El abogado Carlos Palacios, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, dijo a Universo 970 que las declaraciones del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre el supuesto pedido de informe de la Fiscalía panameña es una “tremenda irresponsabilidad” del secretario de Estado.
“Según lo que le escuché decir al fiscal Doldán, el requerimiento está amparado en confidencialidad y si eso fuese así, estaríamos ante una violación de un deber del secreto y una tremenda irresponsabilidad del ministro Giuzzio”, afirmó el referido profesional del derecho.
Agregó además que “es un asunto que fue suficientemente aclarado y llama poderosamente la atención la irresponsable declaración que hace el ministro del Interior al lanzar por redes sociales este tipo de información sin dar mayores explicaciones”.
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Palacios fue contundente al mencionar que “pienso que esto tiene una motivación claramente política, se trata siempre de una campaña para desprestigiar al expresidente Horacio Cartes, sobre todo en el contexto de una campaña política que se está iniciando de cara a las internas del Partido Colorado”, refirió el representante legal de Cartes.
También aseguró que “el señor Cartes en su momento había explicado de manera exhaustiva la adquisición de una sociedad panameña y lo había hecho con el propósito de adquirir una propiedad en el estado de Florida con absoluta regularidad de esa transacción”.
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Corte debe evitar impunidad y destrabar proceso penal a Giuzzio
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar el proceso penal que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior de Mario Abdo Benítez, quien debe ser juzgado por cohecho pasivo agravado (coima), por por sus vínculos con el sindicado narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Los ministros de la máxima instancia judicial Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos deben resolver la recusación que presentó Giuzzio contra los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, quienes son los magistrados que deben decidir sobre la competencia de los jueces de sentencia Adriana Planás y Matías Garcete, que a su vez fueron recusados por el exministro del Interior y quien busca impunidad en el proceso por cohecho pasivo agravado.
Con las chicanas presentada por Giuzzio, el juicio oral y público no puede desarrollarse desde marzo de este año. El expediente está en manos del ministro de la Corte Víctor Ríos, quien deberá votar y destrabar el presente proceso penal.
INFORME CON SUPUESTO NARCO
La Fiscalía solicitó al tribunal de sentencia al inicio del juicio oral que se incluya como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado al tribunal de sentencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua.
Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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Seprelad: acusados vuelven a trabar caso y va a la Corte
La causa que investiga la filtración de documentos y falseamiento de información de Seprelad tropieza nuevamente con una paralización. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.
Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apelación general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cuestionan la resolución del tribunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los procesados en el presente caso.
CHICANA
Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apelación de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exministros de Abdo.
Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación integrado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos colaboradores de Abdo Benítez.
Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes planteados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.
La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
CORTE ADVIERTE SOBRE MALA FE
En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.
En aquella oportunidad los ministros de la Corte mencionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el presente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en dificultar el normal desarrollo de la administración de justicia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.
ALTOS MAGISTRADOS
De la misma manera, los altos magistrados mencionaron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.
Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.
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Plantear dictar emergencia educativa y social ante violencia en las relaciones adolescentes
Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.
Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.
La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.
Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.
La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.
Entorno familiar
“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.
Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.
Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.
Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.
Abordaje preventivo
Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.
Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.
“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.
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Villate está en desacuerdo con declaración de emergencia en ciberseguridad
El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, manifestó su desacuerdo con respecto a la declaración de emergencia en ciberseguridad, realizada el pasado martes por parte de la Cámara de Diputados, la cual consideró necesaria esta medida luego de los ataques cibernéticos que sufrieron varias instituciones del Estado.
“No ayuda en nada, no tiene ningún efecto práctico, no hay ninguna situación y lo que hace es exponer más. Creo que fue desacertada esa resolución, pero bueno, creo que hay una presión de parte de algunos actores para que se dé esa situación, que no ayuda al país y a la institución”, indicó el secretario de Estado en conversación con varios medios de prensa.
En este sentido, afirmó que el Mitic está trabajando actualmente para combatir los hackeos y vulneraciones a los sistemas de institucionales estatales, de modo a evitar en lo posible nuevos episodios. Asimismo, también se refirió a los cuestionamientos que existen respecto a su gestión en esta cartera, que provienen principalmente de legisladores opositores.
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Villate señaló que los parlamentarios tienen el derecho de expresar sus opiniones, no obstante, considera que desde el Mitic se está desarrollando un buen trabajo en materia tecnológica. Las declaraciones del ministro se dieron a la salida del Congreso, luego de haber participado de una audiencia sobre el proyecto de ley que regula y promueve la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA).
“Consideramos los hechos de hackeo de sitios web oficiales de la República del Paraguay, especialmente del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, además de los recientes hackeos que afectaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el reporte de múltiples hackeos tras filtraciones de datos ciudadanos”, expuso el diputado Roberto González, quien mocionó tratar la declaración sobre tablas y recibió el respaldo de la mayoría de sus colegas tras un amplio debate.