El Gobierno de Argentina informó sobre la certificación otorgada a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) por parte de la World Federation for Medical Education (WFME), lo cual indica el cumplimiento del vecino país sobre los altos estándares en cuanto a la formación médica. Este hecho representa un desafío a nivel para Paraguay en este mismo ítem.

Ante este escenario, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) tiene la oportunidad y también la responsabilidad de reafirmar su papel estratégico como garante de la calidad educativa de nuestro país, puesto que la certificación obtenida por Argentina, demuestra la importancia de obtener un reconocimiento global.

La institución reconoce que es indispensable apuntalar la calidad para mantener la competitividad regional y esto exige un trabajo conjunto entre las universidades nacionales y la agencia de acreditación, que permita asegurar la excelencia académica y el cumplimiento de estándares internacionales.

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¿Pero qué exactamente representa este reconocimiento para el vecino país? El reconocimiento de la WFME otorga prestigio y legitimidad a las carreras médicas acreditadas en Argentina, posicionándolas como opciones competitivas a nivel internacional. Si bien esta certificación no habilita automáticamente el ejercicio profesional en otros países, como Estados Unidos, sí abre las puertas para que los egresados argentinos puedan cumplir con los requisitos exigidos en dichos países, destacando el valor estratégico de contar con una formación acreditada bajo estándares internacionales.

El desafío es claro, no basta con aumentar la oferta de carreras médicas; es necesario que estas sean competitivas en calidad. Paraguay debe evitar caer en el riesgo de formar médicos con acreditaciones que no cumplan con los requisitos de movilidad y ejercicio profesional en el extranjero. La formación médica nacional, entonces, no solo debe apuntar a atender las necesidades locales, sino a posicionarse en un contexto global.

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La Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por el exsuperministro abdista Arnaldo Giuzzio, nunca informó sobre las irregularidades cometidas por la estatal Copaco en la subcontratación de una empresa ligada al concuñado del expresidente de la República Mario Abdo. La telefónica decidió puentear la Ley de Contrataciones y entregar millones en plena pandemia.

• Por Juan Carlos Lezcano F

La Comisión Espe­cial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 (CESC), creada supuestamente para el seguimiento cercano de todas las adquisiciones rea­lizadas por el Estado en res­puesta a la crisis sanitaria generada por el coronavi­rus, nunca vio irregulari­dad alguna en el contrato entregado directamente y por fuera de la Ley de Con­trataciones Públicas a la empresa del concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez.

La CESC fue creada en mayo de 2020, con la pro­mesa de supervisar de cerca todas las compras públicas realizadas en respuesta a la pandemia. Al frente de la comisión fue puesto el entonces ministro de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), el acusado Arnaldo Giuzzio. Entre otros, también formaban parte de la CESC los hoy imputados Renée Fernán­dez, entonces titular de la Secretaría Nacional Anti­corrupción (Senac), y Car­los Arregui, extitular de la Seprelad.

Para julio de 2020, la CESC afirmó haber controlado un total de 44 procesos de compras públicas, por un total de USD 500 millones. Curiosamente, entre sus primeras determi­naciones afirmaron que no existió daño patrimo­nial en la compra de los “insumos chinos” del clan Ferreira, proceso que dejó a Paraguay sin insumos básicos para atender la crisis sani­taria.

Y otro proceso en el que la comisión encabezada por Giuzzio no detectó irregu­laridades fue en la entrega de un millonario contrato por parte de la telefónica estatal Copaco a Bizcom SA, firma ligada al músico Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez, jefe del titular de la CESC.

Durante la pandemia de covid-19, Copaco, a tra­vés de su filial Vox, imple­mentó un esquema irre­gular para subcontratar servicios de call center destinados al Ministe­rio de Salud Pública. La empresa beneficiada, Biz­com SA, era representada por Flavio “Kike” Santan­der, concuñado del enton­ces presidente Mario Abdo Benítez. Este con­trato, que eludió la Ley de Contrataciones Públicas, incluyó cláusulas de confi­dencialidad que generaron fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con Salud Pública, repre­sentado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, ministro de Salud. El acuerdo, des­tinado al rastreo de con­tactos relacionados con el covid-19, alcanzó un costo de G. 5.852.001.600, de los cuales G. 3.239.376.300 fueron adelantados por Salud Pública. El contrato contemplaba 100 posicio­nes de call center con un costo mensual por posi­ción de G. 7.315.200, dis­tribuidos en un plazo de ocho meses.

