La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.

El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.

La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.

Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.

La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.

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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.

Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

Fuente: AFP

Tras la polémica decisión tomada por los jueces, de absolver al maestro que acosó a su alumna de 11 años a pesar de tener las pruebas del hecho en sus manos, estos siguen intentando justificar su actuar culpando a la Fiscalía, que supuestamente no presentó pruebas suficientes, desde el Ministerio Público desmintieron este argumento.

Según los magistrados, para condenar al maestro debían existir fotos de carácter sexual o alguna constancia de que se concretaron las citas que tenía prevista el docente con la niña, ignorando por completo las más de 300 capturas de pantalla con los mensajes del docente acosando a la alumna.

Los jueces que liberaron al docente, a pesar de las pruebas en su contra son: Julio Alfonso, Juan Ruiz Díaz Gamba y Víctor Ortigoza, quienes conformaron el Tribunal de Sentencia de Villarrica y decidieron dar su libertad y perdonar de culpa y pena al profesor de 53 años, quien envío más de 600 mensajes a la niña de 11 años. La denuncia fue realizada en el 2022 por la madre y esta semana se dictó el polémico veredicto.

“Se trata de un caso muy sensible. La Fiscalía en su acusación de abuso por medios tecnológicos menciona que le dijo cinco palabras que está en la acusación. Estas fueron: “Que la quería”, “Que estaba linda”, “Que era hermosa”, “Amor” y “Mi princesa”. También, incluyeron que le lleve la tarea, pero que nunca se concretó”, dijo el juez Julio Alfonso, en el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970, minimizando por completo el tenor justamente de estas frases.

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Expresó que para que sea viable la acusación de abuso sexual por medios tecnológicos, las pruebas deben ser de contenido sexual. “Deben existir mensajes en el que exija que haga actos sexuales o que le envíen mensajes de sí misma con contenido sexual. Esas son las variables, deben ser justificadas con las evidencias. Tras tomar declaración a la niña, no encontramos un solo elemento que haya justificado esta cuestión”, apuntó, sin embargo, en las capturas de pantalla se evidencian las intenciones que habían detrás de esos mensajes.

Indicó que se trata de un hecho que se configura como un suceso repudiable con trascendencia y que debe tener una sanción administrativa como ética, pero no amerita una pena carcelaria. “La ley es dura, pero es la ley. Nuestra función es garantizar el debido proceso y estrictamente conforme a las normas“, justificó el magistrado.

Entre los mensajes que el docente envío a la niña de 11 años y que fueron presentados en capturas de pantalla al Tribunal de Sentencia, se podía apreciar frases como: “sos súper sexy”, “te adoro, te amo, mi princesa”, “te pido que vengas sola en casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”. Estos fueron omitidos por los jueces que finalmente liberaron al hombre y solicitaron al Ministerio de Educación que tome sanciones administrativas.

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El Gabinete Social del Gobierno, analizó el pasado viernes los resultados de la encuesta de pobreza, la reducción de los índices y la proyección de nuevas metas, como reducirla al máximo y eliminar la extrema pobreza o indigencia.

Entre las estrategias que acordaron para crear condiciones e impulsar a ese sector, se decidió conformar un Gabinete de Microeconomía, con el objetivo de poder revisar los datos de la pobreza y por qué ocurren estas situaciones. Esta reunión que estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, detectó que a partir de la segmentación de la población se observa un sector que registra menos crecimiento de ingresos.

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Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, mencionó que el objetivo es trabajar en políticas para impulsar el crecimiento de la clase media, con diferenciación de la rural y la urbana, que son los sectores en los cuales se observó un menor crecimiento en sus ingresos (3%), según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“La intención del presidente Peña es reducir aún más los niveles de pobreza y, principalmente, de pobreza extrema o la indigencia, se pretende llegar al 0%. Para el efecto, se creará una instancia de análisis y creación de las políticas, como una suerte de Gabinete de Microeconomía”, explicó Ruíz Díaz.

Asimismo, señaló que, al revisar los datos de pobreza, se encontraron tres elementos muy llamativos de la reducción. En primer lugar, en el grupo de personas más ricas se encontró que los ingresos crecieron 8%. Igualmente, entre las personas más pobres, los ingresos se incrementaron un 13%, y existen factores explicativos como el proyecto “Hambre Cero”, que generó mayores ingresos a los productores frutihortícolas.

