Ante el incremento sostenido de cuadros respiratorios en el país, el Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia de contar con la vacunación anual y mantener las medidas de higiene como herramientas claves para prevenir hospitalizaciones y complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.

El escenario epidemiológico actual muestra una alta circulación de virus respiratorios como metapneumovirus (33 %), rhinovirus (30 %), virus sincitial respiratorio (15 %), influenza A (15 %) —principalmente H1N1— e influenza B (7 %). Solo en la última semana, se registraron más de 43.000 consultas por infecciones respiratorias a nivel nacional, lo que representa un aumento del 2 % con respecto a la semana anterior y mantiene la curva de casos por encima del umbral de alerta.

Según los datos oficiales, 498 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), y un 27 % de ellas ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Lamentablemente, el 5 % de estos pacientes falleció. Los grupos más afectados son los niños menores de 2 años (31 % de los hospitalizados) y los adultos mayores de 60 años (26 %).

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A pesar del panorama preocupante, se destaca una disminución de hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio en lactantes menores de seis meses, lo cual se asocia a la inmunización con el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, aplicada en ese grupo etario desde principios del año.

No obstante, las cifras revelan que más del 94 % de los pacientes internados no contaba con la vacuna anual contra la influenza, lo que refuerza el llamado de las autoridades sanitarias a completar el esquema de vacunación, especialmente en poblaciones vulnerables.

Las autoridades instan a consultar los puntos habilitados de vacunación en el sitio oficial vacunate.gov.py.

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• Aplicarse la vacuna anual contra influenza y COVID-19.
• Inmunizar a lactantes con Nirsevimab contra el virus sincitial respiratorio (VSR).
• Acudir a la consulta médica ante síntomas respiratorios y usar tapabocas.
• Mantener la ventilación de los ambientes, evitar contacto con personas con síntomas y reforzar el lavado frecuente de manos.

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El abogado Ricardo Preda se refirió a la estrategia de la defensa del exmandatario Mario Abdo Benítez para desligarse formalmente de las supuestas cuentas bancarias que una investigación periodística de Argentina lo vinculan como presunto beneficiario final, con su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).

“Una manera correcta de solicitar información no es preguntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta porque la información que fue filtrada por un medio argentino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta", sostuvo Preda, este viernes, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en realidad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la respuesta es casi obvia, dirán que no”.

La estra­tegia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la canci­llería paraguaya y con la inter­mediación del cónsul honorario Luigi Piccollo, cónsul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado africano surge para confirmar o negar la existen­cia de cuentas bancarias abier­tas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.

La expectativa de la defensa es que Seychelles responda de manera categó­rica que no existe ninguna cuenta registrada a nombre de Mario Abdo. Esa declaración sería utilizada como prueba exculpatoria y replicada por medios afines al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una operación política promo­vida por el cartismo para dañar su imagen.

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Los fondos ocultos estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quiénes son los beneficiarios finales y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermediarias”, dijo.

Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacional, ya sea mediante la Fiscalía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligencia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.

“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expresidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patrimonio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy superior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresidente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.

El periodista argentino Luis Gasulla mediante un informe publicado en el portal de Periodis­moyPunto, con datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a la documentación refiere que Abdo Benítez y López Moreira poseen un total de USD 21 millones ocultos en las islas del océano Índico, frente a África Oriental (cerca de Madagascar).

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Mientras los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez recurren a un pedido de informe a instituciones en las islas Seychelles para desligarlo formalmente de las cuentas offshore, la clave de la investigación está en identificar a las seis empresas que transfirieron los millonarios fondos, cuyos beneficiarios finales serían él y su esposa Silvana López Moreira.

• Por Jorge Torres Romero

A través de la publica­ción que realizara el periodista argentino Luis Gasulla, a través de su sitio de investigación, Periodismo y Punto, el expresidente para­guayo fue vinculado a supues­tas cuentas offshore en las Sey­chelles, una paradisíaca isla en el océano Índico que es consi­derado un paraíso fiscal. Aun­que las cuentas no estarían a su nombre de manera directa, los documentos filtrados lo iden­tifican a él y a su esposa, Sil­vana López Moreira, como los beneficiarios finales de fondos manejados por al menos seis empresas con sede en paraí­sos fiscales.

