La presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González, manifestó que la ley promulgada por el Ejecutivo, que eleva las penas en contra de las invasiones colaborará a disminuir el conflicto, afirmando a la vez que es necesario que las instituciones encargadas de su cumplimiento actúen de forma inmediata para concretar los desalojos.
“Ojalá que se proceda inmediatamente, no esperar mucho tiempo y que después sean desalojados. Como siempre dije, tal vez esa ley que aumenta las penas tenga un poco de resultado, ya que se cuidarán más para invadir una propiedad”, indicó en comunicación con la radio 1020 AM.
La funcionaria de Estado manifestó también que actualmente desconoce la existencia de condenas para los invasores e instigadores, pese a que algunos estén procesados e imputados.
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“Hay familias que se arraigan porque no se actúa”
González dijo que el problema mayor surge ante la falta de reacción inmediata por parte de las instituciones encargadas de actuar ante este tipo de situaciones, la cual luego hace que el conflicto termine convirtiéndose en un problema social.
“El Ministerio Público tiene que actuar inmediatamente, no esperar que pasen tiempos y tiempos, incluso años, para proceder a un desalojo porque ahí ya se vuelve un problema social, ya que hay familias que se arraigan, que se quedan demasiado tiempo en el lugar porque no se actúa”, refirió.
Las declaraciones de la funcionaria del Estado surgieron ante las manifestaciones violentas protagonizadas ayer frente al Congreso Nacional por un grupo de campesinos e indígenas tras la sanción de la hoy promulgada ley que eleva las penas contra las invasiones a las propiedades privadas.
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Nakayama plantea endurecer penas por corrupción
El senador Eduardo Nakayama cuestionó la percepción de impunidad que se genera a partir de las leves penas que se otorga por casos de corrupción. Ante este escenario, planteó la necesidad de modificar el marco legal para elevar las penas mínimas por hechos de corrupción, a fin de evitar que condenados por este tipo de delitos recuperen rápidamente su libertad.
“Necesitamos hacer elevar la expectativa de penas para hechos de corrupción”, afirmó y adelantó que desde el Congreso se buscará analizar una posible modificación del texto vigente del Código Penal con el fin de adecuar el sistema judicial a la realidad del país y al tipo de delitos que se registran, especialmente en materia de corrupción que se da en el sector público.
El legislador consideró insuficiente que la expectativa mínima de pena para estos hechos sea de apenas un año. “En seis meses estas personas están libres nuevamente y eso no puede ser. Prácticamente es una vía libre para delinquir, ese es el mensaje que damos: ‘vengan a robar, hagan lo que quieran y luego de seis meses ya van a estar libres’. Eso no le pasa a un ladrón común, el ladrón de gallinas está preso”, aseveró.
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A esto añadió, “el ciudadano dice que la justicia no funciona y que está a medida de los corruptos”, lamentó al referirse a la falta de consecuencias reales para personas condenadas por el desvío de millonarios fondos públicos. Según señaló, muchos de ellos hoy gozan de libertad ambulatoria, lo que transmite un mensaje erróneo a la ciudadanía.
“Así como estamos hablando de crear juzgados especiales para atender la violencia contra la mujer, también debemos tener una conversación profunda sobre la corrupción, porque en Paraguay es galopante”, concluyó el senador.
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Formalización de tierras del Indert en el Chaco fomenta la inversión y genera empleos
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, destacó el impacto que tiene la entrega de títulos de propiedad a productores de Agua Dulce, Alto Paraguay (Chaco). Resaltó que con la regularización de la tenencia de la tierras se fomenta la inversión, la mejora en productividad, el crecimiento y la generación de empleos rurales.
Al respecto, el encargado del ente agrario lamentó el tiempo que se perdió en titular las tierras de la región occidental, lo que en término monetario sería difícil de cuantificar la millonaria pérdida que ha significado para el país.
“Entregamos títulos a productores chaqueños. Nos contaron que llevaban 16 años tramitando sus títulos, y que ahora lo lograron en un año. En ese tiempo, no invirtieron, no generaron empleos, y la producción se estancó”, lamentó.
Ruiz Díaz llegó hasta esta zona del país para hacer entrega de los primeros títulos de propiedad a los residentes de Agua Dulce. El acto se realizó durante el 10° aniversario de la APAD (Asociación Agropecuaria de Agua Dulce), cuyos miembros resaltaron la celeridad de este Gobierno en la regularización de las tierras.
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Cabe recordar que Agua Dulce, está ubicada al norte del Chaco, departamento de Alto Paraguay, prácticamente en la frontera con Bolivia, es una zona que se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo desde los últimos años, actualmente con 600.000 hectáreas (ha) desarrolladas, pero que todavía cuenta un potencial de expandirse con 500.000 ha más, no solo en ganadería sino también en la agricultura diversificada.
