En la ciudad de Ñemby, pasajeros denunciaron que un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) discutió con el conductor de bus en el que viajaban y, en un momento de rabia, lanzó gas pimienta en el interior del mismo. Varias personas presentaron reacciones alérgicas y tuvieron que ser llevados hasta el hospital.

Según el reporte policial, el hecho se registró ayer viernes, en medio de un intenso tráfico en el centro de la ciudad de Ñemby. Los testigos denunciaron que el PMT detuvo al bus de la línea 15 y le pidió al conductor que se identificara, pero este se negó e iniciaron una acalorada discusión.

Los pasajeros también discutieron con el uniformado y le pidieron que libere el bus, porque estaban cansados y que ya querían llegar a sus casas. En un momento de furia, el hombre sacó el gas pimienta de su bolsillo y lo dispersó dentro del bus. Esto intoxicó a las personas y de las cuales seis fueron internadas.

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“Sacó un gas pimienta y tiró en el colectivo, tuvimos seis personas asistida en el Hospital de Ñemby entre ellas un menor de edad. Los demás pasajeros llegaron hasta la comisaría para radicar la denuncia”, expresó el comisario Feliciano Ferreira, en entrevista con canal Trece.

Resaltó que el caso se comunicó a la dirección de la Policía Municipal de Tránsito para que tomen los recaudos necesarios contra esta persona que cometió el hecho. Las personas presentaron ojos rojos, vómitos y mareos, todos formularon sus denuncias.

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Diez candidatos disputarán la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de agosto próximo, informó este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una lista de los que está ausente el expresidente Evo Morales.

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Morales, de 65 años, no pudo registrar su candidatura para el partido “Pan-bol”, porque el TSE anuló con anterioridad la personería jurídica de esta agrupación por incumplir la ley.

El exmandatario persistía en su candidatura, desconociendo un fallo de la justicia que impide más de una reelección presidencial. Morales gobernó tres veces entre 2006 y 2019.

El dirigente izquierdista apoya los bloqueos de caminos que se están llevando a cabo en todo el país desde el lunes como forma de protesta.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que el organismo no demostró la situación de Morales, por no tener partido. “El Tribunal Supremo Electoral decidió adoptar una decisión cancelando la personalidad jurídica de este partido” (Pan-bol), señaló.

En la lista de candidatos figura el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien rompió vínculos tanto con Morales, su mentor político, como con el actual mandatario Luis Arce, enfrentado a Morales, de quien fue ministro de Economía.

Rodríguez es el principal aspirante presidencial de un bloque de candidatos de izquierda que completan el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo (del Movimiento al Socialismo), y la alcaldesa de la ciudad de El Alto Eva Copa (del partido Morena).

Del Castillo reemplaza como candidato a Luis Arce, que declinó ir por la reelección, atosigado por protestas sociales a causa de una aguda crisis económica.

El bloque de la oposición de derecha está encabezado por el empresario Samuel Doria Medina (Unidad), el expresidente Jorge Quiroga (Libre) y el alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia).

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Una encuesta de principios de mes de la empresa Ipsos CIESMORI, difundida por el canal privado Unitel, descubrió que Doria Medina es primera con 19,1% de la intención de voto, seguida por Quiroga (18,4%), Rodríguez (14,2%) y Reyes Villa (7,9%).

Los cómicios se llevarán a cabo el 17 de agosto.

Fuente: AFP

• México. AFP.

Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.

Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.

“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.

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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.

En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.

La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.

Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.

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En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.

Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.

Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).

La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.

La elección también desafía la independencia de la justicia.

“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.

La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.

“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.

Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.

Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.

En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.

Venezuela elige este domingo a gobernadores y parlamentarios en unos comicios que vislumbran un triunfo aplastante del chavismo ante el llamado a la abstención de la oposición mayoritaria a 10 meses de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Poco más de 21 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 285 diputados a la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones, incluida por primera vez la representación de un estado recién creado para el territorio Esequibo en disputa con Guyana.

La encuestadora Delphos proyectó una participación de 16 %, la mayoría militantes del chavismo. El proceso abrió a las 6:00 (10:00 GMT) y en la primera hora la mayoría de los centros de votación en el centro de Caracas estaban desiertos, apenas un puñado de electores en fila. La imagen dista de las concurridas presidenciales del 28 de julio pasado.

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“Está vacío también por la hora”, dijo a la AFP Carla Romero, funcionaria pública de 52 años. “Es un proceso de participación ciudadana importante”, señaló por su parte Samadi Romero, estudiante universitaria de 32 años que votó por el hijo de Maduro para diputado y por otros dos candidatos del partido de gobierno, el PSUV.

Las urnas estarán abiertas hastas las 18:00 (22:00 GMT), aunque los centros deben permanecer operativos mientras haya votantes en fila.

La elección sigue a una ola de más de 70 arrestos, que incluyó al dirigente Juan Pablo Guanipa, un cercano aliado de la jefa de la oposición, María Corina Machado.

A todos los acusaron de pertenecer a una “red de terrorismo” para sabotear los comicios del domingo, que Machado tachó de “farsa” y llamó a no participar. Las denuncias del chavismo sobre planes conspirativos de la oposición con apoyo de Estados Unidos son cotidianas.

El gobierno restringió los pasos fronterizos terrestres y suspendió la conexión aérea con Colombia, que según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, fue usada por supuestos “mercenarios” para atacar el proceso electoral. Más de 400.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad fueron desplegados para la elección.

“Allá la ultraderecha que pretende amenazar al pueblo”, dijo Maduro el sábado en un acto oficial. “Este pueblo está seguro de su destino y lo va a demostrar” en la elección del domingo.

El chavismo tiene 253 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional, luego que la oposición se marginara de las pasadas legislativas en 2020. También controla 19 de las 23 gobernaciones actuales. Machado llamó a dejar “todos los centros vacíos” como parte de su reclamo contra el resultado de las presidenciales que asegura Maduro se robó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al presidente, proclamó vencedor a Maduro sin publicar el escrutinio detallado de la votación, como manda la ley. La autoridad alegó un jaqueo del sistema, que aseguró ahora fue blindado.

Las protestas tras la proclamación de Maduro dejaron 28 muertes y más de 2.400 arrestos. Una pequeña escisión de la oposición desconoció el llamado de Machado y participa este domingo. La encabeza el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien buscará un escaño en el Parlamento. “Hay que votar como un acto de resistencia”, sostuvo.

Para el Esequibo se elige al gobernador y ocho parlamentarios, que tendrán en principio un mandato simbólico, pues Guyana administra esta rica región de 160.000 km2.

El presidente guyanés, Irfaan Ali, denunció la elección como una “amenaza”, mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que lleva un caso relacionado con el diferendo, pidió a Venezuela abstenerse de celebrar estos comicios. Están convocados a votar poco más de 21.000 electores en centros ubicados en el estado venezolano de Bolívar (sureste), fuera del territorio en disputa.

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“Merecemos recuperar nuestro Esequibo”, expresó Misael Zapara en El Dorado, uno de los pueblos que votará por las nuevas autoridades. Guyana pidió a la CIJ que ratifique las fronteras establecidas en un laudo de 1899, pero Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido que anulaba ese fallo y sentaba las bases para una solución negociada.

Fuente: AFP