En respuesta, Abdo y su equipo jurídico iniciaron una estra­tegia basada en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la canci­llería paraguaya y con la inter­mediación de Luigi Piccollo, cónsul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado africano confirmar o negar la existen­cia de cuentas bancarias abier­tas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa. La expectativa de la defensa es que Seychelles responda de manera categó­rica que no existe ninguna cuenta registrada a nombre de Mario Abdo. Esa declaración sería utilizada como prueba exculpatoria y replicada por medios afines al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una operación política promo­vida por el cartismo para dañar su imagen.

Sin embargo, el meollo del caso no está en la titulari­dad directa, sino en el rastro financiero. La investigación de Gasulla, basada en documen­tación filtrada, indica que los fondos fueron canalizados a través de empresas pantalla –algunas con sedes en Hong Kong y Dubái– cuyos benefi­ciarios finales son Abdo y su esposa. Entre las firmas men­cionadas figuran Star Capital, Exchange Contract y Capital Service, entre otras.

El propio Abdo Benítez con­tactó con autoridades de la cancillería paraguaya y del Gobierno de Seychelles, a fin de solicitar que le remitan información sobre sus supues­tas cuentas bancarias (en la que tendría depositados unos USD 21 millones). El Gobierno de Seychelles, hasta hace un par de años figuraba en “la lista negra” por su opacidad estruc­tural en el sistema financiero. Tuvieron que aprobar una ley para utilizar la asistencia jurí­dica mutua (MLA) en asuntos penales, incluidos los relacio­nados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), prin­cipalmente a través de su Ley de Asistencia Mutua en Asun­tos Penales. Esto les permitió salir de “la lista negra”. Ante el requerimiento del expresi­dente Abdo a Seychelles sobre la existencia de cuentas a su nombre, la respuesta sería casi inmediata: “no existe cuenta alguna a nombre de Abdo ni vinculada a Abdo Benítez y su familia”.

La respuesta que daría Sey­chelles es real. En la filtración publicada por el periodista argentino, él mismo aclara que Abdo y su esposa serían los beneficiarios finales de las dos cuentas mencionadas, no que son titulares. Los titulares de las cuentas son las empresas, algunas ficticias, constituidas en Dubái y Hong Kong. Estas empresas fueron las que envia­ron el dinero y abrieron las cuentas en Seychelles. Preci­samente, la lógica de los paraí­sos fiscales es que sea difícil la trazabilidad del dinero.

Es por esta razón que el trabajo que vaya a realizar la Fiscalía es clave, en especial en la forma de investigar y solicitar infor­mación para hacer la cons­trucción de la ruta del dinero. Con la respuesta que recibiría Abdo, de que no existe cuenta alguna a su nombre, utilizarían como estrategia para “matar el tema”, con una amplia reper­cusión en la prensa aliada (ABC-UH).

Especialistas advierten que la Fiscalía no debe limitarse a esperar la respuesta formal desde Seychelles, sino que debe seguir la ruta del dinero: iden­tificadas las empresas que rea­lizaron transferencias a esas cuentas offshore y con qué jus­tificación. Las empresas que hicieron millonarios envíos son Capital Holdings Ltd (USD 850.000), Logistic Accoun­ting & Consultancy Ltd (USD 1.400.000), Sports Marketing Plus Ltd (USD 1.000.000), Winward Brokerage LLC (USD 1.700.000), Capital Corporate Services LTD (USD 600.000), Heyue Investiments Limited (USD 820.000), y Contract Consultancy Corporation (USD 750.000 / USD 950.000).

La jugada de Abdo es clara: obtener una respuesta favo­rable y cerrarle el paso a la narrativa de corrupción. Pero si las cuentas existen, aunque no estén a su nombre, y si los fondos fueron derivados por empresas que operaron con el Estado, la historia podría cam­biar de rumbo.

Los productores y el Gobierno se encuentran en pleno debate acerca del momento en el que se debe dejar de vacunar contra la fiebre aftosa y dar el salto al máximo estatus sanitario: el de país libre de aftosa sin vacunación.

En general, tanto el sector productivo como el industrial y el Gobierno están de acuerdo en avanzar en el estatus, pero discrepan en términos de plazos.

El sector público considera que las condiciones están dadas para dar un paso adelante y dejar atrás casi 60 años de inmunización, de los cuales en los últimos 12 años se realizó de forma sistemática, según explicó a La Nación/Nación Media el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin.

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El principal argumento en favor del cese de la vacunación es que países de la región como Bolivia y Brasil ya se encuentran con el máximo estatus sanitario y no tienen circulación del virus de la aftosa, mientras que en Paraguay también la circulación es nula, lo que propicia, según el titular de Senacsa, el escenario correcto para dar el salto.