Consecuencias positivas de la titulación
De hecho, en una reciente visita al país, el experto internacional en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, había señalado durante un seminario organizado por el Indert, las consecuencias positivas que conlleva la titulación de tierras. Al respecto, remarcó cinco aspectos, que a su parecer son los más importantes:
1-Impacto en productividad agrícola: La seguridad de la tenencia impulsa mejores prácticas y mecanización, aumentando rendimientos. La titulación reduce la incertidumbre sobre la tierra, incentivando inversiones y facilitando una asignación más eficiente del recurso productivo.
2-Acceso al crédito: El título formal sirve de garantía y facilita préstamos para insumos y maquinarias. La titulación formal puede facilitar el acceso al crédito al brindar seguridad jurídica, reducir el riesgo percibido por instituciones financieras y permitir que los productores accedan a préstamos formales en mejores condiciones.
3-Inversión productiva: Con certeza jurídica, los productores invierten en riego y mejoras de suelo a largo plazo. La titulación formal puede incentivar la inversión en la tierra al reducir la incertidumbre sobre el acceso futuro, reforzar los derechos de uso exclusivos y dar confianza a los productores para realizar mejoras de largo plazo. Estas inversiones pueden incluir infraestructura agrícola, conservación del suelo, ampliación de vivienda o sistemas de riego.
4-Reducción de conflictos: El registro claro de límites minimiza disputas y violencia rural. La titulación reduce conflictos al establecer límites formales reconocidos legalmente, lo cual disminuye la ambigüedad sobre derechos de uso, herencia y transferencias. También refuerza la legitimidad frente a terceros y disminuye la necesidad de resolver disputas mediante mecanismos informales o judiciales.
5-Seguridad alimentaria y bienestar: Titular la tierra fomenta la diversificación de cultivos de autoconsumo y mejora la percepción de estabilidad. El acceso a derechos de tenencia —formales o efectivos— reduce la incertidumbre, fomenta la inversión y mejora la seguridad alimentaria; cuando recaen en mujeres, aumenta notablemente la probabilidad de seguridad alimentaria y la diversidad de cultivos, y mecanismos como la inembargabilidad elevan el valor de las fincas agrícolas y protegen el arraigo familiar.
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Gobierno analiza acciones para potenciar aún más entrega de títulos del Indert
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, mantuvo una reunión con el presidente Santiago Peña, analizaron la forma potenciar una mayor entrega de títulos de propiedad. Próximamente se presentará una propuesta de acción para concretar esto de una forma más acelerada.
En conferencia de prensa, Ruíz Díaz informó que se analizaron primeramente los avances en materia de titulación masiva de inmuebles, que es una de las principales políticas implementada en el Gobierno, con la transformación productiva del campo.
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Además, sostuvo que si bien hay muy buenos números en materia de titulación, aún no están satisfechos, teniendo en cuenta que para el final de su mandato se puso como meta la entrega total de 50.000 títulos de propiedad, para agosto del 2028.
También analizaron algunas que otras innovaciones que se podrían dar en los siguientes meses en materia legislativa, a los efectos de lograr que se potencie el resultado esperado.
“Hay un impacto muy importante cuando se entregan los títulos de propiedad al sector rural. Todas las evidencias señalan que se da un aumento importante de la inversión, lo que permite a su vez aumentar la productividad, que finalmente eso se traduce en más dinero en el bolsillo de la gente”, comentó.
De acuerdo a los estudios, señalan que cuando se entregan títulos de propiedad hay un aumento de la productividad en un 40 % y a su vez un aumento de la plata que reciben los productores en un 30 %.
“Estamos analizando cómo podemos potenciar esta parte con otras políticas de coordinación, bajo el sistema que nosotros integramos, entre ellos el sistema MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y el sistema del Gabinete Social, nosotros integramos ambos anillos. En los próximos días tengo que entregar una propuesta de cómo potenciar una mayor entrega de títulos”, explicó.
Como ejemplo, dijo que con el Crédito Agrícola de Habilitación ya se nota una mayor demanda de recursos financieros por parte de los sectores agrícolas, para llevar adelante mayores inversiones en su producción.
Pero además señaló que se observa la necesidad de potenciar aun más, porque es algo relativamente nuevo en Paraguay, el poder coordinar todas estas acciones dentro de una política a la que Peña denomina la “política de la microeconomía rural”.
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Jueza decretó la prisión de extitular del Indert, que tiene varios procesos penales pendientes
La jueza penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, ordenó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más de 6 años.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el 11 de julio la audiencia preliminar de Ortigoza, cuando se va a saber si el presente caso va a un juicio oral y público.
El Ministerio Público en su momento presentó acusación contra Ortigoza y pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo todos los elementos probatorios que se tiene en la carpeta fiscal.
Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.
En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.
Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.
Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.
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