El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con una nueva administración logró recaudar en 100 días un total de G. 10.000 millones tras la polémica causa judicial que aún enfrenta su extitular Mario Vega, imputado por lesión de confianza, cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios luego de una investigación de la Fiscalía por denuncia de coimas de US$ 200 mil para trámites de títulos y el desembolso de dinero a la Fundación Cerro León.
“El presidente me ha encomendado levantar la imagen institucional y transparentar la gestión a raíz de hechos que se sucedieron con anterioridad. En estos 100 días de gestión hemos recaudado unos 10.000 millones de guaraníes, eso demuestra que el Indert está llegando a la gente con los títulos y está llegando con credibilidad. Nuestro compromiso es recuperar la confianza de la ciudadanía, el sector campesino y los gremios para que sea un éxito nuestro trabajo”, dijo la titular del ente, Gail González.
Por otra parte, dijo que actualmente cuenta con 535 títulos finiquitados para entregar a las familias en diferentes colonias del país, a la par de indicar: “hemos relevado los datos de 2 colonias muy grandes. Tenemos 524 adjudicaciones que ya firmé y hay 645 expedientes para titulación y tenemos 5 planos aprobados por el Catastro Nacional, además de otros planos de colonias en proceso de aprobación en el Registro Público”.
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“Hay un robo asqueroso”, dice exdiputado liberal sobre gestión de Pereira en Itapúa
El exdiputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Ortiz, lanzó duras críticas en contra del gobernador de Itapúa, Javier Pereira, a quien señala por hechos de corrupción en su administración y quien además tendría causas abiertas en el Ministerio Público por hechos punibles graves que lo vincularían con el narcotráfico y tráfico de armas.
“Nos estamos quemando los liberales con esta clase de administración, le ofrecimos a la ciudadanía algo diferente y somos peor que cualquier administración. Acá hay un robo asqueroso y no lo digo solo yo, está todo en las redes sociales, no sé qué pasa con la Fiscalía y la Contraloría”, cuestionó el exlegislador ante la 650 AM.
De acuerdo a lo que mencionó Ortiz, la empresa de la familia de Pereira es una de las proveedoras de la Gobernación. La firma se dedica al rubro de venta de plásticos y envases, no obstante presta servicios de flete a la administración departamental y esto, cuando Itapúa cuenta con camiones, por lo que en teoría, esos servicios contratados no serían necesarios.
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“Yo le pido disculpas a la ciudadanía, nosotros pedimos votos para el gobernador Pereira, y hoy puedo decir que nosotros no sabíamos que él estaba con una causa abierta por enriquecimiento ilícito, por narcotráfico, tráfico de armas y compañía, creo que nos anestesiaron en ese aspecto, de lo contrario no le íbamos a permitir llegar ni siquiera a mi casa”, aseveró.
Al mismo tiempo, cuestionó la poca difusión que se le da en la prensa de Itapúa a las irregularidades que se cometen tanto en la Gobernación como en la intendencia de Encarnación, en manos del también liberal Luis Yd. “Yo no sé si la prensa acá está anestesiada o lubricada”, refirió e indicó que existe persecuciones a quienes se animan a criticar.
“Te dicen que sos cartista, que tenés que callarte y yo no quiero ser cómplice de algo alevoso porque se está robando en la Gobernación de Itapúa, nosotros ofrecimos una administración diferente, nosotros le mentimos a la ciudadanía”, lamentó.
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Imputan y piden prisión preventiva para suegro del sospechoso del crimen de María Fernanda
Este jueves, la fiscal Gloria Rojas confirmó que imputaron y solicitaron la prisión preventiva del suegro del principal sospechoso en el crimen de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo. Se trata de Ricardo Villamayor.
Remarcaron que las investigaciones en el caso son bastantes positivas y que esperan el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda donde fue hallada la moto.
La fiscal explicó que ayer se realizaron dos intervenciones muy importantes; una en el penal de Villarrica, donde se logró incautar la campera que llevaba el adolescente de 17 años cuando se trasladaba en la moto con la víctima, y otra en la vivienda donde se encontró el biciclo que está a nombre de Armando Silva, padre del presunto autor del crimen.
“Ayer se dispuso la detención de Ricardo Villamayor y hoy le tomamos su indagatoria. Se presentó la imputación y ya está a cargo del Juzgado de Paz de Garantía. Se solicitó la prisión preventiva del mismo. La caratula de la imputación es por frustración del tan sonado caso”, detalló Rojas.
Explicó que el caso de María Fernanda es muy conocido a nivel y que ninguna persona puede decir que tuvo desconocimiento. “Además, este hombre es alguien cercano al sospechoso y es por eso que también se le atribuye este hecho. Nadie puede alegar que no estaba en conocimiento por la magnitud del caso”, aclaró.
La fiscal refirió que más avances de la investigación no puede dar, pero que actualmente esperan el análisis de más cámaras de seguridad que puedan detallar más situaciones. “Se extrajeron imágenes del domicilio y también del otro lugar donde se allanó. Estamos esperando las diligencias técnicas que están realizando los investigadores”, manifestó.
Agregó que los padres del adolescente ya prestaron declaración y que ya consta en la carpeta fiscal. “Los padres ya estuvieron más de una vez en sede fiscal”, puntualizó.
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Conajzar recaudó G. 18.700 millones en mayo
El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, informó que la institución recaudó en el mes de mayo un total de G. 18.700 millones, lo que establece un nuevo hito en materia de ingresos.
Destacó que al inicio de la actual administración las recaudaciones estaban en el orden de los G. 11.000 y G. 12.000 millones, y que esta cifra récord registrada en mayo se está alcanzando con pequeñas intervenciones implementadas por la Conajzar.
