El diputado Federico Franco presentó un proyecto que propone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNCI), que estará bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional.

Según la exposición de motivos, la propuesta surge para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas que afectan al país. Esta nueva institución tendrá la responsabilidad de elaborar la política nacional de ciberseguridad y coordinar las acciones de diferentes organismos estatales.

Como complemento de esta entidad se prevé también la creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CERT-PY), que funcionará como la unidad operativa encargada de recibir, analizar y responder incidentes cibernéticos que afecten a instituciones públicas y privadas estratégicas.

“Las instituciones públicas, por su rol fundamental en la prestación de servicios esenciales, se convierten en objetivos prioritarios para actores maliciosos”, indica el proyecto.

El proyecto establece la formación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, un órgano consultivo de alto nivel que incluirá representantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Secretaría Nacional de Inteligencia, presidentes de comisiones parlamentarias especializadas, el Ministerio Público y organismos de inteligencia militar y policial.

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El documento refiere que ciberespacio incluye no solo la infraestructura tecnológica terrestre y web, sino también los sistemas de información y comunicaciones que operan o afectan el espacio aéreo paraguayo, reconociendo la importancia creciente de la aviación digital y los sistemas aeronáuticos.

La propuesta impulsada por el legislador liberal establece un enfoque integral que incluye 4 ejes fundamentales: la prevención y detección mediante sistemas de inteligencia de amenazas, evaluaciones de vulnerabilidades y sistemas de alerta temprana.

Otro punto se centra en la respuesta y recuperación mediante un Plan Nacional de Respuesta a Incidentes y protocolos de cooperación nacional e internacional.

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Igualmente habla sobre un proceso de investigación y persecución a través del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público y fuerzas de seguridad para investigar ciberdelitos.

También como eje figura la educación y concienciación mediante el desarrollo de programas educativos desde el nivel básico hasta la formación especializada de profesionales.

El proyecto de ley incluye un régimen sancionatorio que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos hasta multas económicas, suspensión o revocación de licencias, garantizando el debido proceso y derecho de defensa.

Los diputados de la comisión especial de intervención a la municipalidad de Ciudad del Este sesionarán el lunes 9 de junio, a las 11:00, con la finalidad de dictaminar a favor o en contra de la indagación de la administración del intendente Miguel Prieto, líder del movimiento Yo Creo.

La convocatoria fue realizada por el presidente del bloque, Alejandro Aguilera. "En el espíritu de dar respuestas a la ciudadanía y dadas las últimas audiencias realizadas el miércoles pasado y teniendo todos los insumos documentales, he convocado a los miembros de la comisión especial", informó a través de sus redes sociales oficiales.

Mediante una reciente entrevista con el diario La Nación/Nación Media, Aguilera indicó que ya dependerá de la mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, tratar el dictamen de la comisión el próximo martes 10 de junio mediante una sesión ordinaria.

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Agregó que otra de las alternativas para el tratamiento podría ser la convocatoria a una sesión extraordinaria, que deberá ser planteada por un total de 15 diputados. La comisión de intervención también se encuentra conformada por los legisladores Pastor Vera Bejarano, Jorge Barressi, Avelino Dávalos, Arturo Urbieta, Hugo Meza, Cleto Jiménez, Carlos María López y Walter García.

El pasado 16 de mayo, la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, anunciaba que se ha decidido pedir la intervención del municipio de Ciudad del Este, debido a las dificultades de hecho y de derecho con las que tropieza la entidad para acceder a documentos. Benítez había alegado en su momento que existen graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales, que fueron detectados a través de los exámenes y controles impulsados por el órgano extrapoder.

De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó este viernes que la ciudad de Asunción será sede del Foro Madrid, que celebrará su cuarta edición los días 12 y 13 de junio en el Banco Central de Paraguay (BCP).

Mediante una conferencia de prensa, el diputado detalló que el encuentro tiene fines académicos, analíticos y de difusión. “Se debatirán las experiencias de los países en materia económica, seguridad y de la defensa de los principios y valores“, comentó.

“Que este foro se realice por primera vez en Paraguay habla del reconocimiento de nuestro país en materia de principios y valores, y que nuestra voz está siendo escuchada“, puntualizó el parlamentario.

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Agregó que la apertura del evento internacional contará con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, entre otras autoridades nacionales y delegaciones extranjeras provenientes de países europeos y regionales.

“Esto también es un reconocimiento sobre las oportunidades que brinda el Paraguay en materia de inversión, en base a disponibilidad energética, bonos demográficos, baja presión tributaria, baja tasa inflacionaria. Estos referentes defienden la vida, la familia, la libertad de expresión, la soberanía, el libre mercado y la propiedad privada”, refirió sobre los próximos invitados internacionales.

Latorre siguió sosteniendo que “esta es una situación que se habla con más frecuencia en el mundo y uno de los ejemplos fundamentales fueron las expresiones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, en una audiencia ante el Senado de la nación americana donde habló sobre las oportunidades que existen en Paraguay en base a su disponibilidad energética para la inversión en inteligencia artificial”.

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El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, dijo este viernes que existe un compromiso por parte del Brasil en remitir en el transcurso de las próximas semanas un informe sobre el espionaje cibernético perpetrado contra autoridades paraguayas, en el marco de las negociaciones sobre el costo de la tarifa de la entidad binacional Itaipú.

“La situación actual es que seguimos aguardando el dosier. El gobierno brasileño se comprometió a darnos las explicaciones sobre este hecho lamentable de espionaje al Gobierno de Paraguay, que fue aceptado por la Cancillería del Brasil. Las explicaciones son necesarias para volver a la mesa de revisión”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El espionaje se inició en la ges­tión de Jair Bolsonaro y siguió siendo eje­cutado en los primeros meses de la era de Luiz Inácio Lula da Silva. Según publicaciones de medios como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula, mediante un comunicado difundido el 31 de marzo pasado, responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

La información sobre el espionaje fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre de 2024 y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

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“Ellos prometieron que las informaciones serían remitidas en las próximas semanas. Hay que reconstruir la confianza, no es poca cosa lo que pasó, cuando uno está en una relación con un país hermano, en una entidad tan importante como es Itaipú. Esto erosionó la confianza, no se puede minimizar lo que ocurrió, necesitamos y exigimos las explicaciones para volver a reencauzar la revisión", refirió Giménez, quien también se desempeña como consejero de la hidroeléctrica.

“Paraguay está listo para la renegociación, viene trabajando con un equipo técnicos y por consejeros que son a la vez ministros del Ejecutivo. Estamos aguardando que se concrete este arreglo mediante las cancillerías y dar vuelta esta página que es desagradable y volver a incursionar en una agenda positiva que estoy seguro que ocurrirá”, comentó.

Las afirmaciones de Giménez surgen ante la intención de Brasil en revertir el acuerdo concretado en mayo del 2024, consistente en la fijación del precio de la tarifa de Itaipú a USD 19.28 por kW/mes para los próximos tres años. “Esto se encuentra fuera de discusión, la tarifa ya se pacto a nivel de consejo, está aprobado por ambos países”, refirió.

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