• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

La confirmación del espionaje por parte del Brasil durante la presidencia de Jair Bol­sonaro al Paraguay entre el 2022 y 2023, tiempo en el que Mario Abdo Bení­tez lideraba nuestro país, se sumó a la lista de even­tos desafortunados para Paraguay, cuyos intereses se vieron perjudicados y amenazados durante toda la gestión de Abdo, mien­tras Brasil arrasaba todo a su paso.

En mayo de 2019, a solo 9 meses de la asunción de Abdo Benítez a la Presi­dencia, el país fue sacu­dido con la noticia de que se había firmado un acta entreguista y secreta con el Brasil respecto a Itaipú Binacional, documento en el cual se estipulaba la con­tratación de energía entre la hidroeléctrica y Cen­trais Elétricas Brasileiras SA (Electrobras), que con­templaba sobrecostos para nuestro país en orden a los USD 250 millones.

Los pormenores de este hecho generaron aún más indignación a nivel nacio­nal, puesto que uno de los activos más importantes de nuestro país estaba en manos de un joven abo­gado. Aquí entra en escena José “Joselo” Rodríguez, quien en ese momento solo tenía 27 años y fue nada más y nada menos que un intermediario a favor de la empresa brasileña Leros en la negociación de venta de energía con la Administra­ción Nacional de Electrici­dad (Ande), en el marco de este acuerdo.

El escándalo siguió esca­lando al punto que se pro­dujo la renuncia del enton­ces presidente de la Ande, Pedro Ferreira. Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez estuvie­ron a puertas de un juicio político.

La administración de Abdo continuó con su agenda bilateral con Brasil, la cual era publicitada como una de las mejores relaciones y esto debido a que el expre­sidente celebraba que su par lo llame “Marito”.

Esta amistad pública entre los presidentes no se tra­dujo en beneficios para el Paraguay, sino todo lo con­trario, nuestro país con­tinuó perdiendo terreno con relación a Itaipú y la tarifa energética descen­dió de USD 22,60 por kilo­vatio-mes a USD 20,75, cifra acordada entre ambos paí­ses en agosto del 2022, luego de que Abdo no pudiera sostener la posición nacio­nal de mantener la tarifa y ceder en cierta medida al objetivo de Bolsonaro que buscaba una importante disminución, intentando empujar a USD 18,90.

Bolsonaro no descansó en su objetivo y de manera unilateral, en diciembre de 2022, fijó la tarifa en USD 12,67, lo que tomó por sor­presa al gobierno de Abdo. En la negociación de 2023, Brasil sumó otra victoria ante nuestro país y esta vez, en consenso con Paraguay se acordó la tarifa en USD 16,71 por kilovatio-mes, lo cual incluso fue celebrada por el gobierno de Marito.

Aun estando lejos del poder, Paraguay continúa sufriendo los estragos de la adminis­tración abdista. Hace unos días salió a la luz el caso de espionaje del Brasil. Durante 9 meses el vecino país estuvo inmiscuido sin que el gobierno anterior des­pierte alertas sobre la vul­neración de los sistemas de seguridad. La propia admi­nistración de Lula da Silva reconoció que su antecesor tuvo acciones de inteligencia contra Paraguay que se desa­rrollaron entre junio de 2022 y marzo de 2023.

A la fecha, se desconoce cómo se materializó este espionaje, qué institucio­nes se quebrantaron, a qué información se accedió. ¿Realmente el Gobierno no se percató de este hecho o prefirió guardar silencio?

Todas estas preguntas toda­vía carecen de respuesta, lo concreto es que la supuesta amistad Abdo-Bolsonaro tuvo efectos dañinos para Paraguay.

Empresas consultoras y ONG beneficiarias del convenio de cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez y la recientemente clausurada por corrupción, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), siguen negándose al cumplimiento de la Ley de Transparencia. En el caso del Instituto Desarrollo (ID), documentos recabados del portal del Senado de la Nación muestran que remitieron solo listado de pagos al staff y cuadro directivo institucional, pero no los datos de los superconsultores, expertos, agentes culturales contratados que cobraron millonarios honorarios. El 90 % de los recursos de Asistencia para el Desarrollo donados a Paraguay fueron a salarios, viajes y el resto en el conocido comodín administrativo “costos indirectos”, cuyos detalles están totalmente ocultos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Como la mayoría de las empresas ONG que se beneficia­ron de los USD 58 millones donados al gobierno de Mario Abdo Benítez por la recien­temente clausurada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la con­sultora Instituto Desarrollo (ID) que dirige José Molinas, usó el 90 % de lo recibido en sueldos de su staff, expertos, agentes culturales, viajes y el resto ejecutó en costos indi­rectos y una diminuta com­pra de equipos.

En los documentos presen­tados, salvo algunos datos de los profesionales contratados en alianza con Institutos de Educación Superior (IES) de los Estados Unidos, no apa­recen los honorarios de los vinculados a los 8 aliados de ID en Paraguay para fomen­tar el “Estado de Derecho y la Cultura de la Integridad (ROLCI)” en el país.

Según los documentos que recabamos del portal del Senado de la Nación, en el marco de los requerimien­tos realizados por la Comi­sión Bicameral de Investiga­ción de delitos como el lavado de activos y otros, la consul­tora de Molinas reportó que recibió USD 4.300.000 en el marco de la cooperación a Paraguay en la época de Abdo Benítez ejecutado desde el 2019, pese a que el conve­nio internacional recién se firmó en setiembre de 2020. El monto indica una primera inconsistencia con relación a la información que nos había remitido la Cancillería nacional en la que consta los USD 4.300.000, pero a este se suma una contribución local de USD 433.333, con lo que el presupuesto manejado asciende a USD 4.733.333.

