La semana pasada, la Cámara de Senadores incluyó en el orden del día el tratamiento de un proyecto de ley presentado en el año 2014 por legisladores del Frente Guasu, que busca expropiar parte de la estancia Pindó, ubicada en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. El jueves pasado, senadores de esta misma bancada solicitaron su postergación por 15 días debido a que no contaban con dictamen de la Comisión de Reforma Agraria.
En comunicación con La Nación, la abogada Margarita Colmán, representante de la agroganadera Pindó S.A., abogó por el rechazo del mismo, asegurando que no existe ningún sustento legal para la expropiación de las tierras que llevan 9 años de invasión ilegal.
Manifestó que espera que la Comisión de Reforma Agraria tenga en cuenta toda la presentación que hicieron, además de la audiencia pública que se realizó el año pasado, cuando expusieron su situación.
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“Esperamos que una vez que llegue al pleno de la Cámara de Senadores, que los legisladores sean conscientes que no se encuentran reunidos los requisitos legales previstos para la expropiación, tanto en el Estatuto Agrario como en la Ley 716 de deforestación y más todavía la ley que criminaliza las ocupaciones e invasiones de tierra de carácter violento, lo que hace absolutamente imposible llevar adelante la aprobación de semejante proyecto de ley”, expresó.
Asimismo, indicó que lo llamativo del caso es que nuevamente el Frente Guasu reflota su proyecto original, pero insiste en solicitar la investigación del origen de la titularidad de las tierras respecto a los dueños originarios. Mencionó que en el 2020, previo a la audiencia pública que llevó adelante la comisión asesora, ellos presentaron toda la documentación sobre los títulos de propiedad, sus orígenes, decretos y leyes.
“Nosotros ya presentamos todos los decretos, las leyes, las resoluciones por las que se tramitaron los expedientes de un trámite que se inició en 1962 y que terminó en 1974, tuvo más de 10 años de tramitación para la adjudicación, permuta y transferencia del inmueble a favor de nuestra empresa. Pero, al realizarse todas estas operaciones comerciales, se hizo entrega inmediata de la avioneta a disposición del IBR (Instituto de Bienestar Rural), que era lo que ellos querían comprar de nuestra empresa”, explicó la abogada Colmán respecto al origen de las tierras que son propiedad de la agroganadera Pindó SA.
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Es por ello que la representante legal insiste que le parece llamativo que la bancada del Frente Guasu insista en solicitar la investigación sobre el origen de la propiedad de las tierras, cuando ellos mismos han presentado toda la documentación correspondiente en el 2020.
No obstante, y a fin de acelerar el proceso de estudio por parte de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara Alta, que este martes tiene prevista su reunión, los representantes legales de la estancia Pindó volvieron a presentar una nueva copia de todo el legajo documental, títulos, mensuras.
Igualmente, presentaron en formato digital todas las imágenes, fotografías sobre el avance de la deforestación de la reserva boscosa de la estancia Pindó, así como los incendios y ataques que sufrieron los empleados y representantes legales por parte de los grupos de supuestos campesinos sin tierra que invadieron la propiedad en febrero del 2012.
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