La disidencia colorada no logró tapar la grieta generada en el sector en la puja entre los aspirantes a la intendencia de Asunción, el senador Arnaldo Samaniego y el diputado Daniel Centurión, tras un acercamiento para negociar una candidatura única, en medio de acusaciones y agravios, en que el abdismo habría rechazado las condiciones impuestas por los Samaniego.

Desde el movimiento Causa Republicana, liderada por la senadora Lilian Samaniego, exigieron al movimiento Colorado Añetete, comandando por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, que la candidatura única para la intendencia capitalina sea cedida a Arnaldo Samaniego.

A la par, exigieron al abdismo que la disidencia instale la figura de Lilian Samaniego para la vicepresidencia de la República en las elecciones generales del 2028. A cambio, los hermanos ofrecieron a Centurión un eventual lugar en el Senado.

Las exigencias fueron realizadas en un encuentro reciente que duró más de cinco horas entre los Samaniego, Centurión, Abdo Benítez y el también senador Luis Pettengill, con la ausencia del presidenciable Arnoldo Wiens, hecho que evidenció su rechazo hacia el fracasado intento de pacto.

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Desde el abdismo calificaron los requerimientos como excesivos y alegan que solo constituye un intento de concentración de poder más que la búsqueda de unidad en la disidencia para enfrentar el 7 de junio al precandidato del movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, en las internas partidarias.

El pasado 22 de febrero, Centurión tildó a Arnaldo Samaniego como una “decepción política” y lo acusó de maquillar las encuestas a su medida. A la vez, manifestó que los hermanos Samaniego buscan espacios de poder supuestamente para realizar negociados.

“Arnaldo Samaniego para mí es una decepción política. Hay que mirar a ese equipo (movimiento Causa Republicana) y preguntarse qué es la disidencia. La disidencia es la confrontación dialéctica con el oficialismo colorado, la defensa de banderas, principios y valores, ese es el concepto político”, indicó Centurión en una entrevista con la 1020 AM. “O defienden una causa o solo buscan espacios de poder para hacer negocios y ganar plata”.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este miércoles la ley de la reforma de la Caja Fiscal, tras la sanción con modificaciones en la Cámara de Diputados.

La legislación establece el marco normativo general del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, cuyo tratamiento inició en la Cámara Baja durante el receso parlamentario.

El mismo mandatario oficializó la información a través de una publicación en su cuenta de “X”.

“He promulgado la ley de reforma de la Caja Fiscal, una decisión responsable y necesaria para proteger la jubilación de miles de paraguayos, hoy y en el futuro”, señaló.

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El gobernante fundamentó que esta reforma permite dar sostenibilidad al sistema, ordenar las cuentas públicas y garantizar que cada trabajador reciba lo que le corresponde.“Quiero agradecer a los diputados y senadores por el debate democrático que permitió enriquecer esta ley. Y destacar especialmente a @pedroalliana, cuyo rol de articulación fue clave para avanzar con responsabilidad”, subrayó.

El jefe de Estado también agradeció a los gremios y funcionarios que se involucraron y aportaron en este proceso, poniendo por delante el interés del país.“Estamos tomando decisiones que cuidan el presente, pero sobre todo que aseguran el mañana de nuestros jubilados”, puntualizó.

El presidente Peña dio trámite inmediato al promulgar la Ley 7633 en menos de 48 horas de su sanción en el Congreso Nacional.

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Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora Lizarella Valiente solicitó transparencia a las autoridades de Autores Paraguayos Asociados (APA) y señaló que recibe denuncias de posible mal manejo de los recursos en detrimento de los artistas.

Solicitó a estos organismos de gestión a favor de los artistas que realmente trabajen por y para sus asociados. Lamentó que el dinero que se cobra por los derechos de autor no está llegando a los músicos que pasan penurias.

Indicó que esa carga impositiva del 5 % no estaría llegando ese porcentaje a los artistas. Esto se recauda sobre los artículos y dispositivos electrónicos que emiten audiovisuales como celulares, computadoras, tablet; sumado al derecho intelectual que cobran una tasas por la reproducción de las músicas, cumpliendo con el derecho intelectual del intérprete.

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“Las personas que están a cargo de estas entidades de gestión están teniendo muchos cuestionamientos y ese dinero no le está llegando a ese autor, a ese músico, y pongo nomás de ejemplo el hecho que nosotros nos pasamos dando pensiones a músicos que luego fallecen en la indigencia. Eso no puede ser posible si existe y está funcionando, respetando el cobro de esas tasas”, cuestionó.

Indicó que tiene conocimiento de que se está realizando el cobro de esos cánones por difusión de la música, incluso, cuando se organiza alguna actividad en una casa particular. Pero a la vez recibe información de varios artistas cuyas canciones se han vuelto populares en redes sociales, sin embargo, el artista no está cobrando nada.

“En nombre de todos los músicos asociados a la APA que hoy tienen estos cuestionamientos hacia los directivos, insto a la Justicia, a los fiscales, al Ministerio Público a investigar estos hechos. Si no hay nada, genial, en hora buena. Pero que se aclare este caso”, concluyó.

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Con el voto en negativo de 23 senadores y solo 6 votos a favor y 6 abstenciones, quedó rechazado el pedido de pérdida de investidura contra el senador Javier “Chaqueñito” Vera, solicitado por la senadora Yolanda Paredes y otros legisladores de la oposición. El documento fue remitido al archivo.

En sesión extraordinaria, el plenario puso a consideración el único punto, que fue la pérdida de investidura por el supuesto uso indebido de influencias en la adjudicación de una vivienda del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Al respecto, el líder de la bancada de Honor Colorado, el senador Natalicio Chase, expresó que el pedido de pérdida de investidura de Javier Vera, tras la adjudicación de un departamento dentro del sistema habitacional de viviendas económicas del MUVH, responde meramente a una persecución política “sin pruebas”, con el objetivo de golpear políticamente a uno de los ministros “más efectivos” del gobierno del presidente Santiago Peña.

“Esto es meramente oportunismo político porque cuando conviene se exige constitucionalidad. Pero el objetivo es golpear políticamente e instalar sospecha y generar una condena anticipada, no solo de un senador nacional que no está en la fila de la oposición, sino también al ministro político tal vez más importante y más efectivo del gobierno de Santiago Peña. Es una intención política que no esconde su único objetivo que es recuperar una banca a fin de la persona que hizo la denuncia”, comentó.

Al inicio de la extraordinaria, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicitó que el pleno de la Cámara Alta se constituya en Comisión y proceda primeramente al debate del proyecto de resolución en cuestión, atendiendo que no contaba con el dictamen correspondiente. Explicó que, en este estadio, corresponde escuchar la acusación y posteriormente la defensa, antes de emitir el dictamen de la comisión.

A su turno, la senadora Lizarella Valiente cuestionó que se acuse de supuesto tráfico de influencia y exigió la presentación de dichas pruebas, ya que su colega Vera ha reunido todos los requisitos para acceder al crédito para la vivienda y pagarla en cuotas.

“Como ciudadanos tenemos derecho a acceder a los programas que el Estado ofrezca, siempre y cuando se reúnan los requisitos. Uno de los requisitos es no poseer ningún bien a su nombre, entre otras cuestiones. Hablan de tráfico de influncia, dónde están las pruebas de que efectivamente hubo algún tipo de tráfico de influencia. Si hoy uno quiere acceder a tener un vehículo o una vivienda tiene que solicitar un préstamo, y ahora por ser senadora no puedo acceder a préstamos”, cuestionó.

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