La Cámara de Diputados rechazó y remitió al archivo el proyecto de ley que modifica los artículos 4º, 5º y 8º, sobre la distribución del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Esta iniciativa establecía una redistribución de los recursos de este fondo para las gobernaciones y municipios.
En una votación nominal, el resultado fue de 69 votos por la ratificación del rechazo; 5 votos por la aprobación; 5 ausentes y un voto en blanco. Tras la ratificación del rechazo de Diputados, la presidencia dispuso que el proyecto sea remitido al archivo.
La normativa tenía el objetivo de establecer la distribución del fondo del 50% en partes iguales para cada gobierno departamental y municipal; y el 50% restante, a razón de la cantidad de alumnos matriculados por el Registro Único del Estudiante (RUE).
Durante el tratamiento de este proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Tadeo Rojas fundamentó por la ratificación del rechazo, y explicó que el presente Ejercicio Fiscal fue elaborado en base a las normas actuales, por lo que, eventualmente, un cambio significaría masivas reprogramaciones en las gobernaciones y municipios del país, para disminuir presupuestos, en algunos casos, y aumentar, en otros.
Por su parte, el diputado Justo Zacarías manifestó que coindide con la necesidad de establecer cambios en ley del Fonacide, sin embargo, indicó que éste no era el momento, por la difícil situación económica y porque el proyecto no ha sido apropiadamente debatido.
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Histórico primer trimestre para la AFD: aprueban créditos por USD 78 millones
Durante el primer trimestre de 2025, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) aprobó créditos por un total de USD 78 millones, lo que representa un incremento del 97 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento refleja una aceleración en la canalización de recursos hacia los sectores estratégicos, en línea con los objetivos institucionales de impulsar el desarrollo económico y social del país.
Se registraron 2.065 beneficiarios entre enero y marzo del 2025, lo que indica un aumento del 152 % respecto al mismo trimestre de 2024. Este crecimiento se traduce en aproximadamente 24.700 empleos generados con la aprobación de préstamos con recursos de la banca, lo que refleja el efecto multiplicador de los recursos asignados por la AFD.
El sector industrial registró un crecimiento significativo en financiamiento. Alcanzó un total de USD 15 millones destinados a proyectos de modernización y expansión productiva. Por su parte, el sector comercial accedió a créditos por USD 14,8 millones, orientados a fortalecer la infraestructura de distribución, logística y operaciones de venta.
El sector forestal recibió aprobaciones por USD 7 millones, canalizados principalmente a iniciativas de desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos naturales, con fondos de la institución. En el rubro de vivienda, se financiaron 800 unidades habitacionales, de las cuales, el 43 % fueron gestionadas por mujeres. Esta participación refleja el avance hacia una mayor inclusión financiera y la reducción de brechas de acceso al crédito.
El financiamiento en viviendas también contribuyó al dinamismo del sector de la construcción y a la consolidación del desarrollo urbano. La banca resalta que el 77 % de los beneficiarios que accedieron a financiación con fondos de la AFD, perciben ingresos de entre 1 a 4 salarios mínimos.
En apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), se aprobaron créditos por USD 7 millones, lo que benefició a más de 1.000 emprendimientos a nivel nacional. Este segmento continúa siendo una prioridad para la AFD por su relevancia en la generación de empleo y en la articulación productiva regional.
Desde la AFD ratifican su compromiso con brindar financiamiento sostenible e inclusivo, orientado a fomentar un crecimiento equilibrado en el país y a potenciar las actividades productivas nacionales.
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Presentan proyecto para modificar control financiero en campañas electorales
Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.
Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.
El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.
Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.
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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.
Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.
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Emergencia para el Chaco, con visto bueno de comisión en Diputados
El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.
El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.
“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.
De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.
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Nueva ley de patentes espera definición del Ejecutivo: “Hicimos una ley previsible”, afirma diputado
El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.
“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.
Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.
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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.
Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.
“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.
Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.
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