“Se pudo comprobar que gracias a la política Hambre Cero, más la lucha contra el contrabando, los hogares tuvieron un incremento en sus ingresos de hasta un 500%, porque de vender tomates a un precio de entre 2.000 y 4.000 guaraníes el kilo, se llegó a vender a 9.000 y 10.000 guaraníes por kilo, y se observó lo mismo en varios otros productos. Esto explica la mejoría en el segmento de los menores ingresos que registraron el crecimiento del 13%”, explicó el titular del Indert.

Igualmente, favoreció a las poblaciones más vulnerables, la titulación masiva de tierras que permite al campesino acceder a créditos, la construcción de viviendas sociales, que está generando muchos empleos en zonas urbanas y rurales, la universalización de la pensión de los adultos mayores, entre otros. No obstante, señaló que llama la atención al grupo de expertos que, en la clase media hubo un crecimiento más lento.

“Esto quiere decir que, aparentemente, la macroeconomía está goteando de manera desigual, porque los de ingresos más elevados mejoraron un 8% y tiene que ver principalmente con los que se benefician de las condiciones macroeconómicas del Paraguay, que es una de las economías que más se destaca a nivel mundial y que más va a crecer. Tenemos el grado de inversión, sigue vigente la regla del triple 10 en los impuestos por 20 años (renta personal, IVA y renta empresarial)”, mencionó.

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La entrega de 9 mil títulos de propiedad en tan solo 18 meses en el gobierno del presidente Santiago Peña a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) se ha convertido en un récord histórico en nuestro país de profundas consecuencias positivas para la economía nacional y cam­pesina en particular.

La regularización por medio de documentos oficiales que mues­tran que la propiedad privada le pertenece a una persona conver­tida en propietaria se constituye para la economía –como en cual­quier lugar del mundo– en un incentivo para el desarrollo y en este caso concreto para las fami­lias en el campo.

La titulación de propiedades no es un tema a desconsiderar y así lo ha entendido el gobierno actual lle­vando a cabo una política en bene­ficio del campesino, esto es, de los verdaderos campesinos agriculto­res. Los campesinos agricultores son los que en verdad labran la tie­rra consiguiendo ingresos supe­riores por hectárea que en ningún modo se podría lograr sin la feha­ciente acreditación de la propiedad privada.

La misma reforma agraria, por cierto, carece de sentido sin el otorgamiento de títulos y la regu­larización de las posesiones. La reforma agraria no tuvo ni ten­drá éxito sin esta medida acertada como la que lleva a cabo el gobierno actual porque de no darse estas titulaciones masivas junto con el saneamiento de las posesiones, el campesino queda supeditado al derecho precario.

El derecho precario convierte al campesino en dependiente y subordinado a intereses contra­rios a su propia persona como ser humano y desestimula la produc­ción y la productividad puesto que al no contar con su título de pro­piedad tampoco accede a créditos para realizar mejoras en su fundo.

Esta medida del Gobierno, por ello, es en verdad la verdadera reforma agraria que a los seudoopositores no les agrada ni tan siquiera men­cionar como de hecho ocurrió días atrás durante la marcha que lleva­ron cabo. Y no lo van a mencionar porque saben que con las titulacio­nes récords desde el gobierno del presidente Peña se está logrando lo que nunca antes se hizo, esto es, elevar la autoestima personal y familiar del campesino agricul­tor promoviendo la producción y el comercio de los frutos de la tierra

Con nuevos propietarios en el campo, nuestros compatriotas tie­nen una oportunidad que antes no tenían; la de poner fin a la his­toria de violencia de invasiones de tierras azuzadas por violentos que gritan las ideas fracasadas del colectivismo usando a sus próji­mos como carne de cañón para seguir con su “revolución” de mise­ria y mendicidad.

Sin embargo, es con las titulaciones masivas de propiedades como las que lleva a cabo el gobierno del pre­sidente Santiago Peña que se hace realidad la verdadera reforma agra­ria y se empieza así a romper con el círculo vicioso de la desinversión, la pobreza y el desempleo en el campo.