Ciudad del Este. Agencia Regional.

Productores de zapallo de Ñacunday se preparan para concretar la primera exportación que, en este caso será al Uruguay. Para ello existe un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (Senave) para la fitosanidad de la producción, de acuerdo a la exigencia del mercado uruguayo.

Así manifestó a La Nación/Nación Media, el ingeniero agrónomo Guido Servían, del Senave, sobre el trabajo que se viene realizando en 25 hectáreas de zapallo, pertenecientes a 12 productores organizados en la Asociación de Productores Ponta Jovai, de Lomas Valentinas. Informó que por hectárea producen un promedio de 15.000 kilos.

“Uruguay exige que el producto sea libre de una especie de mosca llamada anastrepha grandis, para que puedan recibir la producción nuestra; en tal sentido estamos haciendo el seguimiento con los trabajos técnicos y de laboratorio para lograr el objetivo”, explicó el funcionario del Senave.

Por su parte, Juan Bosco Gómez Cáceres, miembro de la asociación, informó que el 30 de abril se reunirán con el empresario que compraría los zapallos, una vez completado los requerimientos. Mencionó que varios de los productores ya están con las hortalizas listas para ser comercializadas.

“Nos estamos preparando para la exportación a la República Oriental del Uruguay. Ya el año pasado tuvimos el proyecto de exportar, pero en la total ignorancia sobre el proceso fitosanitario que debíamos hacer”, expresó el productor.

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Indicó además que “esta vez el representante de la empresa se va a reunir con nosotros, comercializaremos directamente con el mercado uruguayo”. De la reunión también participará la empresa contratada por la firma compradora para el transporte de los zapallos.

“Lo que buscamos es buen precio, cuesta la producción, desde la preparación de la parcela para sembrar, lo que incluye fertilizantes, fungicidas, insecticidas, la semilla que no está tan barata, un paquete de semillas cuesta 1 millón de guaraníes y se necesita como mínimo tres paquetes para una hectárea de siembra”, explicó Juan Gómez Cáceres.

El productor dijo que buscan “nuevos mercados para que haya competencia”, además de mencionar el perjuicio que les ocasiona el contrabando. “El contrabando afecta considerablemente los precios”, remarcó el productor de Ñacunday.

En lo que respecta a Alto Paraná, cinco productores de Juan León Mallorquín, con un total de 35 hectáreas de cultivos de zapallo, también son parte del proyecto de comercialización al Uruguay, al igual que unos diez agricultores de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, según el ingeniero Guido Servían.

• Por hectárea los agricultores producen un promedio de 15.000 kilos de zapallo.
• Los productores buscan “nuevos mercados” para una mayor competencia.
• Un paquete de semillas de zapallo tiene un precio de 1 millón de guaraníes.

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La Guerra de la Triple Alianza dejó a Paraguay una serie de secuelas que con los años y el esfuerzo de la ciudadanía y autoridades de la época se fueron subsanando. En el marco de esta realidad es indiscutible como gran parte de ese trabajo de reconstrucción se vio impulsado por acciones claves como la firma del Tratado de paz, amistad y renuncia del pago de gastos de guerra entre las repúblicas de Paraguay y Uruguay el 20 de abril de 1883.

Con la firma del mencionado tratado se llegaba a un entendimiento a través del cual se declaraba nulo y sin ningún valor el proyecto de Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de diciembre de 1873 (también conocido como Tratado Miranda-Sienra Carranza), ratificándose la renuncia formal al cobro de los gastos de guerra, equivalente a la suma de 3.690.000 pesos.

En el Tratado Miranda-Sienra Carranza, la República del Paraguay reconocía como “deuda suya” el importe de los gastos de guerra hechos por la República Oriental del Uruguay para la campaña guerrera de 1865-1870 y debían ser cubiertos los “daños y perjuicios irrogados por la guerra, a los ciudadanos y demás personas amparadas por el derecho de la República Oriental del Uruguay”.

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En conversación con La Nación/Nación Media, el exembajador del Uruguay en nuestro país, Federico Perazza, recordó este hecho largamente estudiado como una práctica poco común, pero que sin ninguna duda sentó un precedente en las relaciones amistosas entre ambos países vecinos.

“Hay que recordar que en nuestro continente, en el transcurso del XIX, la práctica de condonar deudas de guerra a través de tratados no era algo usual. Muy por el contrario, en el mencionado siglo, los tratados contemplaban deudas y gastos de guerra, reflejando de manera concreta los intereses políticos, económicos y estratégicos de la época, en ese contexto particular de formación de nuevos Estados independientes y de frecuentes conflictos bélicos entre naciones”, remarcó Perazza.

