En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se abordó el proyecto de ley que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la ley nº 7.354/24. Esta iniciativa tiene por intención dejar sin vigencia el horario único adoptado en nuestro país, sin embargo, los legisladores optaron por postergar su estudio de manera indefinida.

“Es un proyecto que generó y sigue generando mucho debate en torno a su implicancia y tenemos dictamen solamente de una Comisión, por lo que solicito el aplazamiento sine die para que podamos tener el dictamen de las diferentes comisiones y poder llegar a un consenso en el pleno sobre este tema”, expresó el diputado Miguel Del Puerto.

La propuesta legislativa está pendiente de tener dictamen por parte de siete comisiones en total, por lo que el parlamentario consideró prudente otorgar el suficiente tiempo para que el proyecto pueda ser analizado en profundidad por sus colegas. Por su parte, el diputado y proyectista, Edgar Olmedo, recomendó el aplazamiento por un plazo de 15 días, pero la moción no prosperó.

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“Más allá del tratamiento de este proyecto, lo que también se tendría que ver es el horario escalonado, una cosa no va sin la otra, tanto si rechazamos o aprobamos, lo que hay que hacer es un tratamiento integral”, expresó por su parte la diputada Rocío Vallejo, quien indicó que este es un tema que ya no debe ser postergado.

De acuerdo a lo que establece la iniciativa, consideran viable retornar al “doble horario estacional” y argumentan que la población ya acostumbraba a este sistema tras largos años de vigencia. “Permite una mejor adecuación de la jornada diaria a las condiciones naturales de luz y temperatura, beneficiando tanto a la población urbana como rural, al tiempo de promover una mayor eficiencia energética y calidad de vida”, según se menciona en el documento.

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La situación de la Caja Fiscal sigue generando preocupación ante el creciente déficit. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra trabajando en analizar todos los números de la previsional para exponer sobre la mesa cómo se trabajará para la reforma. Estiman que el proyecto de ley se presentará en diciembre de este año.

En ese sentido, el equipo técnico del MEF ya viene manteniendo reuniones con senadores y diputados, en el marco de una campaña de concienciación previa a la presentación del proyecto de ley, explicó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. “No se trata solo de enviar una propuesta. Queremos que quienes votan comprendan qué se está planteando y por qué es necesaria esta reforma”, afirmó a la 1020 AM.

Durante los encuentros con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el equipo económico presentó un diagnóstico completo de la situación. Expusieron los números reales del déficit, las proyecciones a mediano plazo y también qué sectores contribuyen más a la presión sobre el sistema. Según el ministro, algunos legisladores “salieron preocupados” tras ver los datos, pero valoraron la apertura técnica del equipo.

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Además de mostrar el estado actual de la Caja, el MEF presentó un “menú de opciones” basado en experiencias internacionales sobre cómo encarar una reforma. No se habló aún de un modelo cerrado, sino de alternativas que permitan reducir el déficit y dar sostenibilidad al sistema previsional del sector público. La intención es construir consensos antes de formalizar una propuesta legislativa, afirmó Fernández Valdovinos.

La presentación oficial del proyecto se realizará más adelante, posiblemente en diciembre de este año, pero el proceso ya está en marcha. El Ejecutivo busca evitar un escenario de tensión política o desinformación, y apuesta a que el debate se dé con base en datos concretos. La estrategia incluye reuniones técnicas, socialización con actores clave y comunicación clara hacia la ciudadanía.

Por otro lado, respecto a la Superintendencia de Pensiones, el ministro aseguró que el Consejo de Seguridad Social está funcionando con normalidad, con quórum legal y la participación activa de los presidentes de las cajas previsionales.

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Dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marcada para el martes, figura el proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal”. La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado por lo que retorna para su análisis a la Cámara Baja.

De acuerdo con lo que se menciona en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, se busca “fortalecer el sistema democrático” mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.

El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.

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Según lo expresado previamente por el senador Derlis Maidana, quien está a favor de esta iniciativa, uno de los fines de este proyecto es “evitar la perversión del derecho al voto” y apunta a que cada partido pueda contar con su propio padrón, uno de los motivos que despierta el rechazo de la concertación.

“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tenga su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, explicó Maidana en una entrevista a Nación Media.

Asimismo, descartó que este proyecto sea “anticoncertación” e indicó que lo se busca es otorgar a las concertaciones un marco legal efectivo de modo que establezcan condiciones, requisitos, períodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Si Diputados aprueba la versión del Senado, la iniciativa quedará sancionada.

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“Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó. Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.

“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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