El presidente de la Cámara de Diputados Basilio “Bachi” Núñez aseguró que, desde el Partido Colorado, ni del movimiento Honor Colorado no van a propiciar algún proyecto de Ley que restrinja la labor de los periodistas. Recordó la lucha por la libertad de expresión y prensa y aseguró que este es un legado de la democracia que se debe mantener.

De esta forma respondió a los cuestionamientos que se están realizando al pedido de informes que ha solicitado la Comisión Permanente del Congreso a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), respecto al sobrevuelo de dron sobre la residencia del presidente Santiago Peña en San Bernardino.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara Alta, el legislador explicó que no está muy bien enterado sobre de cómo fue debatido y aprobado el pedido de informe; no obstante, señaló que es de la opinión de que la zona donde reside el presidente de la República debería contar con cierta seguridad. Explicó que de no tomar las medidas, personas particulares mal intencionadas podrían sobrevolar la zona donde reside el jefe de Estado y su familia.

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“Ya estuve mirando legislación comparada y en el caso de los jefes de Estado, o en el caso de parlamentarios, ministros de la Corte, creo que se tiende a tener la cautela respectiva. y en su momento, debatir si conviene o no legislar al respecto, como en otros países. Por el momento, no quisiera ahondar en el tema porque desconozco la parte jurídica de lo que pasó, lo mismo de lo que le compete al Regimiento Escolta Presidencial”, expresó.

Remarcó que como legislador está totalmente de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de trabajo de la prensa y que los medios comuniquen. Así también, la clase política debe tener la posibilidad de poder rebatir aquellas informaciones que no se ajusten a la verdad. Recordó que en la actualidad existen otros medios para dar a conocer la postura personal, como las redes sociales, que se pueden utilizar para expresar igualmente lo que se considere pertinente, aseguró.

Aclaró que las declaraciones que pudieran realizar los legisladores en estos momentos lo están haciendo a título personal, atendiendo a que el comando de Honor Colorado no se reunió aún este año, ni tampoco se debatió estos asuntos entre los miembros del movimiento oficialista.

“Son opiniones totalmente particulares, ya lo había dicho hace como dos meses, es que de ninguna manera nosotros vamos a propiciar desde el Partido Colorado un proyecto de Ley que restrinja la actividad de los trabajadores de prensa, de los medios de prensa, así como tampoco restringir la posibilidad de expresión de los ciudadanos”, enfatizó.

Ante la insistencia por las declaraciones en redes sociales del diputado colorado Rodrigo Gamarra, el legislador remarcó que son opiniones muy personales y se debería consultar a él para saber lo que específicamente plantea.

“Yo creo que no está en línea con lo que piensa la mayoría de los que somos integrantes del movimiento Honor Colorado. Se luchó para tener libertad de prensa, libertad de expresión, entonces, es un legado que la democracia nos deja y tenemos que mantener”, acotó.

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La oposición vuelve a la calle este jueves para marchar contra la investidura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una jornada de mucha tensión que parte con la promesa de María Corina Machado de salir de la clandestinidad y encabezar un “día histórico”.

El chavismo convocó igualmente a una manifestación paralela para apoyar a Maduro, que el 10 de enero asumirá su cuestionado tercer período consecutivo de seis años, en medio de una nueva ola de detenciones de opositores y dirigentes de la sociedad civil.

Machado acusa a Maduro de “robar” las elecciones del 28 de julio y reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia, que llega a República Dominicana para la última escala de una gira con destino incierto: quiere volar a su país para asumir el poder, pero el plan luce improbable.

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“Yo no puedo garantizar el día o la hora, puede ser antes, durante o después del 10 de enero, pero va a pasar”, dijo Machado en una rueda de prensa el martes. “Esa tiranía va a salir y Venezuela va a ser libre”, sostuvo.

La protesta opositora desafía el miedo instaurado en julio, después de una brutal represión a las manifestaciones que estallaron después de anunciada la proclamación del gobernante izquierdista, con saldo de 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 fueron detenidos.

Hay cuatro puntos de concentración en la capital. Por seguridad, Machado no reveló desde cuál partirá. “Yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico”, dijo Machado el lunes en una entrevista con la AFP. Maduro, en el poder desde 2013, anunció un “plan de defensa” con el despliegue masivo de militares y policías.

El centro de Caracas, donde se encuentra el palacio presidencial y la mayoría de las sedes de los poderes públicos, está tomado desde la semana pasada por centenares de agentes de seguridad fuertemente armados.