El diplomático explicó que el presidente de aquel momento del Uruguay, el general Máximo Santos, empieza a emitir leyes por las que la nueva reconfiguración departamental del país abreva en figuras trascendentes de su historia y, por supuesto, se ve ante una época en que había que repensar la relación con el Paraguay después del desastre de la guerra grande.

“Parecía, pues, que en este contexto histórico tan particular algunas acciones internas iban a permear medidas de política exterior, sobre todo aquellas relacionadas con la paz con sus vecinos. Entiendo que ese momento había llegado y con él intentar la reconstrucción de relaciones a través de la formalidad de un tratado vinculante que abordara la paz definitiva y todo lo que ella conlleva para su perpetuidad”, indicó Federico Perazza.

Al analizar la firma de este tratado, el diplomático enfatizó que en las negociaciones llevadas adelante por el representante paraguayo, el canciller José Segundo Decoud, y por el enviado especial de la República del Uruguay, Ernesto Kubly, se pudo advertir la postura receptiva, solidaria y conciliadora del Uruguay, que era ni más ni menos que la posición pragmática del general Máximo Santos sintetizada en su frase “el Paraguay no nos debe nada”.

“El perdón de la deuda paraguayo fue una alta inspiración del general Santos. Los miembros del gabinete paraguayo aspiraban a dicha exención que, a no dudarlo, tenía una gran importancia para las finanzas de su país, y complacerlos era una medida de elevada política. Los pequeños estados americanos hallarían su salvaguardia en la práctica de los grandes principios que niegan el derecho de la fuerza”, enfatizó Perazza.

Tras la firma de este tratado, La Plaza San Francisco en Asunción fue renombrada como “Plaza República Oriental del Uruguay”, conocida como Plaza Uruguaya. Así también el General Santos fue honrado con la ciudadanía paraguaya y el nombramiento como General honorífico de los ejércitos de Paraguay. Y en 1885 se vivió la devolución de los trofeos de guerra por parte del gobierno del Uruguay.

De esta manera, Paraguay lograba con Uruguay la condonación de su deuda de guerra, algo que no había podido lograr con Brasil en 1872 ni tampoco con Argentina en 1876. Con Argentina se debió esperar hasta 1942 para que el Gobierno de Ramón Castillo y su parlamento sancionaran la ley 12.747 que renunciaba al cobro de la misma y con Brasil en 1943, bajo la presidencia de Getulio Vargas, se hizo lo propio.

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• Carlos A. Primo Braga
• Profesor de la Fundación Dom Cabral, Brasil

El 2 de abril (denominado Liberation Day por el presidente Trump), el Gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles recíprocos que afectan a cerca de 185 países. A partir del 5 de abril, se sumaron aranceles del 10 % a los ya existentes, y desde el 9 de abril deberían imponerse aranceles adicionales a los países considerados como los peores infractores, con base en una “evaluación” sobre cómo sus políticas afectan las exportaciones estadounidenses.

Los mercados financieros en todo el mundo, y particularmente en EE. UU., reaccionaron de forma dramática en los días posteriores al anuncio. El índice NASDAQ, por ejemplo, que refleja el desempeño del sector tecnológico, cayó alrededor de un 9,8 % en los dos días siguientes, una corrección significativa en relación con su nivel máximo anterior.

Estos aranceles se suman a otros anunciados previamente por la administración Trump, dirigidos principalmente a China (incluyendo un arancel del 20 % como sanción por el comercio ilícito de fentanilo y aranceles del 25 % sobre automóviles, acero y aluminio). En síntesis, los productos chinos pasarán a enfrentar aranceles totales del 54 % (20 % vinculados al tema del fentanilo y 34 % por el cálculo de reciprocidad) y, en algunos casos, específicos (como los automóviles, considerados una amenaza a la seguridad nacional), los aranceles podrían alcanzar hasta un 79 %. China respondió con una tarifa adicional del 34 % sobre exportaciones estadounidenses. Posteriormente, el gobierno de Trump reaccionó a esta decisión imponiendo un arancel adicional del 50 % sobre productos chinos el 8 de abril.

El cálculo de los aranceles recíprocos por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fue recibido con escepticismo y críticas sobre la arbitrariedad del método utilizado. La fórmula adoptada se basa, esencialmente, en dividir el déficit comercial de EE. UU. en bienes con cada país entre el valor de las importaciones provenientes de dicho socio comercial, como una proxy de un arancel que equilibraría los flujos comerciales. La fórmula también incluye en el denominador una estimación de la elasticidad de las importaciones respecto a los precios y de los precios respecto a los aranceles; sin embargo, al haber asignado arbitrariamente los valores 4 y 0,25, el producto de dichas elasticidades es igual a 1. El valor resultante de esta división fue reducido a la mitad, según el presidente Trump, para reflejar la magnanimidad estadounidense. En el caso de países con superávit comercial con EE. UU. (como Brasil), así como en situaciones especiales (como Afganistán), se estableció un arancel recíproco del 10 %.

