En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados archivó el proyecto de ley “que establece mecanismos y procedimientos para la fase III del derribo de aviones”. De acuerdo al análisis de los legisladores, esta modificación a la ley n.° 6.980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno", de hecho recomendó el rechazo de la iniciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operaciones para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efectos de neutralizar la amenaza inminente si fuere necesario, sin comprometer la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cuales consideraron que la aplicación de la propuesta legislativa no era viable. En esta línea, indicaron que la recomendación de rechazar el proyecto se debe a una conclusión remitida por el propio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tratados internacionales y convenios a los que se encuentra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

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“Cualquier derribo de aviones que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vinculada a la potencialidad de las aeronaves ante una posible acción hostil que constituya una amenaza a los intereses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comisión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los principios y garantías constitucionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aeronaves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territorial en el espacio aéreo nacional. “Por lo tanto, es innecesaria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció sobre debate en torno al proyecto de ley que propone habilitar el derribo de aeronaves sospechosas en el espacio aéreo paraguayo. La iniciativa, impulsada por el diputado Rubén Rubin, reactivó esta discusión sobre la cual ya se pronunció el Ministerio de Defensa.

“La protección de nuestro espacio aéreo debe estar basada en los principios consagrados en nuestra Constitución y en los estándares del derecho internacional, conforme a lo establecido en la legislación actual”, expresó Latorre a través de X.

El titular de Diputados reafirmó, además, “la posición firme en defensa del ordenamiento jurídico vigente” y destacó el avance que representa la adquisición del sistema de radares y los aviones Súper Tucano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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Cabe mencionar que el ministro de Defensa, Óscar González, dejó en claro que no es necesaria una ley que permita el derribo de aeronaves. “No necesitamos de la facultad de derribar aeronaves, necesitamos la ley así como está, porque nos garantiza que vamos a poder proceder con toda la eficacia que corresponde”, sostuvo este lunes ante varios medios de prensa.

Según González, el hecho de no contar con autorización para derribar un avión no significa que la aeronave vaya a escapar del control del Estado. “De ninguna manera. Vamos a hostigarle hasta que aterrice, con armas, el piloto está facultado a hacer tiros disuasivos”, explicó. Además, enfatizó que se trata de una estrategia conjunta que involucra a distintas agencias nacionales y que cuenta con respaldo internacional.

“La protección del espacio aéreo es una cuestión regional”, resaltó el ministro, al recordar que existen convenios de cooperación e intercambio de información con las Fuerzas Aéreas de Brasil, Argentina y Bolivia. Desde el Ejecutivo y del oficialismo, sostienen que los actuales marcos normativos ya otorgan herramientas suficientes para la defensa del espacio aéreo sin necesidad de autorizar medidas extremas.

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El diputado Raúl Latorre inició un nuevo periodo legislativo al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados, por tercera vez. En entrevista con La Nación/Nación Media, realizó un resumen de lo que dejó el periodo 2024 – 2025 y las proyecciones para el 2025 – 2026.

El titular legislativo, primeramente, destacó la confianza y aceptación de sus pares para presidir nuevamente la instancia legislativa.

“Inicia un nuevo año legislativo, para mí hay un simbolismo muy importante, una bendición que yo recibo un día antes de la primera sesión en el año legislativo que es el nacimiento de mi hija. No puedo dejar de agradecerle a mis colegas que me permitieron la oportunidad de tener un año más ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados, el honor más grande que me concedieron”, destacó.

En marzo de este año, Latorre fue reelecto con 74 votos de los 80 diputados, lo que representa el 93 % de los votos de los legisladores de los diferentes espacios políticos con representación parlamentaria.

“Eso transmite el espíritu con el cual tratamos de llevar nuestra gestión, un espíritu que busca y prioriza los consensos, que muestra siempre apertura y entendemos nuestro rol, que tiene que ver con la protección de ese espacio, que es el más puro ejercicio de la democracia”, expresó.

Resaltó además que “la Cámara de Diputados es donde a través de la representación departamental, la gente que eligió por primera vez de forma directa a través de las listas desbloqueadas construyó esta cámara, eligió a sus representantes y es el órgano más plural que existe en el Estado”.

El presidente legislativo destacó que, en el periodo concluido, la cámara avanzó con importantes y emblemáticos proyectos de ley, varios de ellos provenientes del Poder Ejecutivo, dando así gobernabilidad a la presidencia de Santiago Peña.

“Hemos aprobado con el apoyo de los colegas de diferentes partidos, de diferentes bancadas, proyectos emblemáticos, algunos de ellos hoy están dando importantes frutos, como el proyecto Hambre Cero, que está alimentando a más de 1 millón de niños, reivindicando un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación”, resaltó.

Citó la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), que dio grandes resultados en términos de aumento de la recaudación sin aumentar impuestos y dando herramientas para el aumento de la base tributaria. “Decenas de miles contribuyentes hoy están pagando sus impuestos, permitiendo que el Estado preste servicios. Proyectos como la carrera del servicio civil, que representa la transformación en cuanto a la dinámica de la gestión pública”, refirió.

Otro de los proyectos destacados por el legislador es el préstamo de USD 108 millones para la adquisición del Gobierno de los aviones Súper Tucano, que ya se encuentran en el país, como así también de los radares.

“Nos va a permitir que finalmente podamos ejercer un verdadero control y una verdadera soberanía de nuestros espacios aéreos, nuestro cielo, que va dejar de ser un paseo libre para las narcoavionetas”, aseveró.

La universalización de pensiones para la tercera edad, también contó con el apoyo de la Cámara. “Tiene más de 300 abuelitos que están recibiendo ese beneficio, con la caída de estos censos tan injustos, que porque tenían una heladera no podían recibir el beneficio, pero de qué te sirve tener una heladera vacía”, manifestó. Así también la creación de la Superintendencia de pensiones de jubilaciones, “que va a proteger el futuro de nuestros adultos mayores.

Latorre recordó que también existen otros proyectos emblemáticos que fueron aprobados “a partir de un debate nutrido, de un diálogo del cual nosotros buscamos enriquecer a través de la labor de todos, de las minorías, cuando los consensos no son posibles, se activa el mecanismo que la democracia, el sistema republicano prevé, lo cual asume la decisión la mayoría”.

Por otra parte, se refirió al funcionamiento de la institución en cuanto a funcionarios y el organigrama laboral de los mismos. “Nosotros estamos en un proceso, estamos trabajando en una restructuración del organigrama que tiene por objeto la disminución de lo que tiene que ver con las direcciones y otras dependencias, buscando optimizar el gasto público, de cuidar el erario público, el erario ciudadano, y dentro de esa lógica muy pronto vamos a estar presentando una nueva estructura”, sentenció.

Agregó que el año pasado se ahoró de manera importante, como el año anterior, en términos de recursos que fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación para el talento humano.

“En ese sentido nosotros seguimos con un compromiso de racionalizar los gastos de manera que estos sean utilizados en sectores prioritarios como la salud y la educación”, puntualizó.

La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.

La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.

De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.

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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.

El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.

Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.

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