La entidad maneja un cronograma que apunta a que el 2026 sea el último año de vacunación antiaftosa, para luego proceder a un monitoreo de 24 meses en los que, de no ocurrir escenarios adversos, se podrá presentar en 2027 los resultados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que validaría el máximo estatus para Paraguay en 2028.

Martin considera que tal estatus es coherente con el trabajo realizado tanto por el Senacsa como el sector privado, que desde el último brote en 2011 trabajó de forma más profesional y científica, con resultados a la vista.

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“Venimos trabajando con el sector privado de manera muy seria y con base técnica, en base a ciencia, hace alrededor de 12 años. Entendiendo que en estos 12 años se ha mejorado muchísimo y los planes de vacunación son procesos finitos”, explicó a LN.

Igualmente, recordó que en todo el continente, tanto América del Norte como América del Sur, el 85 % del ganado se encuentra inmunizado y en Paraguay, alrededor del 95 % se encuentra vacunado, por lo que insistió que en el país, la circulación viral es nula.

Desde la academia, la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Viviana María Ríos Morínigo, explicó que tienen una postura técnica a favor, pero consideró importante un consenso con el sector productivo y con un plan bien diseñado con principios técnicos y científicos.

“Hay evidencia de que no hay una circulación activa y yo creo que hay posibilidad ahora de invertir los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, ya sea en vigilancia pasiva y activa, o desde el punto de vista del control de los hatos para hacer una detección temprana y demás”, dijo a LN.

Mencionó que la vacuna no incide en absoluto en la calidad de la carne, ya que su función es meramente de inmunizar a los animales contra el virus de la fiebre aftosa.

Igualmente, señaló que al dejar de concentrar esfuerzos en la aftosa, los recursos podrían centrarse más en otras enfermedades como la brucelosis, que es una zoonosis, es decir, es transmisible a los humanos.

“La aftosa no es una zoonosis. La aftosa tiene una repercusión en el precio del ganado y en los mercados, pero no se transmite al hombre. O sea, el hombre no sufre de aftosa. A diferencia de la brucelosis, que tiene repercusiones importantes en la salud humana, es transmitida por la leche, por ejemplo, o por el contacto con carne no bien cocinada”, explicó.

Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, señaló que están de acuerdo con la postura de Senacsa, pero coincidió en que la decisión no podría ser tomada sin un consenso con todos los actores.

Recordó que en 2011, durante el último brote de aftosa en el país, se comprometió el estatus internacional y se afectaron las exportaciones, por tanto, consideran vital agotar las instancias de diálogo para garantizar procesos bien definidos y una evaluación costo-beneficio para el país.

Consultado sobre los beneficios comerciales del estatus de país libre de aftosa sin vacunación, Burt consideró que es relativo, ya que existen mercados en los que no es un requisito el máximo estatus.

“Categóricamente es una elevación de estatus y un reconocimiento sanitario internacional. Ahora, hay muchos otros factores que entran a jugar a la parte comercial, que hace que eso no sea una respuesta demasiado obvia. tenemos países en donde si hay una ventaja comercial y tenemos países donde no”, dijo a La Nación.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), que nuclea a los principales productores del país, tampoco se opone al plan, pero pide más tiempo para afianzar el proceso y convencer a la base productiva.

“Nuestra propuesta es mantener la vacunación hasta el 2030”, explicó a LN Mario Apodaca, vicepresidente de la ARP y presidente de Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

Apodaca afirmó que el estatus sanitario actual es óptimo, con animales sanos, con alta inmunidad y nula circulación viral. No obstante, mencionó que los ganaderos necesitan mayor confianza para dejar la inmunización, que resultó esencial para la producción durante décadas.

“La vacunación le da seguridad al productor, y esa seguridad no se reemplaza fácilmente. Hay que fortalecer aún más la vigilancia, el banco de vacunas, las contingencias e indemnizaciones”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que están de acuerdo con alcanzar el máximo estatus sanitario, pero piden vacunar unos años más, evaluar el entorno internacional, principalmente de los países vecinos y luego avanzar. “Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo, pero discrepamos en el plazo. Queremos llegar al 2030 con todos los deberes hechos, sin apuros”, añadió.

Hoy Paraguay exporta carne bovina a más de 50 países, incluyendo destinos exigentes como Israel, Taiwán, Chile y Estados Unidos, y la visión del Estado es consolidar la competitividad de la producción nacional con el máximo estatus sanitario.

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