El Ministerio Público no apelará sobre la decisión del Tribunal de Apelación, que permitió al diputado con permiso Miguel Cuevas dejar la reclusión en la Agrupación Especializada y contar con la prisión domiciliaria. Así lo confirmó el fiscal que lleva adelante el caso, Luis Piñánez.
“El Ministerio Público no va a apelar esa resolución judicial que revoca la disposición del juez, eso es muy importante decir, la cámara (de Apelaciones) no revocó la prisión, lo que revocó fue la resolución del juez”, sentenció Piñánez en entrevista para la radio 1000 AM.
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El Tribunal de Apelación en lo Penal, cuarta sala, admitió el recurso de apelación general presentado por la defensa de Cuevas, por lo que esta medida sustituye la prisión preventiva por otras medidas alternativas a la privación de libertad. Además, se otorgó el plazo de 20 días para el efecto de sustituir la caución personal por caución real, previa presentaciones de condiciones de dominio y demás documentaciones para totalizar el monto de G. 1.702.714.181.
Podría volver a su banca
Con la decisión de no apelar de la Fiscalía, el arresto domiciliario de Cuevas quedará firme y este podrá solicitar su vuelta a la Cámara de Diputados para ocupar su banca, atendiendo que actualmente el legislativo aplica las sesiones virtuales. Es decir, Cuevas podría participar de las sesiones desde su casa sin trasladarse físicamente hasta el pleno de la Cámara Baja.
Luego de la medida alternativa de prisión domiciliaria, Cuevas anunciaba que quiere recuperar su curul en la Cámara Baja, lugar que es ocupado actualmente por el diputado Vicente González Dans, también de Paraguarí.
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Supuesta estafa a menonitas: Fiscalía se constituyó en el Indert
Un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal José Godoy, se constituyó este miércoles en las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con el objetivo de recabar más datos en torno a la investigación de una denuncia de estafa a dos hermanos menonitas en la zona de Río Verde, localidad de Presidente Hayes.
El fiscal precisó que en el marco de la instigación se cuenta con documentos que respaldarían el pago de USD 1.600.000 por parte de las víctimas, todo este dinero en efectivo, pero con pagarés que están siendo sometidos a pericia para determinar su autenticidad y si fueron cobrados en realidad.
Por su parte, el director del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló en conferencia de prensa que desde que asumió el cargo, la dirección del Chaco, que anteriormente trabajaba de manera independiente dentro de la institución, volvió a estar bajo la coordinación de la presidencia de la institución y se ejerce un control total sobre los expedientes.
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“Establecimos una mesa de trabajo a los efectos de facilitar todo tipo de datos que la Fiscalía necesite. Ya tenemos todos los documentos que podemos ofrecerle a la Fiscalía y lo que se busca es dilucidar cómo se habría ejecutado esta supuesta venta de manera irregular”, mencionó Ruiz Díaz.
El titular del Indert declaró que recientemente fueron apartados también de sus cargos varios funcionarios que estarían involucrados con el movimiento irregular de documentación sobre terrenos de propiedad privada, los cuales, transgrediendo la ley, fueron visitados e inspeccionados por funcionarios de la institución por solicitud no de la presidencia, sino de funcionarios subordinados, quienes continúan siendo investigados.
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“La justicia no debe ser selectiva”, dice Maidana sobre chats entre Abdo y Gomes
Las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y Mario Abdo Benítez, al tiempo en que este ejercía la Presidencia de la República, merecen ser investigados, afirmó el senador Derlis Maidana en conversación con La Nación/Nación Media, quien ratificó su postura respecto a que todos los implicados en los chats deben ser objeto de pesquisa por parte del Ministerio Público.
“La justicia no debe ser selectiva. Si el caso amerita, más tratándose de un presidente de la República, se debe hacer lo que corresponde, investigar y llegar a resultados concretos, que es lo que la ciudadanía espera para devolver la confianza y credibilidad a las instituciones”, aseveró el parlamentario.
Los chats entre Gomes y Abdo se dieron principalmente entre el 2019 y 2021, en ese tiempo hubo un intercambio permanente de mensajes en los cuales el exdiputado contactó en múltiples ocasiones al entonces mandatario para ponerse a disposición y así también para hacerle sugerencias respecto a los cambios que debía hacer en instituciones estatales como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ministerio de Educación.
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El expresidente también plasmó en estas conversaciones su predisposición con Gomes con expresiones como “A las órdenes” y “espero que salgan mañana a apoyar”. Hay que mencionar que en ese momento el exlegislador era un ganadero y dirigente político de Amambay con vínculos con Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. En chats filtrados con anterioridad también se habló de una financiación de USD 1 millón para la campaña de Abdo Benítez a la presidencia y existe la sospecha de que el dinero pudo haber provenido del narcotráfico.
“Yo mantengo mi posición de siempre, el Ministerio Público debe investigar todos los casos en los que hay indicios de hechos punibles, la vara debe ser la misma para todos, sin excepción, si la Fiscalía considera que debe pedir desafueros, debe proceder como corresponde y proseguir de la manera más rápida posible con las investigaciones”, añadió Maidana.
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Filtración de chats: Rolón y Legal se abstienen de asistir ante la Comisión Permanente
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, y el juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal comunicaron que no acudirán a la convocatoria impulsada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional para tratar la divulgación de las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con algunas autoridades de justicia y la política.
Legal argumentó impedimentos constitucionales, mientras que Rolón decidió enviar a la fiscal adjunta Matilde Moreno en su representación. El juez indicó que consultó sobre la convocatoria realizada por los parlamentarios al abogado Gustavo Gorostiaga, director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le recomendó “declinar respetuosamente” la invitación.
En el documento remitido por Legal a los miembros de la Comisión Permanente citó el artículo 193 de la Constitución Nacional, el cual dice que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
El magistrado citó además el artículo 195 de la Constitución Nacional, el cual indica que el “presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados”, por comisiones conjuntas que se den en el Congreso Nacional.
El mismo posicionamiento fue adoptado por Rolón Fernández, que se respaldó en los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional sobre prohibiciones y evitó acudir hasta el Legislativo. El primero sostiene que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
A la vez la cabeza del Ministerio Público alegó que existe una limitación material sobre el tema a tratar, teniendo en cuenta que los agentes fiscales que investigan el caso, Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, accedieron recién en la víspera a la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles de Lalo Gomes.
“Nosotros necesitamos escuchar a las cabezas de las instituciones en cuanto a las acciones que están tomando. La fiscal adjunta no es la voz que nosotros queremos escuchar como Comisión Permanente, lo que hubiese correspondido es que ambos estén presentes y que respondan a las consultas de la ciudadanía”, recriminó el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel del Puerto.
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Chats de Lalo Gomes: filtración no es motivo para requerir nulidad de pruebas, dice fiscal
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.
“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.
Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.
“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.
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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.
A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.
“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.
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