El abogado y exdiputado del Partido Colorado, Óscar Tuma, cuestionó la intención del Congreso Nacional de intentar modificar la Constitución Nacional mediante un proyecto de ley. Esto es con relación a los cambios que se quieren implementar al proceso de la pérdida de la investidura parlamentaria.
“El presidente Abdo Benítez vetó el proyecto de ley que reglamenta el Art. 201 de la Constitución. El proyecto de ley realmente es una bofetada a lo que se establece dentro de la Carta Magna, donde los legisladores modifican la Constitución vía proyecto de ley, es una joda y una barbaridad”, sentenció.
Con el proyecto sancionado el pasado 20 de mayo por los senadores, se pretendía establecer un nuevo mecanismo para la pérdida de investidura, disponiendo que para ello se debe reunir una mayoría absoluta.
Esto implica dos tercios de los votos y ya no con mayoría simple, tal como se venía aplicando. Tras esta decisión tomada por el jefe de Estado Mario Abdo Benítez, de vetar el documento del proyecto de ley volverá al Congreso, que tiene la facultad de ratificarse o aceptar el veto.
Votos necesarios para destituir a un parlamentario
La iniciativa se inició en el Senado y fue modificado en la Cámara de Diputados, donde se estableció en el artículo 9º que debe darse la expulsión con mayoría absoluta de 2/3 en cada cámara respectiva.
Con ello se fijó que en el Senado serían necesarios 30 votos y en Diputados 53 votos para que un legislador pierda su investidura. Actualmente se encuentra vigente la mayoría simple para su aprobación, que sería 41 en Diputados si se encuentran los 80 presentes y 23 en el Senado si están los 45 senadores.
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Congreso repudia declaraciones de Lula sobre guerra de la Triple Alianza
El Senado otorgó media sanción al proyecto que instituye cada 12 de agosto como Día Nacional de Conmemoración del Genocidio del Río de la Plata.
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una declaración unificada de enérgico repudio a los polémicos dichos de Luiz Inácio Lula da Silva y, en un acto de alto simbolismo patriótico, declaró igualmente inalienable el Cañón Cristiano, blindando legalmente la reliquia militar para exigir de forma definitiva su restitución al Brasil.
En efecto, la Cámara Alta otorgó media sanción al proyecto de ley que instituye cada 12 de agosto como Día Nacional de Conmemoración del Genocidio del Río de la Plata. Este proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio.
Durante el debate, el senador Colym Soroka sostuvo que las recientes expresiones del presidente brasileño Lula da Silva, constituyen una tergiversación de los hechos históricos al presentar al Paraguay como un país agresor durante la Guerra de la Triple Alianza.
“Al Paraguay no se le cambia la historia ni se le pisotea la memoria. Quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Este proyecto se basa en hechos reales y responde con altura moral, reafirmando la dignidad de la Nación paraguaya”, expresó el legislador.
DIPUTADOS REPUDIAN EXPRESIONES DE LULA
La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaración por el cual “repudia las declaraciones del presidente de la República Federativa de Brasil Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, por distorsionar y minimizar la dimensión histórica de la guerra de la Triple Alianza”, así también, “reafirma el compromiso de la Honorable Cámara de Diputados con la defensa de la memoria histórica de la República del Paraguay”.
La misma declaración también “exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar las gestiones diplomáticas para la restitución del cañón cristiano y demás trofeos de guerra pertenecientes al patrimonio histórico nacional”. Esta declaración se argumenta en el respeto de la memoria histórica del Paraguay.
En el primer punto del documento menciona que la Cámara Baja considera que las declaraciones del mandatario brasileño “contienen afirmaciones que distorsionan la dimensión histórica de la guerra de la Triple Alianza, desconociendo la complejidad de los antecedentes de conflicto, el profundo sufrimiento humano soportado por el pueblo paraguayo y a las consecuencias demográficas, económicos, institucionales y territoriales que marcaron profundamente el devenir de la República del Paraguay”.
