El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) afirmó que se redo­blaron los esfuerzos para acelerar la construcción del segundo lote del tramo 3 del Corredor Bioceánico, que unirá Mariscal Estigarribia con Pozo Hondo.

Esta obra forma parte del Tramo 3 del Corredor Vial Bioceánico, la carretera que unirá Mariscal Estigarri­bia con el paso fronterizo de Pozo Hondo hacia Argen­tina. Los 224 kilómetros del tramo están divididos en cuatro lotes que avanzan en paralelo, construyendo una vía clave para mejorar la cone­xión regional entre el océano Atlántico y el Pacífico.

Según la cartera estatal, la acti­vidad se intensifica en el Lote 2 del Corredor Vial Bioceá­nico con la llegada de equipa­miento adicional y más perso­nal. Ahora la obra avanza con tres frentes simultáneos y alre­dedor de 250 personas que tra­bajan directamente en el sitio.

El sistema de trabajo se basa en cuadrillas que se mue­ven entre diferentes tareas. Mientras unos se encargan del movimiento de suelo y la conformación de terraplenes, otros aplican el tratamiento de suelo mejorado con cal y cemento.

Al mismo tiempo, otro equipo instala las alcantarillas que formarán el sistema de dre­naje longitudinal de la carre­tera, un componente funda­mental para que la vía resista el paso del tiempo y las con­diciones climáticas, según el MOPC.

Desde la cartera estatal des­tacan que esta nueva optimi­zación permite que el volu­men de construcción del terraplén se duplique en com­paración con los meses pre­vios, logrando así un avance más sostenido que respeta el cronograma de obra.

El Consorcio Chaqueño del Norte ejecuta la construcción del Lote 2, cuyo tramo abarca aproximadamente 59 km de la ruta PY15, entre los kilóme­tros 156 y 215. Dicho conglo­merado está integrado por LT SA, Constructora Heisecke SA y Benito Roggio e Hijos SA, mientras que el MOPC se encarga de la supervisión de obras.

Esta obra de infraestructura se realiza con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) - Fonplata

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), ingeniero José Luis Heisecke, precisó que la deuda del sector público (generada por la exadministración) es de USD 100 millones, pero que la deuda total con intereses incluidos asciende a USD 150 millones.

Esta suma condice con el informe de Indicadores Financieros del Banco Central del Paraguay (BCP) que precisa que la construcción y el consumo son los sectores que lideran los índices de morosidad en el sistema financiero con el 4 % y 5,12 %, respectivamente.

Vale recordar que el gobierno de Santiago Peña saldó una deuda heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez de USD 350 millones con las empresas constructoras. Ese atraso produjo una deuda de USD 100 millones en concepto de intereses.

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Desde Capaco explican que durante la pandemia este rubro fue fundamental para que la economía no parara demasiado y que se siguiera trabajando. A ello, suman que invirtieron un capital propio que quitaron del sector financiero para poder concluir con muchas obras, y que tales obras hoy están generando riqueza, uniendo ciudades, ríos y puentes, haciendo crecer el producto interno bruto (PIB).

Respecto a cuál sería el trato que mantienen con las autoridades, el titular de Capaco explicó que hablan constantemente con el gobierno sobre esta deuda y que existe una posibilidad de que estos intereses sean saldados antes de que termine el 2025.

Acerca de cuáles obras son las que están certificadas y asumidas con compromiso de pago, el expresidente de Capaco, Guillermo Más Duarte, dijo a GEN/Nación Media, meses atrás, que el sector asumió un compromiso de continuar con las obras y que ellas pudieron concluirse con capital del sector financiero. “Eso es lo que nosotros asumimos y es lo que está en los contratos. De hecho, todo esto está en la ley 2.051 (Contrataciones Públicas)”, dijo.

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Este viernes se reanuda la reunión tripartita en la que negociarán la suspensión del paro del servicio de transporte anunciado para el lunes. Cetrapam confirmó que recibieron el pago de mayo ayer, pero existen dos reivindicaciones pendientes. César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, dijo esta mañana que el panorama está igual que ayer: con 50 y 50 % de probabilidades de que el paro se realice y que se evite.

“Ellos han honrado parte de mayo, les falta la de junio -y me estoy basando en lo que hicimos como petitorio- y la actualización de la tarifa. Veremos hoy en la discusión sobre la mesa cómo eso se puede dirimir”, dijo Ruz Díaz.