En la planilla enviada por ID figura una ejecución de USD 4.291.417 y una devo­lución de USD 8.582 a Usaid, pero no aparece la ejecución de los USD 433.333 de con­tribución país que la Canci­llería había informado. Como ya mencionamos, el 90 % fue­ron a sueldazos de los direc­tivos, consultores nacionales en internacionales.

No aparecen los nombres de los profesionales contratados por los aliados de ID, ni cuánto cobraron para fomentar la cul­tura de la integridad y el Estado del derecho, pero en las páginas de sus dossiers inflan números estadísticos alardeando resul­tados exitosos en el ámbito educativo y judicial.

Los maravillosos resulta­dos que ID pinta en los pape­les; sin embargo, están muy lejos de la realidad de la Jus­ticia paraguaya, cuestionada por el ciudadano común y envuelta de escándalo a otro, por todo tipo de denuncias. En este contexto, los que sí obtu­vieron asombrosos logros son los directivos de ID con suel­dos de ministro y así amasa­ron fortunas en honorarios (ver tabla).

En el caso del director José Molinas, por ejemplo, se registran honorarios de G. 26.000.000 al mes. Otro que figura como “personal clave” es el exfiscal y extitular de Aduanas del gobierno de Fernando Lugo, Javier Con­treras, con cobros mensuales de G. 26.000.000.

En los anexos remitidos apa­recen contratos millonarios de entre USD 20.000 y USD 171.000 entre Molinas y el Instituto Pulte para el desa­rrollo global de la universidad de Notre Dame para el forta­lecimiento del Estado de dere­cho y la Cultura de la Inte­gridad en el Paraguay, pero solo citaron los conceptos del presupuesto más pequeños y donde se puede visualizar pagos a consultores de hasta USD 1.100 por día.

También aparece una contra­tación por USD 155.000 de la Iniciativa de Agentes Cultura­les de la Universidad de Har­vard, totalmente en inglés y reducida básicamente a hono­rarios profesionales de hasta USD 1.800 por día.

La consultora ID, el Ins­tituto de Derecho y Eco­nomía Ambiental (IDEA), ONG como Semillas para la Democracia, Centro de Estu­dios Judiciales (CJE), etc., no transparentan las contrata­ciones ni los pagos que rea­lizaron con fondos donados a Paraguay para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer la democracia. Se escudan en la protección de la intimidad de terceros para ocultar quiénes cobra­ron, cuánto y para qué. Sin embargo, las fotografías, difusiones de actividades difundidas ya han eviden­ciado que la plata fue al bolsi­llo de amigos, políticos afines y programas de periodistas, opinólogos enfocados al lin­chamiento de un sector del Partido Colorado y la protec­ción de la oposición aliada al equipo Abdo Benítez.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3.659, por el cual dispuso el cierre de la embajada de la República de Paraguay en Canadá. El documento fue firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, el pasado 3 de abril, basado en la nota remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que solicitó el cierre de la representación diplomática en ese país.

La Cancillería argumentó que el pedido de cierre se da por la necesidad de ajustar el presupuesto y buscando una reciprocidad en las relaciones para alcanzar objetivos de eficiencia y economicidad en el gasto de la administración pública, con el fin de racionalizar el uso de los recursos estatales y maximizar el aprovechamiento de los ya existentes, pero “sin descuidar la misión institucional como instrumento de la política exterior”.

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Así también, se señala que esta racionalización involucra a los recursos humanos existentes en el manejo de las relaciones exteriores, que serán redireccionados en las funciones diplomáticas.

“Esta política de optimizar incluye el cierre de la embajada de la República del Paraguay ante Canadá, a fin de reorientar los recursos para atender las necesidades institucionales de carácter prioritario, sin perjuicio que en el futuro dicha sede pueda ser reabierta atendiendo al significativo valor que se otorga a la relación bilateral con el citado país”, menciona el documento.

El Gobierno de Canadá fue debidamente notificado sobre esta decisión. En consecuencia al cierre de esta sede, también se determinará la concurrencia diplomática de la embajada del Paraguay ante este país.

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La jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asociación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal cono­cido como filtración de infor­mación de Seprelad (Secreta­ría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exminis­tros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio con­tra la providencia de la jueza Cynthia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que deci­dir si la magistrada se ratifi­caba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admitió la imputación con­tra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

Además de esta decisión, se agrega a la resolución judicial que se impone las costas de estos incidentes que han sido rechazados a cada uno de los acusados con relación a este proceso, informó desde judi­ciales el periodista de Nación Media Aldo Insfrán.

Tras el rechazo de estos incidentes formulados por los abogados Emilio Fus­ter, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros, el expe­diente tendrá que subir a la Cámara de Apelación, donde se tendrá que resolver la reso­lución firmada por la jueza Cynthia Lovera.

En su resolución la magistrada sostiene que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pendientes de reso­lución. “En ese contexto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente pro­ceso estudiando las presen­taciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.

Los fiscales Silvio Corbeta y Elena Fiore pidieron al Juzgado de Garantías blanquear al exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, denunciado en su momento por supuesto enri­quecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel.

Ahora, el Juzgado de Garan­tías deberá decidir si hace lugar a dejar impune el caso o da trá­mite de oposición para que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pueda decidir si la investigación seguirá o se concretará la impunidad para Giuzzio.