El 9 de abril, el presidente Trump anunció una pausa de 90 días en la implementación de estos aranceles para la mayoría de los países, con excepción de China. Para los países que no respondieron con represalias, solo se aplicará el arancel adicional del 10 % hasta junio. En el caso de China, sigue vigente un arancel acumulado del 145 %, mientras que para Canadá y México se aplicarán aranceles del 25 % sobre productos que no cumplan con las normas del acuerdo USMCA (que sustituyó al NAFTA). China respondió de inmediato, elevando sus tarifas a un 125 % sobre productos estadounidenses.

El arancel medio en EE. UU. se incrementará a aproximadamente un 22,5 %, con picos importantes para ciertos países (como China) y productos. Este nivel remite a lo ocurrido en la década de 1930 y sus consecuencias negativas para la economía global. Asimismo, la lógica de la fórmula (centrada únicamente en el comercio de bienes, ignorando los servicios donde EE. UU. suele registrar superávit), la elección arbitraria del año 2024 como base para los cálculos —a pesar de que los déficits comerciales varían con el tiempo—, el desconocimiento de las estructuras proteccionistas de los socios comerciales, y las causas macroeconómicas de los desequilibrios en la balanza de pagos (como el desajuste entre ahorro e inversión) han sido señalados como puntos críticos de esta metodología.

Para los países del Mercosur, hay tanto buenas como malas noticias. Es cierto que los miembros del bloque fueron “beneficiados” con un arancel recíproco mínimo del 10 %, muy por debajo del promedio general y de los valores máximos aplicados a otros países. Sin embargo, el impacto puede ser perjudicial, no solo por los efectos sobre los flujos globales de comercio (la Organización Mundial del Comercio —OMC— estima que estos aranceles podrían generar una contracción del 1 % en el volumen del comercio mundial en 2025), sino también por los desvíos comerciales que pueden surgir (como la redirección de exportaciones chinas hacia la región). No obstante, el “superarancel” y sus externalidades (como la adopción de medidas de represalia por varios países, especialmente China) pueden generar oportunidades para el agronegocio del Mercosur, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Desde una perspectiva estratégica, la política comercial de EE. UU. crea incentivos para una postura más favorable en relación con la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cabe destacar, sin embargo, que Argentina y Brasil mantienen visiones divergentes sobre el impacto de estas medidas. El presidente Milei, por ejemplo, ha expresado interés en ajustar la política comercial argentina y eventualmente negociar un acuerdo bilateral con EE. UU.

En resumen, las medidas adoptadas por EE. UU. pueden interpretarse como una decisión de facto de abandonar las normas de la OMC. Esto incrementará los niveles de incertidumbre en la economía global. El Programa “Parceiros para Excelência” PAEX de la Fundación Dom Cabral puede asistir a sus clientes en la navegación de este escenario incierto.

Los cancilleres de los países miembros del Mercosur anunciaron que se ampliará temporalmente la lista de productos con excepciones al Arancel Externo Común del bloque. Se incluirán hasta 50 códigos arancelarios en las excepciones, de tal modo que se pueda “hacer frente a los desafíos del actual contexto internacional”.

De acuerdo con el comunicado conjunto de los cancilleres, se dieron instrucciones a los respectivos coordinadores nacionales para implementar esta medida. Igualmente, se tratarán otras medidas durante la reunión del Grupo Mercado Común (GMC), prevista para el 23 y 24 de abril, y en una próxima reunión de cancilleres el 2 de mayo.

Los cancilleres se reunieron en Argentina, país que ostenta la presidencia pro tempore hasta julio. Participaron los ministros del país anfitrión, Gerardo Werthein; de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; de Brasil, Mauro Vieira; de Uruguay, Mario Lubetkin; y de Bolivia, Celinda Sosa, país recientemente incorporado como socio pleno.

Cabe recordar que días atrás el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció el aumento de aranceles comerciales para todos los países del mundo, con tasas que van del 10 % al 49 % en algunos casos, lo que ha creado una fuerte reacción en el mercado internacional. No obstante, el presidente Trump dio un golpe de timón el pasado miércoles en su guerra comercial con una “pausa” de 90 días en los aranceles aplicados a decenas de países, excepto a China, a la que se los sube al 25 %.