En el segundo artículo, se insta al Ejecutivo a la recuperación de los símbolos y patrimonios de esta guerra, “como expresión de justicia histórica, preservación del patrimonio cultural y fortalecimiento de las relaciones de amistad, respeto y cooperación entre la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil”.
Finalmente, el texto insta a que “los hechos históricos que marcaron profundamente a nuestros pueblos sean abordados siempre con sensibilidad, responsabilidad histórica y espíritu de reconciliación, honrando la verdad, la memoria de las víctimas y los principios del derecho internacional contemporáneo”.
“LA MEMORIA SE RESPETA”
Tras haberse emitido la declaración de repudio, el titular de la Cámara Baja, el diputado Raúl Latorre, se pronunció a través de su cuenta de X, compartió el documento y resaltó que: “¡La memoria y el sacrificio de nuestro pueblo se respeta!”.
Alliana pide gestos de Lula, no solo disculpas
“Tocar eso es tocar lo más profundo de nuestro sentimiento a los que realmente amamos la República del Paraguay”, expresó Alliana.
El presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, expuso su postura en representación del Gobierno paraguayo sobre las expresiones del mandatario brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien alegó que “un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil” en la guerra de la Triple Alianza (1864-1970). Sostuvo que sus dichos del pasado 24 de julio no fueron oportunos y que tocaron en lo más profundo del sentimiento paraguayo, por lo que ratificó el reclamo de “gestos” como la devolución de las reliquias históricas del país.
“No fueron muy oportunas las declaraciones del presidente de Brasil. Muchos dirán que está en campaña política, que fue un motivo para justificar una inversión multimillonaria que están haciendo para las Fuerzas Armadas, pero tocar eso es tocar lo más profundo de nuestro sentimiento a los que realmente amamos la República del Paraguay”, expresó Alliana, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El jefe de Estado expuso primeramente su reclamo al presidente de Brasil a través de sus redes sociales, el lunes pasado.
Reiteró al Brasil el pedido de devolución del Cañón Cristiano, los archivos y las reliquias históricas requisados hace 160 años, como un gesto de fraternidad que pueda ayudar a reparar el pasado. “Nosotros ni siquiera pedimos disculpas, nosotros pedimos algo más, queremos gestos de parte del presidente del Brasil, de parte del pueblo brasileño. No creo que para ellos sea motivo de orgullo tener nada más y nada menos que el Cañón Cristiano exhibido como un trofeo de guerra”, indicó el segundo del Ejecutivo.
Recuperar trofeos de guerra, “un hecho de justicia”
Los trofeos de guerra consisten en el Cañón Cristiano, archivos y reliquias históricas que están actualmente en el vecino país.
El diputado Alejandro Aguilera sostuvo que desde la Cámara de Diputados también trabajarán y activarán la diplomacia parlamentaria con el objetivo de recuperar los trofeos de guerra que se encuentran en Brasil. “Recuperar los trofeos de guerra significa reivindicar la memoria histórica del Paraguay, yo creo que es un hecho de justicia histórica, son piezas históricas del Paraguay”, afirmó el legislador.
Los trofeos de guerra consisten en el cañón cristiano, archivos y reliquias históricas que están actualmente en el vecino país y que forman parte de la guerra de la Triple Alianza (1864-1970) y que están siendo reclamados por Paraguay para su restitución al país.
“El Cañón Cristiano, ¡imagínense la historia que tiene! Fue una pieza de artillería histórica que fue hecha con bronce de campanarios de iglesias donado por feligreses, es algo que Paraguay viene reclamando ya desde hace décadas y lamentablemente hasta hoy no nos están devolviendo”, señaló el diputado Aguilera en conversación con los medios de comunicación.
Resaltó además que desde la Cámara Baja se dio un importante paso con la declaración emitida este miércoles, en repudio a las declaraciones del presidente de Brasil, Inácio “Lula” da Silva quien refirió que “un buen día, decidió invadir Brasil”, haciendo referencia a la Guerra Grande.