Empedrados y asfaltados serán financiados con el Plan 1.000, que incluirá a departamentos de todo el país, anunció ayer el presidente Santiago Peña. Durante el inicio de obras de pavimentación y de la construcción del viaducto ruta PY02 del Km 10 en Alto Paraná, el jefe de Estado se refirió al plan.

Se trata de un proyecto de infraestructura que abarca a puntos de todo el territorio nacional y será coordinado con gobernaciones y municipios. Esto demandará una inversión de 100 millones de dólares e incluirá la construcción de empedrados y asfaltados en todo el país, razón por la cual se trabajará en coordinación con las gobernaciones.

En la Costanera de Asunción, en Limpio y San Lorenzo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) recibió a personas en situación de calle, hombres, mujeres y una menor.

Desde la Dirección de Comunicación de la institución informaron que el albergue de la Costanera de Asunción recibió a 30 personas, cuatro mujeres, entre ellas, una adolescente de 14 años acompañada por su tía. Además, 26 hombres. Durante la jornada de guardia recibieron 8 denuncias telefónicas, todas fueron atendidas y asistidas.

El propietario de la empresa The Rent emitió un comunicado en el que niega su vinculación con el asesinato de un tortolero en Villa Morra, quien fue ultimado dentro de un auto alquilado en ese local.

Maglio Manuel Chávez López expresó su indignación por los comentarios que lo vinculan con el asesinato de Dax Dimitri Fridrikson Martínez (44). “Manifiesto no tener participación alguna en tales hechos, me siento agraviado en mis derechos constitucionales: presunción de inocencia, del derecho a la intimidad”, dijo Chávez.

La Asociación Nacional Republicana (ANR), liderada por el exmandatario Horacio Cartes, impulsó una feria de empleos dirigida a madres recicladoras del Bañado Norte de la ciudad de Asunción. La actividad fue realizada en la zona conocida como Banco San Jorge.

De un total de 78 mujeres que forman parte de una organización de reciclaje, ocho ya lograron acceder a un puesto laboral en el rubro de limpieza de acabado de obras en la construcción.

“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente opositor Miguel Prieto.

“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo este viernes en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, reportó este viernes que está en marcha un censo de funcionarios, así como un proceso de verificación de la ejecución de los bonos en obras de alcantarillado y desagüe, cuyo consorcio encargado reclama por el pago total.

“Estamos trabajando en la verificación y en el análisis de todos los documentos, hacer el cruce con los extractos bancarios, precisamente de estas dos obras que han sido objetivo para el cual se habían emitido los bonos, y estamos haciendo justamente la trazabilidad de todo lo que se ha pagado, con las cuentas que debieron haber tenido como único destino las obras”, indicó en conversación con “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que “el consorcio, que está llevando adelante la adjudicación de las dos obras, planteó un reclamo y existe un avenimiento, es una conversación, es un trato para ver si se puede acordar, ellos han presentado un reclamo por los certificados que no han cobrado hasta ahora, y nosotros ya llegamos con esa disposición, eso se está tramitando en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.

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Ante esa situación, el interventor dispuso que un equipo técnico realice la verificación del avance de la ejecución de esas obras in situ para tener una evaluación del avance de ejecución de esas obras. “Para que nosotros podamos cotejar con los pagos que se realizó, según los extractos y facturas que obran en el Municipio con respecto a estas obras y analizar cuál es el saldo adeudado, que es lo que reclama la empresa”, indicó.

Agregó que eso ya forma parte del problema de iliquidez o del problema del no cumplimiento con esas obras que debieron estar en ejecución. “Esas obras han sido el objeto de la emisión de bonos, en teoría, ese dinero era para terminar esas obras, acá lo que ocurrió, según lo que se desprende del informe, es que terminaron los recursos y no las obras, lo que nosotros estamos revisando es en dónde y en qué se aplicaron esos recursos”, señaló.

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En su conferencia de prensa semanal, Carlos Pereira dio nuevos detalles del trabajo que está realizando en este proceso de intervención, detallando que, a una semana de recibir las documentaciones en el corte administrativo, se realizaron más de 100 pedidos de todas las documentaciones que son complementarios y adicionales.

“Esos son documentos más bien relacionados al balance, a los estados financieros y a los anexos a la ejecución presupuestaria, pero siempre hay necesidades de pedir documentación puntual y específicamente en la revisión de los documentos de gastos vinculados a la utilización de bonos G8 y G9”, indicó.

Todas estas documentaciones se dan en el marco de la revisión y verificación de las observaciones señaladas en el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que derivó en el pedido y aprobación de la intervención.