La Cámara de Senadores en su sesión ordinaria aprobó los cambios introducidos a la propuesta que establece gratificaciones al personal de blanco que está en exposición en los hospitales, en la lucha contra el COVID-19.
Con la postura adoptada por los senadores, el proyecto queda sancionado por el Poder Legislativo y se remite al Ejecutivo para su promulgación o veto. Una de las principales modificaciones impulsadas principalmente por Diputados y respaldada por el pleno de la Cámara Alta, se centra en incluir en este beneficio al personal administrativo, que días atrás realizó manifestaciones para ser introducido en la propuesta.
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En caso de obtener el aval del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el proyecto permitirá autorizar al Ministerio de Salud, al Instituto de Previsión Social, al Hospital de Clínicas, al Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, al Hospital Rigoberto Caballero de la Policía Nacional, Hospital Militar, Ministerio de Justicia y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, la contratación del personal de blanco necesario para hacer frente a la crisis sanitaria, quienes no deberán pasar por el proceso de concurso.
Otro de los principales puntos aprobados en la iniciativa es que se podrán reasignar los gastos de capital a gastos corrientes, en carácter de excepción, con el objetivo de poder cumplir con dichas gratificaciones.
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Mesa técnica del Senado debate sobre la brecha digital y acceso a internet como un DD.HH.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores llevó adelante una mesa técnica para analizar el proyecto de ley de “La brecha digital y el acceso a internet como un Derecho Humano”. A esta mesa de trabajo, que estuvo encabezada por el director de la comisión, Víctor Hugo Benítez, asistieron representantes de diversas instituciones del Estado.
Al término de la reunión, el funcionario de la Cámara Alta, explicó que este proyecto plantea el acceso universal al derecho de internet, que en la actualidad, la tecnología y el acceso a internet se han vuelto una necesidad imperante.
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Indicó que este proyecto de ley identifica una brecha importante en comunidades que están muy alejadas, que las hace quedar en una situación más vulnerable y postergada.
“Esta falta de conexión a internet hace que las personas tengan dificultades para acceder a otros derechos. Por eso, el proyecto de ley plantea el acceso universal a internet, y esto conlleva un análisis profundo por parte del Estado”, expresó.
Mencionó que este proyecto es bastante incisivo, porque obliga al Estado primero a pensar en la infraestructura que se necesita de la red para poder tener acceso a internet a nivel nacional.
“Es una deuda que actualmente tenemos como Estado, y que por sobre todas las cosas va ser muy importante para todo lo que sea programas educativos, mallas curriculares, acceso a salud, a información, así como a seguridad. Entre otros temas, los avances tecnológicos están exigiéndonos este estudio como Estado”, expresó.
Señaló que este es un proyecto que viene de una propuesta que igualmente se está analizando a nivel de Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y que las instituciones del Estado como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) han planteado sus informes técnicos, así como sus dificultades para la implementación.
“Sin duda, es un proyecto desafiante e importante que el Estado paraguayo cada vez más va tener que discutir y contar con una política, así como una normativa legal como la que se plantea ahora con el estudio de este proyecto”, precisó.
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Mafia de los pagarés: convocan a autoridades de la Fiscalía como primera medida
Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.
Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.
En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.
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También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos para concretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas
Integrantes de la Comisión Especial
Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán la comisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
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Senado evaluará extender permiso de maternidad para mujeres en cargos electivos
Entre los puntos más resaltantes a ser analizado mañana por los Senadores, figura el proyecto que modifica y amplia la ley 5.508/2015 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, con la finalidad de extender el permiso de 12 a 18 semanas para mujeres en cargos electivos.
La iniciativa ya cuenta con la aprobación de Diputados. El documento refiere que se busca la reivindicación del derecho de las mujeres que ocupan cargos electivos, de modo a que puedan acogerse también a los beneficios de la citada normativa. Los cambios se efectuaron específicamente en los artículos 2, 3 y 13 de la citada normativa.
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El proyecto de ley fue abordado ayer lunes, por los senadores miembros de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, sin embargo, tomaron la decisión de postergar la emisión de un dictamen con el objetivo de introducir modificaciones, razón por la cual aconsejarán mañana a la plenaria su aplazamiento.
No obstante, el documento cuenta con dictámenes favorables de las comisiones asesoras de Familia y de Equidad y Género. La propuesta figura en el punto 12 del orden del día.
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Plantearán modificaciones a la Ley de Criadazgo para establecer sanciones penales
La senadora colorada Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, encabezó una mesa técnica para el análisis del proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”. Anunció que el próximo viernes habrá una reunión con penalistas para analizar sobre las sanciones.
Al término de la reunión resaltó la importancia de esta propuesta legislativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, atendiendo que el criadazgo está prohibido en Paraguay, pero sin embargo, es una práctica común que sigue vigente en el país.
Esta mesa técnica analizó la propuesta de ley; así como también proponer modificaciones, una de ellas es la tipificación de sanciones penales, estableciendo condenas de hasta 8 años. Atendiendo que el proyecto de Diputados no contempla sanciones severas, estarán planteando esa modificación.
“Estamos hablando de una tipificación que va entre los 5 a 8 años de pena privativa de libertad. Consideramos que es un delito gravísimo, tener a un niño o niña en una casa en situación de esclavitud más o menos”, explicó.
Estudio con penalistas
Mencionó que la profesional del derecho Natalia Sosa señaló que es muy difícil identificar estos casos porque se dan en el ámbito privado de una casa, al igual que cualquier otro caso de abuso a un menor, salvo que si el niño, niña o adolescente está escolarizado y tiene posibilidad de hacer su denuncia con el docente a cargo.
“Lastimosamente es una práctica que se da en la actualidad y debemos ser severos a la hora de dar algún tipo de sanción. Para hacerlo de manera responsable, hoy llegamos a la conclusión de llevar adelante una nueva mesa técnica con penalistas, este viernes 2 de mayo a las 13:00, para analizar las conductas agravantes para establecer como máxima 8 años”, explicó.
La parlamentaria remarcó que el Estado debe garantizar la protección de los más vulnerables, como son los menores de edad, ya sea en el entorno familiar o la comunidad.
Indicó que Paraguay suscribió tratados internacionales en los que penalizan las peores formas de trabajo infantil, y dentro de eso está el criadazgo, que en el país es una práctica que aún no erradicada.
“Hay una delgada línea. En realidad yo no satanizo la idea en que, si yo tengo un ahijado en el interior del país a quién puedo darle mejores posibilidades de tener una mejor educación, eso debe estar reglamentado y tiene que estar legalizado, haciendo por la vía correspondiente que es a través del Ministerio de la Niñez y Adolescencia para establecer un hogar de guarda para ese niño, niña o adolescente”, acotó.