El diputado Rodrigo Blanco urgió a las cámaras del Congreso la sanción inmediata del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta Mafe, en homenaje a la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez.

El legislador liberal detalló que una iniciativa similar ya fue impulsada en el 2023 y logró su aprobación en Diputados en el 2024, pero no contó con el respaldo del Senado. “Espero que cuanto antes tengamos esta ley para que el Estado pueda brindar protección, contención y certeza a las familias sobre esta problemática que les toca vivir”, dijo Blanco a la 1140 AM.

Asimismo, el legislador argumentó: “Este proyecto ya había sido debatido ampliamente en audiencias públicas, fueran audiencias fuertes, emotivas, por las historias y el sufrimiento de cada familia. Hay familias que están con este drama hace 10 o 15 años, incluso más, esperando que el Estado les brinde respuestas”.

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Detalló que, en aquella ocasión, el proyecto fue debatido con autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría Pública. “Es por eso que creemos que ahora ante la presentación que hemos hecho con el acompañamiento de los colegas de las distintas bancadas, que será aprobada de manera rápida”, indicó.

Añadió que las citadas instituciones habían coincidido sobre la necesidad de contar con un marco legal que garantice un sistema de alarma de acción rápida para la búsqueda de personas desaparecidas. “Esto ya es una problemática del día a día, lastimosamente, por eso necesitamos que se establezca un protocolo concreto para que sea de cumplimiento obligatorio, que las familias sepan qué tienen que hacer, que sepan que habrá una ley que les indica el camino a seguir y ante qué instituciones recurrir”, mencionó.

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El abogado Stephan Vysokolan urgió al Congreso Nacional un mayor debate sobre el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Indicó que se debe establecer mesas de trabajo entre el sector público y privado con la finalidad de definir un modelo regulatorio propio.

“Un 70 % del proyecto de ley que se aprobó en Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea. Existen muchas disposiciones en este proyecto que serán inaplicables a la realidad paraguaya, existen cuestionen que no se está teniendo en cuenta”, comentó este lunes en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado especializado en protección de datos señaló: “Celebro que haya noticias en el Congreso Nacional sobre este tema, Paraguay necesita una ley de protección de datos, pero considero que el puntapié de este tema lo dimos de una forma errónea o incompleta. Existen debates que no se dieron en esa Cámara y espero que se de en el Senado porque esta ley será transversal para muchos de la economía paraguaya y creo que eso no se está dimensionando”.

Detalló que la propuesta aprobada el pasado 27 de mayo establece la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, pero no se define el modelo regulatorio a seguir.

“Existen en total 3 tipos de modelos regulatorios, centralizado, sectorial y el híbrido. En Europa, por ejemplo, la protección de datos es un considerada un derecho fundamental, es decir, es casi como un derecho humano. Es importante definir hasta dónde protegeremos la privacidad de las personas, cuándo esta privacidad atenta contra los derechos de terceros, estos son los debates que se tienen que dar en el Congreso Nacional", puntualizó.

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Vysokolan manifestó que la sanción del proyecto tal cual como fue aprobado en Diputados representaría trabas para la captación de inversiones extranjeras. “Hay que recordar que el Gobierno tiene como un principal enfoque captar inversiones extranjeras. Un inversor pensará dos veces en desembarcar a un país donde se tiene una regulación exageradamente restrictiva“, refirió al señalar que afectará principalmente las inversiones en el campo tecnológico.

“Mi crítica constructiva al proyecto de ley aprobado en Diputados es que no es equilibrado, es muy extremista. Esto perjudicará a las inversiones nacionales y extranjeras. Hay empresas nacionales que invirtieron mucho dinero en innovación tecnológica y están pretendiendo comercializar en nuestro país, pero se verán con varias trabas al momento de aplicar esta ley, debido a que se establece altos estándares de seguridad y altos costos para las empresas”.

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El Poder Ejecutivo emitió los decretos n.° 4.003 y 4.004 mediante los cuales hace oficial las designaciones de Cirilo Guillermo Sosa y Darío Filártiga como embajadores de Türkiye (Turquía) y de la República de China (Taiwán), respectivamente. El Congreso prestó el acuerdo constitucional para ambos nombramientos el pasado 28 de mayo.

“El presidente de la República decreta: nómbrase al señor Cirilo Guillermo Sosa Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República de Türkiye“, dice uno de los decretos.

En tanto el siguiente expresa, “El presidente de la República decreta: nómbrase al señor Darío Filártiga Ruiz Díaz como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República de China (Taiwán)”.

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Durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, se votó a favor de la designación de Sosa y de Filártiga y expusieron su preparación y trayectoria como avales de su capacidad para ocupar los cargos diplomáticos en los mencionados países. En cuanto a Filártiga, se destacó su formación en Derecho, una maestría en Ciencias Políticas y otras en Ciencias Penales. En tanto, Sosa es licenciado en Ciencias Económicas y cuenta con una maestría en Economía Internacional.

“La Comisión ha entrevistado a los candidatos, quienes expusieron sus planes de trabajo y demostraron su vasto conocimiento sobre los aspectos relacionados a sus próximas funciones y resaltaron las oportunidades de inversión y cooperación primeramente con Taiwán, un gran aliado de nuestro país con quien tenemos un histórico relacionamiento de amistad. Así también con Turquía, una nación que ofrece varias ventajas estratégicas y económicas, incluyendo mercados”, fue lo manifestado por el senador Antonio Barrios, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

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La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la Sala Constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura.

Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.

En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión.

“En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, en una entrevista con los medios de comunicación.

El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan esta recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.

Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial”.

La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.

Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”. Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”.