El gobierno, que suele denunciar planes para derrocar a Maduro desde Estados Unidos y Colombia, anunció la captura de siete “mercenarios”, entre ellos dos estadounidenses: “un alto funcionario del FBI” y “un alto funcionario militar”. “Venían a desarrollar acciones terroristas contra la paz”, zanjó el gobernante en un acto oficial.

Desde el martes de noche se registró una ola de denuncias de detenciones, con al menos una decena de arrestos. Figuran entre los capturados Carlos Correa, reconocido activista dedicado a la defensa de la libertad de expresión, y Enrique Márquez, un candidato opositor minoritario en los comicios presidenciales que impugnó sin éxito ante la corte suprema la convalidación que hizo de la reelección de Maduro. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo vinculó con el supuesto agente del FBI y con un plan de golpe de Estado.

El acto de investidura presidencial está previsto para el viernes 10 de enero al mediodía (16:00 GMT) en el Parlamento, que el chavismo controla. González Urrutia, que se asiló en España el 8 de setiembre tras una orden de captura en su contra, ha dicho que quiere volver a Venezuela para asumir el poder.

Cumple una gira que lo llevó a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden y representantes de su futuro sucesor, Donald Trump. Luego fue a Panamá, país al que entregó en custodia las actas emitidas por las máquinas de votación que colectaron para probar la victoria opositora, y que el chavismo tacha de forjadas.

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“Son esas actas mi verdadera banda tricolor presidencial”, dijo el opositor en Ciudad de Panamá. La última escala es República Dominicana, donde tiene previsto un encuentro con el presidente Luis Abinader, antes de evaluar la posibilidad de un vuelo de una hora a Caracas. Según Cabello, Márquez proponía juramentarlo en una embajada venezolana en el extranjero.

De cualquier forma, las autoridades venezolanas -que ofrecen 100.000 dólares por su captura- ya advirtieron que si llega al país “será detenido inmediatamente” y sus acompañantes internacionales tratados como “invasores”.

Fuente: AFP

El pasado 12 de diciembre el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, firmó la resolución N° 2771 por la cual se reivindica el derecho de los beneficiarios de la reforma agraria, que se dedican a la actividad agropecuaria de forma directa y como actividad económica principal. Mediante este documento se establecen criterios y mecanismos para la adjudicación del inmueble a los beneficiarios.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruíz Díaz explicó que están en un proceso para restituir derechos de personas a quienes se les fue negada la posibilidad a ser propietario titular de las tierras en el marco de la reforma agraria, Debido a una mala interpretación de la legislación.

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Al respecto, señaló que observando la Ley 1863 del año 2002, en su artículo 16, inciso d; se establece quiénes pueden ser beneficiarios de la reforma agraria. Mencionó que en el criterio se menciona que “todas aquellas personas que se dediquen de manera directa a la agricultura y cuyo ingresos provengan de la mismas”. Ahora bien, explicó que este artículo no establece ninguna prohibición, solo señala que deben depender de la agricultura.

“En su momento, las diferentes administraciones entendieron que se debía reglamentar este aspecto. Entonces se establecieron algunos criterios que llegaron en algunos momentos a rayar la racionalidad. Poniendo un ejemplo, dijo que si alguien figura en el IPS, no se puede dedicar a la agricultura porque cuenta con una pensión. Entonces, al figurar en IPS ya no importaba si estuvo 30 años en la colonia cultivando, ya era beneficiario para recibir el título. Esto fue un error grave”, explicó.

De igual modo, señaló el caso de algunos docentes, enfermeros, que figuraban como funcionarios públicos con rubros de los respectivos ministerios, tampoco podían acceder a un inmueble porque se interpretaban que sus principales ingresos no provenían de la agricultura sino del rubro que recibía del Estado.

“Con estos criterios se les estaba negando, a docentes o personas que nacieron en una colonia, que vivieron con sus padres, abuelos; pero que lograron un estudio superior y conseguir algún rubro como docente por ejemplo, aunque ejercían su profesión en la colonia ya se les negaba el derecho a acceder al título de propiedad del inmueble”, explicó.

El titular del Indert lamentó que por muchos años se manejaron estos criterios, que claramente eran inconstitucionales, porque se les negaba el derecho de acceso a la tierra.

“Otro de los criterios que considero más aberrante incluso, es el que decía que si tenía RUC, no se le podía entregar un título de propiedad, porque el argumento era que su actividad e ingreso venía de un negocio. Entonces, con este criterio se decía que en la colonia no podía haber ningún comercio legal y que para abastecerse de alimentos, como galletas tenía que viajar 15 kilómetros”, cuestionó.

