Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

Te puede interesar: Gobierno libera peajes del MOPC este Miércoles Santo y Domingo de Pascua

Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Leé también: Congreso Nacional declara asueto para el Miércoles Santo

En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Leé también: Entre cerámica, cultura, yacarés y miel: conocé los encantos de Itá

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

Te puede interesar: Meta de inflación está fija pero proyecciones podrían ser ajustadas, explican

Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

Leé más: El cultivo de avena gana espacio en el escenario agrícola

El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.

Te puede interesar: Nueva ley de patentes espera definición del Ejecutivo: “Hicimos una ley previsible”, afirma diputado

El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.

“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.

De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.

Leé también: Diputada paraguaya acompaña elecciones en Ecuador

El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.

“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.

Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.

Te puede interesar: Venta de asfalto: afirman que Ostfield ignoró hechos de corrupción de Mario Abdo

“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.

Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.

“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.

Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.

Leé también: Oposición reducirá listas para la junta capitalina, dice diputada