El senador Dionisio Amarilla se refirió a la nueva disputa interna que sacude al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras la remoción de disidentes en cargos claves. El parlamentario apuntó directamente contra el presidente de los azules, Hugo Fleitas, a quien acusó de ser el responsable de la destrucción de la nucleación opositora.

“Hay que acelerar el proceso electoral y convocar a elecciones en el PLRA. Hay que hacerle entender al Tribunal Superior de Justicia Electoral que acelere el proceso de compras de las máquinas de votación y que nos autoricen a adelantar las elecciones. El PLRA debe ser el contrapeso para generar la alternancia en los gobiernos locales y nacional”, mencionó a la 1020 AM.

El requerimiento de Amarilla surgió tras tomar conocimiento sobre la destitución de la exsenadora Blanca Lila Mignarro como secretaria general del PLRA y de Rebeca Sosa como directora de Capacitaciones del Instituto José P. Guggiari. La decisión tomada por el directorio liderado por Fleitas es duramente criticada debido a que ambas dirigentes no poseen cuestionamientos a sus gestiones.

“Las cosas que se hacen en el PLRA ya no sorprenden. Hugo Fleitas es un desequilibrado y corrupto. Está destruyendo, enterrando al partido y prolongando las chances de nuestra amada nucleación política. Le cambiaron a ambas acusándolas de ser dionisistas, pero ninguna de ellas militan en mi movimiento. Son dirigentes de calibre respetado por sus militancias políticas“, remarcó.

Leé también: La oposición no tendrá “ninguna chance” con PLRA en crisis, advierte gobernador

Mignarro fue reemplazada por el concejal departamental de Central, Derlis Larroza, mientras que el cargo de Sosa será ocupado por Regina Ríos. La destitución de ambas se concretó mediante una sesión del PLRA, desarrollada el miércoles 18 de junio, cuando también se presentó un proyecto de afiliación digital.

“Este señor Fleitas sigue generando crispaciones, molestias. La señora Blanca Lila había denunciado un mal uso de los recursos que rondaría los USD 1.000.000. Las finanzas del partido están alicaídas y bastante golpeadas, hizo un vito, carnaval, despilfarro y malversación. Por suerte este caso está en la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía y no creo que terminé muy bien esta novela“, indicó.

Amarilla siguió argumentando que “Fleitas realizó una alianza demoniaca para arreglar con algunos actores para continuar en el poder. Él puede vivir robando de las arcas del partido, pero cuando nosotros tomemos el poder pagará por la mala utilización de los recursos”.

Te puede interesar: Leite reivindica el Foro Madrid: “Si no se viola la ley, cuál es el problema”

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.

“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.

Leé también: Brasil espió a canciller paraguayo en víspera de viaje de ministro de Lula en marzo 2023

Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.

Te puede interesar: Abogado de Boidanich señala que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento

Los integrantes de la Comisión de Legislación del Senado, junto con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría Pública, analizaron los proyectos que plantean el aumento de penas para los adolescentes que cometan crímenes.

“Tuvimos la visita de representantes de estas instituciones quienes dieron su parecer. Ellos nos comentaron que debido a los convenios internacionales que tiene el Paraguay y lo que se recomienda desde el punto de vista penal es que nos ajustemos a lo máximo que se tiene en la región”, dijo el senador Eduardo Nakayama, miembro de la comisión asesora.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Tomando el sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como las legislaciones de Costa Rica y Chile, la expectativa de pena máxima es de 10 años, entonces se elevará de 8 a 10 años, eso es lo que se consensuó y creo que se aprobará”, dijo a la 1140 AM.

Leé también: Interventor de Asunción asegura “un trabajo estrictamente profesional y transparente”

Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por adolescentes. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.

Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en la Cámara Alta fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de 15 años sean juzgados como adultos.

Te puede interesar: Interventor de CDE: “La indicación del Presidente es hacer un trabajo técnico”

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desapa­recidas (Renad) que, a su vez, establecerá el sistema de alerta Mafe, en memoria de la adoles­cente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Bení­tez. Este mecanismo se activará ante los casos de desaparicio­nes, similar a la alerta Amber, que se aplica en otros países.

El diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas de esta iniciativa, argumentó que el objetivo es establecer un mecanismo legal para los casos de desapariciones for­zosas de personas, principal­mente de menores de edad. El proyecto pasa a partir de ahora a la Cámara de Senadores para seguir el curso legislativo.

“Solicitar el acompañamiento y aprobación de esta ley tan necesaria, que requieren nuestras familias para tener un marco legal adecuado para que sepan qué hacer en estos casos. La desaparición de personas es una de las tra­gedias más angustiantes que puede enfrentar una fami­lia, incluso una comunidad”, alegó el diputado.

El legislador expuso que en lo que va del 2025 ya se regis­traron aproximadamente 900 personas desaparecidas en el Paraguay. “Esta es una realidad cruda, es una reali­dad dura, angustiante para miles de familias que esperan un marco legal que les diga cómo proceder en estos casos, y ese es el objetivo de esta ley”, indicó y agregó que la ley Mafe será una herramienta crucial para la búsqueda y la locali­zación de personas que se encuentran desaparecidas.

“Hoy la ley Mafe es en honor a María Fernanda, que de haber contado con una herramienta, con un sistema de alarmas que active a toda la sociedad den­tro de las 24 horas que son las más críticas cuando una per­sona desaparece de manera forzosa, a lo mejor hubiera tenido una mínima esperanza de tener un resultado distinto del que tuvimos como socie­dad”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad, expuso el dictamen de esta instancia legislativa que fue la de la aprobación. Recordó también que un pro­yecto similar ya fue trabado en Diputados, pero fue recha­zado por el Senado.