“Hoy hace dos años que tuve el alto honor de ser elegido presidente de la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR), Partido Colo­rado”, escribió en sus redes sociales Horacio Cartes, conmemorando aquel 18 de diciembre de 2022, día en que recibió la legitimación colo­rada a través de las elecciones.

Dos años atrás, Cartes se alzaba con la presidencia del Partido Colorado tras derro­tar al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien también pug­naba por el cargo. La disputa por la titularidad del partido se definió tras revelarse la cantidad de votos que habían recibido cada uno.

Mientras Abdo Benítez reci­bió el voto de 456.975 colo­rados, el actual presidente de la institución obtuvo la confianza de 605.563 afilia­dos, quienes lo eligieron para dirigir el partido hasta el año 2028. “Agradezco al pueblo colorado por su confianza y apoyo. ¡Vamos juntos por un Paraguay mejor!”, decía tam­bién la publicación de Cartes.

El líder de Honor Colorado logró conquistar la presiden­cia, y así también el movi­miento pudo consagrar nue­vamente a quien actualmente dirige el partido. Recordemos que la titularidad de la ANR hasta ese momento estaba en manos del entonces diputado Pedro Alliana, actual vice­presidente de la República.

“Cuando nos preguntan si le vas a abrazar a fulano o a mengano, digo: vamos a abra­zar a todos los que queramos. Si vamos a volver a la ANR para usar para peleas per­sonales, nos queda grande el cargo”, fue parte del discurso de Cartes tras anunciarse su victoria en el 2022. “Yo pido en voz alta mis sueños: Quiero que el Partido Colorado sea la verdadera herramienta para todos los paraguayos. Somos privilegiados porque nos honran con sus votos”, añadía entonces en esa jor­nada memorable.

El senador Basilio Núñez dijo que el actual jefe partidario es una garantía para todos los colorados.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, dijo ayer que pidió al expresidente Horacio Cartes volver a postularse como pre­sidente del Partido Colorado en las próximas elecciones para la renovación de autoridades partidarias.

“Le dije al presidente del partido que debería ser reelecto como presidente de la Asociación Nacional República. Hora­cio es una persona que ama al partido, que tiene audiencias semanales, no creo que ningún otro presidente del partido tenga la presencia que tiene él actualmente”, señaló el sena­dor Núñez.

Luego recordó que gracias a Cartes el Partido Colorado pudo recuperar la Presidencia de la República de las manos de la oposición, en el 2013. Al mismo tiempo, Núñez rechazó los cuestionamientos de los colorados disidentes que señalan una falta de apertura en la gestión partidaria.

Bachi Núñez dijo que el pedido a Cartes lo realizó en la pasada reunión del comando político del movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente de la República. Aclaró que el jefe partidario no dio respuesta a la propuesta y que por el momento se limitó a dar una amplia sonrisa.

El senador Silvio Ovelar compartió la misma evaluación que su colega Núñez con relación a la gestión de Cartes en la pre­sidencia del Partido Colorado.

“Yo creo que don Horacio está haciendo muy buen trabajo en el partido, que se ha convertido en un órgano orientador. Y considero que está dando un gran respaldo al Gobierno”, indicó Ovelar.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú desestimó denuncia que había presentado de forma infundada el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y miembros de su gobierno contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Abdo presentó la denuncia contra los fiscales citando algunos mensajes inexistentes entre el abogado Pedro Ovelar, representante de Horacio Cartes, y el representante del Ministerio Público Cantero.

En su momento el exjefe de Estado Mario Abdo Benítez y sus exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y el diputado Mauricio Espínola presentaron una denuncia contra Cantero y Grisetti por los delitos de prevaricato y persecución a inocentes debido a que ambos fiscales presentaron imputación por siete delitos contra Abdo y sus excolaboradores por el caso filtración de información de Seprelad.

De acuerdo al estudio que realizó el juez Otazú, señala que el órgano investigador, en este caso es el Ministerio Público, ha llegado a la conclusión de que los hechos denunciados no constituyen hecho punible por lo que corresponde hacer lugar al pedido de la Fiscalía y desestimar la presente denuncia.

El fiscal Néstor Coronel, luego de realizar la investigación ordinaria contra los dos agentes fiscales, llegó a la conclusión de que ambos no cometieron ningún hecho punible, por lo que pidió al Juzgado la desestimación de la denuncia. Ante este pedido, semanas atrás el juez Otazú dio trámite de oposición y fue a la Fiscalía General.

Posteriormente el fiscal general, Emiliano Rolón, designó a la fiscala adjunta Soledad Machuca para que la misma pueda evaluar el pedido del fiscal Coronel. Una vez analizado el requerimiento, la fiscala Machuca decidió confirmar el pedido de desestimación de la denuncia presentada contra los fiscales Cantero y Grisetti.