Sin embargo, Copaco sub­contrató estos servicios mediante Vox, firmando un contrato directo en marzo de 2020 con Bizcom SA, representada por San­tander. La adjudicación, sin proceso de licitación, contemplaba la provisión de servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. El contrato incluía una dura­ción inicial de cinco años renovables y cláusulas de confidencialidad que impedían la divulgación de los términos, alimen­tando sospechas de favo­ritismo debido al vínculo familiar de Santander con la primera dama, Silvana López Moreira.

A pesar de su experiencia en la provisión de servicios de call center para instituciones como Hacienda, IPS y la Ande, Copaco optó por subcontratar a Bizcom SA. Esta decisión plantea dudas sobre la necesidad real de involucrar a una ter­cera empresa, sugiriendo que pudo estar motivada por intereses personales o políticos.

Copaco, regulada por la Ley n.° 2051, no puede rea­lizar contratos directos sin licitación. Para evadir este control, utilizó a Vox como intermediaria, pero esta maniobra también violó las normativas vigen­tes. La Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) había estipu­lado que cualquier contrato entre Copaco y Vox debía regirse por los lineamien­tos de la Ley de Contrata­ciones Públicas.

El uso de contratos direc­tos, sin procesos licitato­rios y con precios sujetos a variación, se justificó mediante cláusulas de con­fidencialidad, lo que obs­taculizó la transparencia en el manejo del acuerdo. Esto dejó a la ciudadanía sin acceso a información cru­cial sobre la utilización de recursos públicos durante una crisis sanitaria sin pre­cedentes.

Flavio Santander, ade­más de este polémico contrato, tiene antece­dentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una dele­gación de empresarios interesados en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, par­ticipó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuer­zan los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en sus vínculos con instituciones públicas.

La Justicia tiene pendiente avanzar en la investigación de la denuncia presentada sobre el millonario contrato entregado en plena pandemia por la estatal Copaco a una empresa ligada a Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez. La telefónica violó la Ley de Contrataciones Públicas para entregar unos G. 5.800 millones de forma directa a la firma.

• Por Juan Carlos Lezcano F.

A la ya larga lista de denuncias que pesan contra hom­bres cercanos del expre­sidente Mario Abdo Bení­tez, se le sumó hace un par de meses la presentada por el actual titular de Copaco, Óscar Stark, por la violación de la Ley de Contrataciones Públicas cometida durante la administración de Sante Vallese, al frente de la tele­fonía estatal.

En setiembre pasado, la Direc­ción de Comunicaciones de la Fiscalía publicó fotografías de una reunión en la que el fiscal general, Emiliano Rolón Fer­nández, recibió a Stark, quien junto con el representante legal de la compañía Rodrigo Lezcano amplió la denuncia presentada ante el Ministerio Público, en relación a presun­tas irregularidades cometi­das durante la administración anterior, involucrando a la firma Hola Paraguay SA (Vox) y supuestas violaciones a la Ley n.° 2051 de Contratacio­nes Públicas.

Esta es una más de la larga lista de denuncias presen­tadas por las incontables irregularidades cometidas durante el gobierno anterior.

En el marco de la pandemia de covid-19, la telefónica esta­tal Copaco, a través de su filial Vox, ejecutó un esquema irre­gular para subcontratar ser­vicios de call center destina­dos al Ministerio de Salud Pública. La empresa benefi­ciada fue Bizcom SA, repre­sentada por Flavio “Kike” Santander, concuñado del entonces presidente Mario Abdo Benítez. Este contrato, que burló la Ley de Contra­taciones Públicas, incluyó cláusulas de confidenciali­dad y generó serios cuestio­namientos sobre el uso de recursos públicos.

