El senador Eduardo Nakayama reafirmó que no tiene intensiones de volver al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ante los rumores de que estaría regresado a la agrupación política. El legislador indicó que será siempre liberal, pero no piensa regresar al partido. “Yo salí del Partido Liberal Radical Auténtico y no voy a volver. Que yo vuelva al PLRA, ya no, pero liberal siempre voy a ser, hasta la muerte”, sostuvo Nakayama, en entrevista a la 1020 AM este viernes.

Señaló además que en este momento está en proceso de crear una nueva agrupación política, con las mismas líneas liberales. Así también, no descartó futuras alianzas con el PLRA y con movimientos y partidos de la oposición.

“Yo estoy en proceso de creación de un partido nuevo, por supuesto que podremos eventualmente aliarnos en el futuro con el PLRA y con todos los partidos de la oposición sin ningún problema”, manifestó el senador.

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En diciembre del año pasado, Nakayama había oficializado su renuncia como afiliado al PLRA, con el objetivo de proyectar una candidatura para el 2028 y crear un nuevo movimiento político, por fuera del partido.

En su solicitud de desafiliación, el congresista había argumentado que “quienes ostentan los espacios de decisión, tanto en el PLRA como en el Congreso, responden en gran medida al cartismo, haciendo el deshonroso papel de satélites funcionales al oficialismo en el Gobierno”.

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“Este es un caso refrito. Yo con toda responsabilidad digo que jamás tuve ni tendré que ver con actividades ilícitas”, manifestó el senador Líder Amarilla tras darse a conocer que las conversaciones relevantes por Whatsapp entre el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el abogado Carlos Duarte, imputado por tráfico internacional de drogas fueron borradas, presumiblemente en el Laboratorio Forense de la Fiscalía.

“Tengo la conciencia tranquila. Puedo hablar con miles de personas, pero las actividades particulares son absolutamente responsabilidades individuales como lo establece la ley. Cada uno es responsable de sus actos”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Duarte, junto con los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Ramón Isacio Arrúa Fernández, Luis Alberto Servián Zárate, Basilio Darío Rodríguez Hetter y Marta Liliana Coronel de Chávez, son acusados por el Ministerio Público de conformar una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

En el caso fue salpicado Amarilla, ya que el fiscal Osmar Segovia en su imputación refiere que el parlamentario mantuvo un “vínculo político estrecho” con Duarte y Servián. El agente sostuvo que Servián realizó maniobras a través del senador para conseguir un puesto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuya única finalidad era la de realizar operaciones ilícitas, conforme se detalla en algunas conversaciones mantenidas.

“Le digo a la ciudadanía que absolutamente nada tengo que ver con toda la investigación o proceso que está llevando adelante la Fiscalía. Yo, ni mi familia jamás estuvimos ni estaremos involucrados en cuestiones que no estén al margen de la ley. Hace mucho que estoy en la actividad pública, fui intendente de la ciudad de Villa Elisa, estoy siempre también en las actividades judiciales por mi profesión de abogado”, comentó Amarilla.

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Días atrás se dio a conocer que en busca de determinar en qué momento fueron eliminadas las conversaciones entre Amarilla y Duarte, será revisado el teléfono del procesado, por orden del juez Osmar Legal. La inspección y la extracción de datos permitirían conducir al o los responsables de haber eliminado mensajes de gran relevancia para la pesquisa y que ocultarían elementos en contra de los implicados.

“Que el perito de la Fiscalía haga su trabajo como corresponde. Si hizo o no, ya es una cuestión del Ministerio Público. Que se haga lo que se tiene que hacer y que se revise lo que se tenga que revisar. Actualmente, tengo un abogado que está monitoreando permanentemente el expediente en el sentido de colocarnos a disposición si hiciera falta, pero según las informaciones, no tengo abierta una carpeta en mi contra”, sostuvo.

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El senador Ever Villalba expresó su preocupación ante las denuncias sobre manejos administrativos poco claros que envuelven la gestión del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas. Asimismo, el dirigente de Ñeembucú lamentó que la principal nucleación de oposición siga enfrascada en una crisis interna que impide su reorganización y fortalecimiento.

Señaló que el monto rondaría a los USD 1 millón que fueron otorgados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a la agrupación tras los últimos comicios generales del 2023. Agregó que los recursos económicos debían ser remitidos al Instituto José Patricio Guggiari para capacitaciones y formación de adherentes y dirigentes liberales.

“Se comenta que ya hay una denuncia ante el Tribunal de Conducta sobre manejos pocos claros que se tiene en el partido. Realmente esto preocupa, porque todo lo que se haga o se deje de hacer perjudica la imagen del PLRA”, indicó a los medios de comunicación.

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Por otro lado, calificó al también exgobernador de Cordillera como una persona “impredecible y sin valor” tras cuestionar que no haya acompañado la acción de nulidad presentada semanas atrás ante el Tribunal Electoral de la Capital para invalidar el desdoblamiento de las elecciones internas de los comicios municipales, previstos para el 2026.