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Congreso de Nicaragua votará en agosto reforma para excluir a opositores de elecciones
El Congreso de Nicaragua, controlado por el gobierno, votará a inicios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones, a pedido del presidente Daniel Ortega, informó el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, en una entrevista difundida este miércoles.
Los diputados y la autoridad electoral definirán los “elementos para no dejar ni un resquicio” y que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo Porras, al referirse a los opositores, y precisó que “en la primera semana de agosto” se someterá “a votación las reformas”.
Las discusiones entre la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) comenzaron este miércoles.
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“Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”, declaró Porras a medios afines al gobierno, y detalló que la iniciativa del mandatario se transformará en “leyes”.
Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios en los que compitan sus adversarios, a los que acusó de “vendepatrias” al servicio de Estados Unidos.
El exguerrillero de 80 años adelantó que serán aprobadas leyes que “les pongan un muro, un bloque a los golpistas”, de forma que “que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder.
“Esto es lo que nunca va a volver, a eso se refería el comandante Daniel, no va a volver a haber elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder sobre el pueblo”, remarcó Porras.
- Fuente: AFP
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Congreso de Chile aprueba la mayor parte de megarreforma económica de Kast
El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones, una de las principales promesas del presidente ultraderechista José Antonio Kast.
El proyecto es muy resistido por la oposición, que considera que solo favorece a los sectores más ricos y que podría reducir los presupuestos estatales para ayudas sociales.
La propuesta de Kast incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27 % al 23 %, cercano al promedio de los países desarrollados.
“Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa. Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.
“Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”, agregó el ministro.
La medida significará un giro en la política económica del país, dice a la AFP el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
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“Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos”, agregó.
Una reforma resistida
A la izquierda no le alcanzaron los votos para frenar la megarreforma, que cuenta con medio centenar de artículos. Los opositores cuestionan las consecuencias que podría tener la reducción de la recaudación fiscal en los presupuestos de programas sociales.
“Es un retroceso. Esta reforma es nefasta para todos nosotros, para la salud, para la educación, para las ayudas sociales que han aportado mucho y que ha costado sostener durante muchos años”, opina María Cáceres, una guardia de 43 años, en Santiago.
La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.
El 56 % del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a empresas, según la firma Cadem.
Para frenar algunas rebajas tributarias, la oposición anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.
La aprobación es considerada un triunfo clave para Kast, de 60 años, cuya popularidad venía a la baja según encuestas. El gobierno se vio obligado a reducir sus expectativas de crecimiento anual de 4 % a 3,5 % hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años.
Pese a las críticas de los opositores, los partidarios del presidente esperan que la megarreforma tenga efectos positivos en su vida cotidiana.
“Si tú le rebajas los impuestos (...) a la gente que viene a invertir a Chile y les das una seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo”, dice a la AFP Bernardo Romero, un comerciante del centro de la capital, de 65 años.
- Fuente: AFP
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Piden agilizar aprobación de ley que regula el servicio de las plataformas de movilidad
Un grupo de choferes de plataformas digitales de movilidad acudió al Congreso Nacional para solicitar agilizar el estudio de un proyecto de ley que regula la actividad en este rubro. Los recurrentes fueron recibidos por las autoridades de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro, los conductores exteriorizaron su preocupación por la demora en el tratamiento de la iniciativa legislativa. Expresaron que la ausencia de una regulación específica mantiene al sector en una situación de incertidumbre jurídica.
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Aclararon que el proyecto aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, como cámara de origen, donde transita su primer trámite constitucional. Explicaron que aún está pendiente la emisión de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones competentes, razón por la cual solicitaron el acompañamiento del bloque asesor para impulsar el avance de la propuesta.
Precisamente, el objetivo central del proyecto de ley es establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La propuesta busca brindar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos.