El abogado cuestionó que el Ministerio Público recurra a los medios de prensa para “sostener lo insostenible” ante una pésima acusación. Foto: Archivo.
Preda rechaza que la jueza Garcete haya ido contra lo estipulado por la CSJ en el caso ZI y McLeod
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El abogado Ricardo Preda, defensor del senador Javier Zacarías Irún, del Partido Colorado, y de la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, rechazó que la jueza Cinthia Garcete haya ido en contra a lo estipulado por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa de desfalco en las arcas municipales de Ciudad del Este.
“Me quiero referir al proceso que se le sigue al señor Irún y la señora McLeod, en el cual ambos fueron sobreseídos y la Fiscalía promovió una apelación. Esta defensa recibió la notificación de la apelación el jueves, sin embargo, algunos medios ya venían publicando el contenido de la misma desde ese mismo día. Aparentemente la Fiscalía, cuando presenta ahora una apelación, también le gira copia a los medios de comunicación, parece que ahora necesitan que sus planteamientos sean patrocinados por la prensa”, indicó.
Preda cuestionó que el Ministerio Público recurra a los medios de prensa para “sostener lo insostenible” ante una pésima acusación. Las declaraciones del letrado surgieron ante la publicación del diario Abc que alega que la jueza Garcete Urunaga fue de contramano a lo que establece la máxima instancia judicial para implementar un criterio jurídico para anular parcialmente la investigación del Ministerio Público.
“Es falso que la jueza contradijo a la Sala Penal, como dice un medio de prensa, porque no se trata de los mismos asuntos, son cuestiones distintas. Para comparar los fallos, deben leer in totum ambos fallos y segundo tener la capacidad de comprender qué es lo que dice cada uno de los fallos”, manifestó.
Las declaraciones de Preda se dieron durante una conferencia de prensa, en la que cuestionó la apelación realizada por el Ministerio Público en la causa, sosteniendo que en el escrito se puede visualizar una “supina ignorancia”.
“Cuando uno lee la apelación de la Fiscalía demuestra una supina ignorancia acerca de la función del Tribunal de Cuentas al señalar que la rendición de cuentas es para la municipalidad y no establece responsabilidades personales. Definitivamente esto es absurdo porque si eventualmente el Tribunal de Cuentas considera que hubo un perjuicio patrimonial, quien debe devolver los fondos es el intendente que está rindiendo cuentas, así que definitivamente la Fiscalía al creer que quien debe devolver los fondos es la municipalidad, demuestra una ingenuidad y desconocimiento en derecho administrativo”, afirmó.
Antecedentes del caso
El pasado mes Garcete anuló en forma definitiva la acusación de lesión de confianza contra el parlamentario y en forma provisoria contra su esposa, en la causa de lesión de confianza. La Fiscalía investigó a la familia Zacarías Irún y a otras ocho personas por supuestos desvíos millonarios de las arcas municipales para financiar la campaña electoral. En el marco de la causa la primera imputación fue por G. 2.100 millones, mientras que la segunda imputación fue por G. 3.700 millones.
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
El abogado Ricardo Preda explicó sobre el proceso de las intervenciones municipales. Foto: Archivo
La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
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Juan Marcelo Pereira
juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto,en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
Las transferencias económicas para la realización de ollas populares sirvieron como esquemas para el supuesto desvío del dinero de los contribuyentes esteños. Foto: Gentileza
Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Las obras viales sobrefacturadas también figuran en el listado de supuestos hechos de corrupción atribuidos a Miguel Prieto. Foto: Gentileza
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Elvio Mareco Barrientos, conocido operador político del intendente Miguel Prieto, quien resultó favorecido con millonarias licitaciones por la municipalidad de Ciudad del Este. Foto: Gentileza
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
En las facturas presentadas por SCDE aparece el mismo número que el local nocturno Golden Rouge Night Club utilizaba para recibir reservas. En las facturas la firma sigue declarando que se dedica también a la venta de bebidas alcohólicas. Foto: Gentileza
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66.De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
Miguel Prieto y seis concejales que fungen como sus aliados políticos fueron denunciados por nepotismo. Foto: Gentileza
Pedro Alliana: “Se están cayendo las caretas en la oposición”
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El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, lanzó duras críticas hacia sectores de la oposición, medios de comunicación y periodistas, y los señaló por aplicar un doble estándar al juzgar a las autoridades que son del Partido Colorado en comparación con figuras opositoras.
Durante su pronunciamiento Alliana sostuvo que “las críticas que hace la gran mayoría de la oposición hacia autoridades del Partido Colorado son muchas veces desmedidas y carentes de autocrítica”. Aseguró que algunos referentes opositores, quienes se presentaron como símbolos de cambio, honestidad y transparencia, hoy están siendo desenmascarados. “Hoy se están cayendo las caretas”, afirmó.
El vicepresidente también apuntó contra ciertos medios y comunicadores, a quienes acusó de “mostrar lo peor del Partido Colorado” mientras ignoran o minimizan irregularidades dentro de la oposición. “A veces, algunas autoridades, periodistas y medios miden con distintas varas”, expresó.
Como ejemplo, el segundo del Ejecutivo citó los recientes acontecimientos en Encarnación, donde el derrumbe de un edificio, que causó la muerte de dos personas, expuso presuntas falencias en la gestión municipal. También mencionó la situación en Ciudad del Este, recordando que, durante el gobierno anterior, se intervino la administración local sin otorgar derecho a la defensa.
Sobre los pedidos actuales de intervención en Asunción y Ciudad del Este, Alliana indicó a Abc TV que la Cámara de Diputados está conformando las comisiones correspondientes y que “se escuchará a los afectados” antes de emitir un dictamen. Según el vicepresidente, existen denuncias de corrupción que incluso superarían las registradas en administraciones pasadas, puesto que se trataría de casos de robo y sobrefacturación durante la pandemia.
“No hay doble vara, todos deben rendir cuentas”, dice diputado sobre intervenciones
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El diputado Alejandro Aguilera, integrante de la Comisión Especial que analizará el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, afirmó que el dictamen que se emitirá será con base a las documentaciones y descargos presentados, tanto por la comuna como por la Contraloría, descartando posibles subjetividades alineadas a la afinidad política.
“Nosotros no tenemos esa doble vara que tiene la oposición que critica la corrupción, pero cuando se le critica a ellos, salen con el discurso de persecución política. Acá es sencillo, el intendente o gobernador debe rendir cuentas y tiene que defenderse cuando hay una acusación formal”, sentenció.
En sus declaraciones, Aguilera también dejó en claro que los pedidos de intervención, tanto a la Municipalidad de Asunción como la de Ciudad del Este, no son promovidas por el movimiento Honor Colorado, sino son un pedido de la Contraloría General de la República, que denunció indicios de hechos punibles en ambos municipios.
“Es un pedido de la Contraloría General de la República, y el Ministerio del Interior vendría ser un pasamanos nomás que comunica a la Cámara de Diputados ese pedido. Por ejemplo, la semana pasada, a pedido de miembros de Honor Colorado, se solicitó la integración de la comisión especial para la intervención del municipio de Ñemby, que está en manos de un intendente colorado y miembro del movimiento”, expuso.
Asimismo, señaló ante la 1020 AM que no puede adelantar cuál será su posicionamiento respecto a la intervención o no del municipio, puesto que primero se reunirán tanto con autoridades de la municipalidad como con las de la Contraloría, analizarán las documentaciones y descargos y a partir de ahí, tanto él como sus colegas, asumirán una postura.