Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

El proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, cuenta con el dictamen a favor de su aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados. Además de la declaración de emergencia, también se amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado jueves se incluyó en el orden del día de Diputados, fue debatido y tuvo una mayoría a favor, sin embargo, al momento de la votación la sesión extraordinaria quedó sin quórum por lo que el proyecto no pudo ser sancionado.

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El documento podrá ser analizado recién después de la Semana Santa, ya que en estas fechas no se realizará la sesión ordinaria de los días martes, y se aguarda que al momento de ser tratado ya quede sancionado y pase al Poder Ejecutivo.

“Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa. Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos”, refiere la mención de la Cámara Baja.

De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de ambas Cámaras del Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.

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El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.

“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.

Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.

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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.

Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.

“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.

Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.

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El proyecto de resolución “que propone la creación de una Comisión Especial Unicameral para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones para la Revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, entre los Gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”, fue aprobado en la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del pasado martes. La iniciativa fue presentada por los diputados Rocío Abed y Hugo Meza.

Si bien el objetivo fue la creación de una Comisión Bicameral que integre a miembros de la Cámara de Senadores y Diputados, la iniciativa no avanzó por una falta de acuerdo para la presidencia, lo que llevó a los diputados a abandonar la sesión y solo se conformó, primeramente, una comisión unicameral en Senadores y ahora en Diputados.

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Ahora, desde Diputados el análisis y acompañamiento de estas negociaciones se realizará de manera unicameral. El diputado Hugo Meza explicó a La Nación/Nación Media que no se llegó a un acuerdo entre ambas Cámaras por una falta de madurez política.

“Es lamentable. Lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo. Creo que faltó madurez política, ni siquiera de nuestra parte, nosotros simplemente hemos defendido la institucionalidad de la Cámara de Diputados, atendiendo que es norma que las bicamerales siempre se han rotado, tanto en Senadores como en Diputados”, indicó.

El legislador sostuvo que es necesario que estas negociaciones, que se encuentran paradas de momento por el esquema de hackeo de Brasil al Gobierno de Paraguay, admitido por el mismo gobierno de Inacio Lula Da Silva, sean acompañadas por el Legislativo.

“No creo que se pierda fuerza (al ser una comisión unicameral), más bien es una duplicación de los trabajos, pero creo que en este caso lo que abunda no daña, lo que más necesitamos es sentarnos con los representantes del Poder Ejecutivo, Cancillería nacional, Itaipú Binacional, para saber los avances y en qué estadio hoy estamos, en qué parte de la historia hoy estamos con relación a esta negociación importante”, apuntó.

La instalación de esta comisión especial se estaría dando a la vuelta de Semana Santa, cuando se deberá conformar la mesa directiva y empezar con el trabajo. “Vamos a estar convocando a las autoridades, a los que están llevando adelante esta renegociación desde el Ejecutivo, y eventualmente, también nosotros querríamos preparar algunas acciones, algunos pareceres, desde una mirada más plural, ya que están varios diputados de otros partidos y otros espacios”, adelantó.

Agregó que el objetivo es generar propuestas concretas, aunque el papel de la comisión es más bien de análisis y seguimiento, pero también es importante que se conozcan todos los detalles, ya que una vez que se firme el acuerdo debe pasar por ambas Cámaras del Congreso para su aprobación.

“Es muy importante que estemos en la previa de la negociación. Lo que se decida firmar por los Gobiernos de Paraguay y Brasil, va a tener que pasar por ambas Cámaras del Congreso para aprobar o rechazar. Entonces, sería importante que desde el vamos sepamos cómo están trabajando estos representantes de la negociación”, sentenció.

Titulares: Rocío Abed; Christian Brunaga; Avelino Dávalos; Cristina Villalba; Hugo Meza; Mauricio Espínola; Jorge Ávalos Mariño; Carlos Pereira; y Raúl Benítez.

Suplentes: Miguel Del Puerto; Bettina Aguilera; Esteban Samaniego; Luís Federico Franco; y Walter García.

Diputados representantes ante el Parlamento del Parlasur: Rodrigo Gamarra; Virina Villanueva; y Pastor Vera.

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