a los investigadores, apoyar y facilitar a los que desean ser investigadores. “La inversión en investigación construye ciudadanía”, concluyó.

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Una comitiva fiscal, policial y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad encabezados por el agente del Ministerio Público, Enrique Fornerón, realizaron un allanamiento a una vivienda en la ciudad de Natalio- Santo Domingo, zona rural ubicada a unos 120 kilómetros de Encarnación, donde presuntamente funcionaba una granja de criptomonedas.

Igualmente, participaron del procedimiento funcionarios de la ANDE, a cargo del jefe, el ingeniero Miguel Lugo, acompañado de la asesora jurídica Celia Espinoza, quienes realizaron la medición del consumo de energía eléctrica, determinando que se encuentra dentro de los parámetros del contrato de la ANDE.

Así también, los funcionarios de dicha institución informaron que la granja minadora se encuentra en trámite de registro para la explotación de energía eléctrica con fines de minería de criptomonedas. En el acto, los mismos hicieron entrega de una cédula de notificación de regularización de categoría, que fue recibida por el asesor jurídico, en la que se intima a la regularización en el término de 48 horas.

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Se realizó otro procedimiento en un inmueble ubicado en la compañía Capitán Urbina del distrito de Mayor Otaño. Se detalla que el procedimiento fue en el marco de las actividades de verificación y control de alimentadores en 23 kV de la zona. Los técnicos interventores detectaron, mediante el monitoreo en el portal SCADA, una alta carga en el alimentador CAL2.

Durante la inspección en el lugar, el inmueble fue identificado en ANDE como tarifa social a nombre de Valerio Cuevas Martínez, con medidor 3792227. Al no obtener respuesta en el sitio y dada la alta sospecha de sustracción de energía eléctrica, se procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la Comisaría 19 de Mayor Otaño y a la Unidad Penal de Turno, a cargo del agente fiscal Luis Caballero, quien emitió la orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, se constató la existencia de una criptominería en pleno funcionamiento. Por orden del Ministerio Público, todos los equipos, materiales y accesorios relacionados con la sustracción de energía eléctrica fueron incautados. Sin embargo, debido a las inclemencias climáticas, los mismos quedaron en custodia en el sitio, a cargo del GEO. Cabe destacar el éxito de esta operación, logrado gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Grupo GEO, la FTC y la Armada Nacional.

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Al menos dos allanamientos se realizaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, en prosecución de una denuncia de abuso sexual que había ocurrido hace aproximadamente un mes en el interior de la penitenciaría de Itapúa.

Una de las intervenciones fue justamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso), a cargo de la agente fiscal Rocío Valdez, quien encabezó el procedimiento en el cual se ingresó al interior de la penitenciaría, específicamente en una celda del Pabellón A Alta. Allí guardan reclusión, entre otros dos, C. G. T., sindicado como el autor del abuso sexual de su hijastro.

Durante el procedimiento, se incautaron de siete sim card de diferentes líneas, un cuaderno universitario de anotaciones, ocho armas blancas de fabricación casera. Tras culminar el procedimiento, la fiscal indicó que el hombre negó los hechos.

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También se realizó una constitución, en el marco del allanamiento de la casa donde reside el niño, buscando a sus hermanos para tratar de resguardarlos, considerando que también podrían ser víctimas. Sin embargo, no se pudo dar con ellos, ya que se tuvo conocimiento de que los niños, junto a su madre, abandonaron la casa poco antes de la llegada de la comitiva fiscal-policial, que estuvo acompañado de la Defensoría de la Niñez e incluso del Minna.

La Fiscalía está buscando a los demás hermanos del niño abusado, debido a que existe presunción de que los otros hermanos también podrían ser víctimas, ya sea de maltrato o de abuso. En total son siete hermanos, pero no fueron encontrados en la casa, explicó la fiscal al término de la intervención.

“La familia es oriunda de Ciudad del Este, pero hace 5 años residen en el lugar. Se presume que serían 7 hermanos, de los cuales dos serían hijos del sindicado”, aseguró la fiscal del caso. Sobre el estado de salud del niño, la fiscala se interiorizará con los médicos, indicó.

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Desde el Ministerio de la Niñez confirmaron que la casa allanada pertenece a la madre del niño. Si bien eran de Ciudad del Este, la familia se mudó para que la señora pueda visitar s su pareja en la penitenciaría.

En la noche de ayer lunes en el barrio Tacuary del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, fue allanada la vivienda de un hombre que trabaja en el penal de Encarnación como guardiacárcel. En el lugar fue encontrada una importante cantidad de droga, además de otras evidencias relacionadas con la venta de estupefacientes.

La comitiva fiscal y policial habría llegado hasta la vivienda luego de contar con información de que en el lugar funcionaba un punto de distribución de droga. Durante el procedimiento quedó detenido Carlos Antonio Molinas, de 36 años, quien trabajaba como guardia penitenciario en el penal de la ciudad.

En el allanamiento los agentes antinarcóticos se encontraron con 10 dosis de cocaína tipo crack, 411 gramos de marihuana prensada, un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 marca Bersa, varios cargadores y cartuchos, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo en diversas denominaciones, cinco esposas y un machetillo.

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Cuando se produjo la intervención en el lugar solo se encontraba Carlos Antonio Molinas, quien por disposición del fiscal de la causa Enrique Fornerón fue remitido a la comisaría de Encarnación, a la espera de que el sujeto pueda comparecer ante el Ministerio Público y proveer más datos respecto a lo incautado en su hogar.

Por su parte, el fiscal Fornerón destacó que la investigación buscará determinar a quién vendía la droga el ahora detenido, abriendo una línea de presunción de que el hombre también sería parte de un esquema de corrupción que permite que las personas privadas de su libertad tengan acceso a drogas y otros elementos prohibidos dentro del centro de reclusión.

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