La Justicia procedió al remate de doce propiedades pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay ante una deuda de G. 40.455.626.413. con la Corte Suprema de Justicia. La subasta se realizó en la sede del Palacio de Justicia y fue ordenada por la jueza en lo civil y comercial Liza Reyes.

Gran cantidad de personas acudió hasta la secretaria del juzgado civil y comercial primer turno para el remate de los inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay.

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Los inmuebles que se adjudicó la Corte están ubicados en el distrito de La Encarnación, así como en zonas de Ciudad del Este, San Lorenzo y otros. El valor de las doce propiedades rondaría la suma de G. 16.600 millones, faltando aún cubrir la suma de G. 23.400 millones.

La propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó los inmuebles atendiendo la deuda multimillonaria que mantiene el gremio de escribanos con la máxima instancia judicial.

En su momento la Corte Suprema de Justicia inició un juicio civil de rendición de cuentas contra el gremio de escribanos, para que rindiera por la delegación de la gestión y venta de los materiales de uso notarial, entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero del 2021. En el presente caso, el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda, y por ende la jueza en lo civil y comercial, Liz Carina Caballero, el 8 de junio del 2021, hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas.

Posteriormente, el Colegio de Escribanos en su rendición del dinero obtenido reconoció una deuda con la Corte de G. 20.178.641.416, debido a que debía pasar el 70 % de las ganancias a la Corte y el 30 % quedaba para el gremio por su gestión. Este hecho fue cuestionado por la Corte, con lo que se realizó una pericia contable, que arrojó que la deuda era de G. 40.455.626.413.

La resolución de primera instancia fue apelada por el gremio de escribanos y un tribunal de apelación en lo civil y comercial conformado por Verónica Velázquez, Miguel Ángel Rodas y Neri Villalba, ratificó la resolución de primera instancia.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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El fiscal José Godoy confirmó que la niña de 13 años que se embarazó producto de un abuso sexual falleció tras el parto, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. El presunto autor había sido detenido y ya se encuentra con prisión preventiva, ahora se aguarda el juicio oral.

“Ella había fallecido, tuvo un parto creo que delicado y a partir de eso había fallecido. Fue víctima de abuso. Y yo tengo la investigación sobre el abuso”, señaló a la 1020 AM.

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En cuanto al procesado, el agente del Ministerio Público mencionó que se encuentra a la espera de la audiencia para elevar el caso eventualmente a juicio oral. “Fue acusado con prisión preventiva. Esa es la situación actual del presunto autor”, expresó.

Con la muerte de la adolescente se complica el caso del acusado. “Nosotros vamos a solicitar también el informe sobre esto. Y seguramente se va a abrir también una investigación en la Fiscalía, sobre todo si hubo un problema extra. Yo me enteré por los medios que la niña falleció ayer y todo eso tengo que agregar a la carpeta a través del informe”, puntualizó.

El agente del Ministerio Público expresó no tener información exacta sobre la situación del recién nacido. “Creo que el bebé está bien, pero puedo averiguar. Pero el supuesto abusador está con prisión preventiva. Es una persona mayor de edad y era vecino de la zona”, mencionó.

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Una familia decidió denunciar a una cuidadora tras el fallecimiento de una mujer de 103 años, al asegurar que hubo negligencia. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, pero la acusada sigue en libertad.

Según los denunciantes, la abuela era víctima de maltratos físicos y verbales por parte de Lourdes Mabel Morel, la persona contratada para asistirla en su residencia, ubicada en el barrio Ykua Satí de Asunción.

Según se observa en un vídeo presentado como prueba, en una ocasión la anciana se cayó de la cama y su encargada le pidió que se levante sola.

En otra grabación se escucha que la mujer le exige que le avise cuando “hace popó” . “Paráte abuela te estoy limpiando, qué estúpida, imbécil, inútil”, se escucha decir a la cuidadora, mientras la paciente gime de dolor en el suelo.

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Los hechos se dieron el 6 de enero pasado y tras el grave incidente, la adulta mayor falleció. Los familiares se encontraban en Brasil cuando recibieron la triste noticia. Radicaron la denuncia y ahora reclaman que la Fiscalía aún no citó a la sindicada.

Claman que se inicie ya la investigación y que la presunta autora sea procesada, ya que a siete meses del trágico suceso los fiscales intervinientes no llamaron aún a declarar a la mujer.

“Nosotros estábamos con mi familia en Brasil y habíamos salido el fin de semana y el lunes 6 al mediodía me envía un audio la cuidadora avisándome que mi abuela se cayó y que no estaba reaccionando”, relató la nieta de la fallecida a Telefuturo.

Dijo que la mujer se había ganado la confianza de su familia y se encontraba trabajando en la casa desde junio del año pasado.

“Teníamos buen trato con ella, no le debíamos nada, cobró su salario, su aguinaldo. Le acompañó ese día de Año Nuevo, nosotros vinimos le vimos a la abuela y nos despedimos de ella, estaba en perfectas condiciones”, detalló.

Según la joven, la abuela tenía su geriatra de cabecera y no presentaba complicaciones en su salud, e inclusive caminaba y comía sola.

“Ese día desayunó sola, e incluso iba al baño con su andador. Ella (cuidadora) solamente caminaba a su lado. Y vinimos desesperadamente para ver qué es lo que aconteció. Y llegamos 24 horas después para el velorio y para despedirnos”, subrayó.

Dijo que al revisar las cámaras de la casa para indagar sobre lo que pasó, se percataron de que la abuela se había caído seis veces.

“Y se arrastró por toda su pieza, se levantó sola, ella no le ayudaba a levantarse y le hostigaba, le maltrataba verbalmente, le humillaba. Mi abuela gritó seis veces mi nombre llamándome y ella le grita y le dice que se levante así como se tiró. Mi abuela no se tiró, ella le forzó a que se caiga y no le ayudó en ningún momento ni tampoco pidió ayuda a tiempo, ni tampoco nos avisó a tiempo para que podamos socorrerle de alguna forma”, subrayó.

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