El otrora superministro del gobierno de Mario Abdo, Arnaldo Giuzzio, tiene un largo historial de conexiones con personas ligadas al crimen organizado. El mayor escándalo de su frondoso prontuario tiene que ver con la entrega de equipos de espionaje a una dirección que estaba al mando de un “topo” que entregaba información al supuesto jefe narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

• Por Juan Carlos Lezcano

Arnaldo Giuzzio, quien fue minis­tro de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, se encuentra en el centro de numerosos escán­dalos y conexiones oscuras, uno de ellos revela el uso irre­gular de equipos de espionaje en beneficio de redes de nar­cotráfico. Este episodio, que expone fallas graves en el manejo de la seguridad nacio­nal, no solo pone en duda su gestión, sino que también muestra cómo se facilitó el fortalecimiento del crimen organizado en Paraguay.

La denuncia más alarmante involucra a modernos equi­pos de espionaje, como el sof­tware espía FinFisher (tam­bién conocido como FinSpy), decomisados en operativos contra el contrabando. Estos dispositivos permiten inter­ceptar comunicaciones, acce­der remotamente a disposi­tivos y realizar actividades de vigilancia avanzada. Sin embargo, en lugar de ser uti­lizados para reforzar la segu­ridad y combatir el crimen, los equipos terminaron en manos de personas vincula­das al narcotráfico.

Según documentos oficia­les, estos equipos fueron entregados de forma irregu­lar a un agente especial de la Senad, quien de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak filtraba informa­ción sobre operativos al nar­cotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Esto permi­tió a Insfrán evadir operacio­nes claves de la Senad, des­articulando los esfuerzos del Estado para detenerlo.

La Dirección de Inteligencia de la Senad, bajo la gestión de Giuzzio, nunca registró los equipos ni dejó cons­tancia de su decomiso. En el memorándum n.º 407/2022, remitido por la propia Direc­ción, se admitió que el enton­ces ministro Giuzzio entregó los dispositivos “sin nin­gún documento”. Este vacío documental refleja una grave negligencia, que facilitó el uso indebido de los equipos por parte de redes criminales.

La implicación de Giuzzio en actividades que favorecieron al crimen organizado no se limita al caso de los equipos de espionaje. Durante su ges­tión, hubo filtraciones cons­tantes que beneficiaron a narcotraficantes. Uno de los episodios más notorios ocu­rrió el 15 de febrero de 2022, cuando Lindomar Reges Fur­tado, un pez gordo del nar­cotráfico, huyó del Paraná Country Club minutos antes de un operativo policial-judi­cial que buscaba arrestarlo.

Esa misma red de filtracio­nes facilitó la fuga de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, otro capo narco brasileño que mantenía una relación cercana con Giuzzio. Espíndola llegó incluso a prestar una camioneta blin­dada al exministro cuando su vehículo sufrió un desper­fecto en Brasil. Ambos even­tos demuestran la cercanía de Giuzzio con figuras clave del narcotráfico y cómo su gestión contribuyó a la eva­sión de estos criminales.

Las fallas en la gestión de Giuzzio al frente de la Senad y el Ministerio del Interior no se limitan al manejo de los equipos de espionaje. En mayo de 2020, Giuzzio dis­puso el cierre de la Dirección de Investigación Aérea Flu­vial y Terrestre (DIAFT), encargada de fiscalizar puer­tos privados y controlar el tránsito fluvial, debilitando significativamente los con­troles antidrogas. A partir de entonces, las incautaciones de grandes cargamentos de cocaína vinculados a Para­guay se volvieron frecuen­tes en Europa, con cifras alarmantes como los 16.174 kilos decomisados en Ham­burgo, Alemania, en febrero de 2021.

Además, durante su periodo como ministro del Interior, Giuzzio enfrentó otro escán­dalo al utilizar una camio­neta registrada a nombre de una empresa de Espíndola, quien aspiraba a conver­tirse en proveedor de chale­cos antibalas y blindajes para la Policía Nacional. Este vín­culo expone un conflicto de intereses y una falta de ética en el manejo de sus responsa­bilidades públicas.

La administración de Giuzzio dejó a Paraguay en una posi­ción vulnerable frente al cri­men organizado. El manejo irregular de los equipos de espionaje, sumado a las fil­traciones y a la ausencia de controles efectivos en puer­tos, fortaleció las operacio­nes de los grandes carteles de droga en el país.

El fiscal Deny Yoon Pak, en su expediente de más de 700 páginas, documenta cómo la Senad bajo la ges­tión de Giuzzio y su suce­sora, Zully Rolón, se con­virtió en una herramienta funcional para los intereses de narcotraficantes como Tío Rico y Sebastián Mar­set. La acusación de cohe­cho pasivo agravado que enfrenta Giuzzio desde agosto de 2022 solo rea­firma el impacto negativo de su administración.

A medida que avanzan las investigaciones, se espera que este caso marque un punto de inflexión en el fortaleci­miento de las instituciones y en la recuperación de la con­fianza ciudadana en la lucha contra el crimen organizado. Mientras tanto, el legado de Arnaldo Giuzzio queda mar­cado por negligencias que comprometieron seriamente la seguridad nacional.

A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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