Al respeto, señaló la incoherencia en la interpretación de la legislación; ya que desde hace tiempo el gobierno de Paraguay estuvo impulsando fuertes campañas de formalización pidiendo a los negocios, comercios, que se formalicen. Mientras que por el lado del Indert, a partir de una resolución reglamentaria, le negaba el derecho a acceder al título de propiedad.

“Son injusticias que por años se tuvieron, que hoy justamente vinimos a la colonia Nueva Germania, para analizar dos casos en particular y observar el grado de injusticia que se cometieron encontramos a dos mujeres docentes, a quienes en reiteradas ocasiones se les negó el título de propiedad. Ellas llegaron a la colonia con 16 y 18 años, con sus familias, luego comenzaron a estudiar, hoy cuentan con dos postgrados y trabajan en la comunidad y aun así se les negó reiteradas veces el título de propiedad”, indicó.

Durante la visita corroboraron que una de las docente cuenta con 14 hectáreas y la otra con 16 hectáreas de tierra, en la que desarrollan no solo la parte de agricultura, sino además apiculutra, ganado menor, producen, queso, huevo. “Incluso hicimos el cálculo de sus ingresos y en uno de los casos, encontramos que una de las docentes el 60 % de sus ingresos mensuales proviene de su actividad agrícola. Lo que vemos es que anteriormente no se hacía estos cálculos, sino que directamente por tener rubro del MEC ya se les negaba el título”, precisó.

Resaltó además, que en estos dos casos, encontraron la característica de que además de ser docentes, agricultoras son madres solteras y cabeza de hogar. Indicó también que hicieron consultas a la comunidad, con varios testigos asegurando que las docentes aportan al desarrollo de la comunidad.

“Tomamos estos dos casos de manera experimental para ver si estábamos en lo correcto. Detrás de estos dos casos, tenemos muchísimos otros de derechos denegados. En el Indert tenemos aproximadamente unas 300 carpetas rechazadas por diversos motivos”, acotó.

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Desde el Consejo de Defensa Nacional (Codena), encabezado por el contraalmirante Cíbar Benítez, se garantizó que la Administración de Control de Drogas (DEA) continuará contribuyendo con el gobierno del presidente Santiago Peña en el combate contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

“La presencia de la DEA es fundamental, la lógica es que necesitamos esa cooperación. Lo que se hará es potenciar y reforzar su presencia en nuestro país. No hay una ruptura”, manifestó en una conferencia de prensa realizada este mediodía en el Palacio de López tras concretarse en la fecha su sesión con la presencia de Peña, quien lidera el Codena.

En la ocasión el ministro aclaró que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a cargo de Jalil Rachid, seguirá recibiendo la cooperación de la citada agencia del departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando, el consumo de drogas y el lavado de activos.

Benítez detalló que desde el Codena se apunta a una reestructuración sobre la asistencia recibida por parte de la DEA. Agregó que en el marco de este proceso el ente antinarcótico de Paraguay pasará a integrar el órgano asesor y consultivo del mandatario en materia de defensa nacional.

“Nosotros como país soberano hemos de consolidar la reorganización tal como creemos que será más efectiva en el ámbito operativo. La DEA trabajará conjuntamente con todas las instituciones que tengan que ver con seguridad y defensa. Recurrimos al concepto de soberanía en el sentido de que nosotros queremos organizarnos internamente para aprovechar mejor su presencia o de cualquier organismo internacional que quiera alinearse con el Paraguay en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, dijo.

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El funcionario de Estado acotó: “El ministro de la Senad pasará a formar parte del Codena, ya que hasta hoy en día esta institución esta fuera del Codena, es decir, definitivamente la lucha contra estos flagelos va a seguir fortaleciéndose”.

Actualmente el Codena se encuentra conformado por el presidente de la República, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el oficial general que ejerce el cargo más elevado dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación, el ministro de Inteligencia y el secretario permanente del citado órgano asesor y consultivo.

“Definitivamente puedo asegurar que la Senad estará trabajando con la DEA, hasta incluso liderando (el proceso de reestructuración). Estamos visando un nuevo convenio donde nosotros en coordinación con ellos pongamos las condiciones para que se tenga un mejor resultado. Hay un equipo formado por quienes somos parte del Codena para seguir con esta negociación con la DEA”, mencionó.

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