El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con el Ministerio de Salud para implementar un sistema de contact center enfocado en el rastreo de contactos rela­cionados con el covid-19. Este acuerdo, firmado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, entonces ministro de Salud, contemplaba un costo total de G. 5.852.001.600, de los cua­les Salud Pública adelantó G. 3.239.376.300. El contrato incluía 100 posiciones de call center, con un costo unitario de G. 7.315.200, distribuidos en un plazo de ocho meses.

Sin embargo, Copaco sub­contrató estos servicios a través de Vox, violando la Ley n.° 2051 de Contrata­ciones Públicas, al firmar un contrato directo con Bizcom SA, empresa representada por Flavio “Kike” Santander, en marzo de 2020. El contrato, que no fue sometido a licita­ción, establecía el suminis­tro de servicios tecnológicos, plataformas de call center y soluciones en la nube bajo la marca Simplifi.

El contrato entre Vox y Biz­com SA incluía una duración inicial de cinco años reno­vables y cláusulas de confi­dencialidad que impedían la divulgación de los tér­minos. Flavio Santander, representante de la empresa beneficiada, está casado con Adriana López Moreira, her­mana de la primera dama Sil­vana López Moreira. Este vín­culo familiar con el entonces presidente Mario Abdo Bení­tez levantó sospechas sobre posibles favoritismos en la adjudicación del contrato.

Lo que agrava el caso es que Copaco tiene experiencia en la provisión de servicios de call center a otras instituciones públicas, como Hacienda, la UNA, IPS y la Ande, sin nece­sidad de subcontratar a terceros. Esto plantea dudas sobre la real necesidad de incluir a Bizcom SA en este contrato y sugiere que la subcontrata­ción pudo estar motivada por intereses personales o ajenos al bienestar público.

Copaco, al estar regulada por la Ley n.° 2051, no puede contratar directamente con empresas sin licitación. Para evadir los controles, utilizó a Vox como intermediaria. Sin embargo, esta acción también violó la normativa vigente, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) había estable­cido que los contratos entre Copaco y Vox debían reali­zarse siguiendo los linea­mientos de la Ley de Contra­taciones Públicas.

El uso de un contrato directo, sin llamado a licitación, y con precios sujetos a variación, fue justificado mediante cláu­sulas de confidencialidad. Esto obstaculizó la trans­parencia en la gestión del acuerdo, dejando a la ciuda­danía sin acceso a informa­ción fundamental sobre el uso de los recursos públicos.

Flavio Santander, además de este contrato, tiene antece­dentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una delegación intere­sada en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, participó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco en la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos vínculos empresariales con institucio­nes públicas han reforzado los cuestionamientos sobre posi­bles conflictos de interés.

El expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno cierran el 2024 eludiendo a la Justi­cia por múltiples irregula­ridades. Su gestión estuvo marcada por vínculos con narcotráfico, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Casos como el de Arnaldo Giuzzio, acusado por nexos con un narco, o Patri­cia Samudio, condenada por corrupción en Petropar, evi­dencian un patrón de impu­nidad. Mientras, las empre­sas de Abdo crecieron 6.109 % durante su mandato, coinci­diendo con la pandemia.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander, rechazó una vez más una nueva chicana que presentaron los abogados de los imputados por filtrar y producir información falsa en la Seprelad. Esta vez la máxima instancia judicial rechazó una nueva recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Bibiana Benítez.

Los abogados Osvaldo Granada quien ejerce la defensa de René Fernández; Emilio Fuster defensor de Arnaldo Giuzzio; Enrique Kronawetter representante legal de Daniel Farías, y Jorge Rolón Luna defensor de los imputados Guillermo Preda, Carmen Pereira, y Francisco Pereira Cohene fueron quienes recusaron a los tres camaristas.

Los ministros de la corte sostienen que los argumentos presentados por los defensores de los imputados en la recusación contra los camaristas no tienen sustento jurídico y tampoco son motivos para poder separar a los magistrados del presente proceso penal por lo que corresponde rechazar la recusación y confirmar la competencia de los camaristas.

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En caso de que los mismos profesionales del derecho vuelvan a presentar alguna recusación contra los jueces ya se podrían exponer a una sanción disciplinaria atendiendo a la actitud dilatoria en el presente caso.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, y a su ex ministro a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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