“Nuestro fin máximo como ente regulador no es la recaudación, pero increíblemente al hacer los controles aumenta la recaudación”, dijo Liseras durante una entrevista en Paraguay TV, luego de una reunión con intendentes de varios municipios del país, este lunes, en la que socializó los alcances de la nueva ley 7438 que modificó varios artículos referentes al régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar.
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En la reunión con los intendentes, el presidente de la Conajzar afirmó que al contar con la prerrogativa de realizar incautaciones la recaudación de la institución irá aumentando hasta duplicar las cifras anteriores a la ley. Destacó que ese dinero ingresado no se utiliza para pagar sueldos o gastos superfluos, sino que se destina directamente a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).
Así también remarcó la corresponsabilidad de los intendentes en el combate a la explotación clandestina de juegos de azar, recordando que está prohibido terminantemente que menores de 18 años estén en salas de juego.
Por otro lado, informó que en el marco de una reestructuración del organigrama institucional, la Conajzar tiene previsto crear un departamento de lucha contra la ludopatía que trabajará de forma articulada con los municipios. “El fin supremo es la protección de los menores de edad para que no caigan en la ludopatía. Empecemos esta tarea, es de vital importancia para proteger a nuestros menores de edad”, expresó.
Con la nueva ley, promulgada en enero de este año, la Conajzar pasó a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y en conjunto adquirieron la potestad de incautar todos los materiales, enseres e implementos relacionados a hechos ilícitos.
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Caso Prieto revela incongruencia de la oposición y medios aliados
El caso de Miguel Prieto con una administración denunciada por corrupción desde hace varios años y actualmente sacudida con escandalosas revelaciones de mala utilización del dinero público sacó la careta a muchos políticos opositores que históricamente plantean eufóricos discursos contra el despilfarro, los privilegios en la función pública y el manejo discrecional de la cosa pública, pero ante la serie de evidencias contra el intendente esteño no tuvieron empacho en querer reorientar el foco de la cuestión para protegerlo.
Miguel Prieto le arrastró, le arrastra y seguirá arrastrando a muchos políticos afines a su línea. En el discurso, los opositores odian la corrupción, pero cuando se trata del equipo, no dudan en esquivar la mirada y buscar culpables donde sea. Después de todo, la mejor defensa es el ataque.
Si tomáramos los cuestionamientos de los charlatanes de siempre de la oposición y un sector de la prensa que funge de libre, mientras no se da por enterada de decenas de denuncias contra sus sponsors, Miguel Prieto hizo todo lo que sus aliados rechazaron siempre, al menos en los micrófonos.
Estos politiqueros y sus voceros desde medios aliados tenían un amor extraordinario a la Contraloría General de la República (CGR) cuyos informes usaban sistemáticamente para respaldar denuncias de corrupción contra sus adversarios.
Frecuentemente, recorren los medios para generar temas de seguimiento de publicaciones para mantener la agenda de su prensa amiga persiguiendo exclusivamente a un sector del partido colorado.
Sin embargo, en estas semanas, cuando la lupa del ente de control dejó ver las atrocidades administrativas de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este, la Contraloría se convirtió de héroe a villano y comenzaron a orquestar una campaña de desprestigio a la institución, principalmente contra la cabeza del organismo fiscalizador.
Aquellos que frecuentemente visitaban al contralor y no desaprovechaban cámaras para posar en publicaciones de su institución como muestra de apoyo a su gestión, hoy se revelan tirando todo tipo de improperios contra su persona, menos desmentir el detallado informe de irregularidades que argumenta el pedido de intervención de los municipios del Este y de Asunción.
No estaban ni están contra la corrupción, usan el discurso anticorrupción como estrategia de persecución para dejar en desventaja a sus adversarios políticos a quienes no pueden derrotar en las urnas.
La defensa a Prieto en algunos casos de forma alevosa, otras con evasivas y otras con el silencio cómplice embarra más a la oposición y a sus medios.
En olvido quedó la narrativa de indignación contra el nepotismo, el planillerismo, las licitaciones armadas a favor de los amigos, los sobreprecios, la coima, la falta de transparencia, el curso del dinero y el uso discrecional de los fondos públicos planteados en los informes de Contraloría, investigaciones fiscales de sonados casos como el de Tía Chela y el del humilde constructor de pozo artesiano fallecido hace un mes.
Excepto unos pocos, gran parte de la oposición quedó expuesta en su incoherencia y en su hipocresía. Capaz el caso Prieto era una de las últimas chances que tenían para reivindicarse, pero con la misma infructuosidad de siempre, demostraron que solo están para el ejercicio de la charlatanería.
La ciudadanía es testigo del ridículo espectáculo que vienen haciendo. Tirotean contra algunos políticos con parientes en el Estado pese a que muchos no son ordenadores de gastos en las instituciones donde prestan servicios sus familiares.
Prieto, sin embargo, contrató a la parentela en un ente donde el paga sueldos y firma los cheques como las incorporaciones, pero los suyos no se inmutan.
No se trata de justificar la práctica de ubicar parientes en el Estado. Se trata de coherencia, objetividad e igualdad al momento de cuestionar el uso de los recursos públicos. Difícilmente los impresentables de la oposición entiendan y manifiesten posturas más justas. De hecho, privan a la ciudadanía de llegar a la verdad de todo con lo intentos de frenar una intervención que dará la luz que se requiere en ambas administraciones municipales.
Mientras los oportunistas opositores se dediquen a sus intereses meramente políticos partidarios, seguirán siendo furgón de cola de sus adversarios de siempre y sin redituarle mayores provechos a este país