“Yo estoy decepcionado de Fleitas. Anteriormente, él mantenía una línea discursiva de defender la institucionalidad, hablaba sobre una ilegalidad en lo resuelto en la última convención, pero ahora pactó con los disidentes para tratar de mantenerse en el cargo, es por eso que le trato de pusilánime”, sentenció.

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Hasta ahora, un impune Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arrastra una serie de denuncias. Las últimas fueron con relación a empresas ligadas a funcionarios leales al intendente que fueron beneficiados con contratos con la comuna esteña por más de G. 14.000 millones. Entre las empresas beneficiadas aparecen un club nocturno convertido en constructora y una firma que debía proveer kits de alimentos que nunca llegaron en plena pandemia.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, hace alarde de adornos navi­deños, su gestión al frente de la comuna sigue sumando irregularidades. Curiosa­mente, ante estos hechos algunos sectores políticos y de la prensa deciden hacer la vista gorda. Un claro ejem­plo son los contratos que la comuna repartió entre los leales al jefe comunal.

Más de G. 14.000 millones en contratos con la Municipali­dad de Ciudad del Este fue­ron entregadas a empresas y oenegés ligadas a funcionarios de la comuna altoparanaense que son cercanos al intendente local, Miguel Prieto.

Ciudad del Este vive uno de los episodios más polémicos en la gestión pública reciente, con denuncias de irregulari­dades que involucran millones de guaraníes. Desde la entrega de fondos para ollas popula­res en plena pandemia hasta el protagonismo de empresas y funcionarios municipales en licitaciones millonarias, el caso tiene ribetes dignos de una novela de Gabriel García Márquez.

Las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo apuntan a una red que habría operado al inte­rior de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el director de la Secreta­ría de la Vivienda, Juan Qui­roga Cañete, y la funcionaria Lumma Silva Battochi. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de fondos destinados a subcomisiones que organiza­ban ollas populares durante los meses más duros de la pan­demia de covid-19.

En 2020, ambas subcomisio­nes recibieron G. 311 millones de la comuna para supues­tamente repartir alimentos entre familias vulnerables. Sin embargo, los documen­tos presentados para justi­ficar estos desembolsos han sido fuertemente cuestio­nados. Las comisiones lide­radas por Quiroga Cañete y Silva Battochi solicitaron el reconocimiento municipal y el desembolso de los fondos el 30 de diciembre de 2020. Sorprendentemente, todo el proceso, incluyendo el pago a proveedores, se realizó en menos de 24 horas.

Ambas subcomisiones emi­tieron facturas a nombre de la empresa FASV Import Export, que declaró la entrega de insumos como carne, arroz, fideos y aceite. Sin embargo, las facturas no detallan las marcas de los productos ni los lugares donde fueron entre­gados. Más preocupante aún, no existe evidencia concreta sobre cómo se distribuyeron los insumos, lo que genera sos­pechas sobre la transparencia de las operaciones.

La denuncia no termina allí. Lumma Silva Battochi no solo es funcionaria munici­pal, sino también accionista de SCDE SA, una empresa constructora que antes operaba como club noc­turno bajo el nombre Gol­den Rouge SA Silva Battochi ingresó como accionista en marzo de 2021, aportando G. 320 millones, una cifra que contrasta radicalmente con su salario como contratada municipal, que asciende a G. 3.350.000 mensuales.

Desde 2020, SCDE ha fir­mado 8 contratos con institu­ciones públicas, 7 de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un valor total de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos a los fondos recibidos por las subcomi­siones, el clan Quiroga-Silva habría manejado más de G. 11.000 millones en menos de tres años.

El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisi­ción de cestas básicas por G. 2.949 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están pro­cesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la munici­palidad. Según la Fiscalía, Flo­rentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.

La firma Tía Chela SRL, adju­dicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas fal­sas emitidas por Vanemi SA, empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficti­cias totalizaron G. 692 millo­nes, parte de un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexis­tentes, que emitieron factu­ras para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se mane­jaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pan­demia en Ciudad del Este.

Las investigaciones actuales revelan una serie de incon­sistencias en el manejo de los fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. Tanto los casos rela­cionados con las ollas popu­lares como con las cestas básicas destacan por la falta de documentación clara y la rapidez sospechosa con que se realizaron los desembolsos.

En el caso de las subcomisio­nes, no se ha presentado evi­dencia que confirme el uso correcto de los G. 311 millo­nes desembolsados, mientras que los contratos otorgados a SCDE han despertado dudas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo.

Por su parte, la trama de las cestas básicas, en la que figura Emili Vanessa Floren­tín Páez como protagonista, pone en evidencia el uso de facturas falsas y empresas de fachada para desviar recur­sos públicos. La Fiscalía con­tinúa con las imputaciones contra los responsables de estos hechos, que afectan gravemente la credibilidad de la gestión municipal.

En total, las irregularidades detectadas en estos casos suman más de G. 14.000 millones, recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable en un momento crítico. Sin embargo, estos fondos parecen haberse des­viado hacia intereses parti­culares, dejando a Ciudad del Este con más preguntas que respuestas.