Un joven con discapacidad física denunció que fue víctima de discriminación al intentar utilizar una unidad del transporte público. Acreditó su condición con la presentación de su carné que le habilita a viajar gratuitamente, pero fue agredido por el chófer que le negó el acceso y, además, se burló de él.

Eduardo Juan José Páez Cuenca relató a los medios de prensa el episodio que afrontó cuando fue obligado a descender del colectivo e incluso estuvo a punto de ser golpeado físicamente, conforme expresó.

“Yo tengo el certificado de discapacidad que es para pasaje gratis. Salí de mi facultad y quise tomar la Línea 5, exactamente la unidad 25. Me quise subir, le mostré el certificado y me dijo que no me iba a aceptar. Yo le pregunté por qué si hay una ley”, señaló.

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El denunciante grabó un vídeo para avalar sus acusaciones contra el conductor del ómnibus, quien respondió con sorna al reclamo del usuario del transporte público. “Anda, denúnciame. Si no querés pagar el pasaje, comprá para tu bici o para tu caballo”, dijo el chofer al joven universitario que le avisó que lo denunciaría.

La víctima contó que aparte de improperios casi fue agredido físicamente. “Empezó a agredirme verbalmente. Me dijo pelotudo y todas esas cosas. Y después cuando ya me estaba por bajar, él quiso bajar del colectivo para agredirme físicamente. Yo vine directo a denunciar”, manifestó.

Juan José afirmó que no es la primera vez que sufre esta discriminación. “La verdad es que desde que tengo todos estos beneficios sería la tercera vez que me está pasando. Y ahora me animo a denunciar porque ya pasó el límite y muchos choferes suelen ser así, que no te aceptan. Y yo quisiera alzar mi voz para que no ocurra más eso más adelante”, subrayó.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justi­cia integrado por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander rechazó las últimas dos chicanas que presenta­ron Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como filtración de informa­ción de Seprelad donde tam­bién está imputado el expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez.

Los abogados Emilio Fuster, defensor de Giuzzio; y Enri­que Kronawetter, represen­tante legal de Daniel Farías, presentaron una apelación contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que había otorgado seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que pueda presentar su requerimiento conclusivo.

La Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por los dos imputados argumentando que “corresponde declarar inadmisible el recurso de ape­lación interpuesto atendiendo a que, si bien se trata de una resolución originaria del Tri­bunal de Apelación, el mismo no ha fundado debidamente su recurso, ya que se ha limitado a expresar como motivo de agra­vio que la resolución apelada es infundada”.

Asimismo, menciona el fallo judicial que “tampoco el ape­lante ha establecido cual es el agravio que le ocasiona la concesión de la prórroga extraor­dinaria, y por lo tanto no es posible para esta Sala Penal realizar el análisis de lo invo­cado”, indica parte de la reso­lución de la Corte que rechazó las dos apelaciones de los dos imputados.

Ahora el expediente deberá bajar al Juzgado Penal de Garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien tendrá que fijar la fecha para la realiza­ción de la audiencia de imposi­ción de medidas cautelares así como resolver las doce chica­nas más que aún faltan definir.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arre­gui y René Fernández; los fun­cionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecre­tario privado del mandamás Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presi­dencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expresidente Mario Abdo Benítez pre­sentó otras chicanas contra la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magis­trada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtracio­nes de la Seprelad.

A medida que pasan las horas van surgiendo más datos sobre el atraco a la entidad bancaria en Naranjal, departamento de Alto Paraná, como por ejemplo una alerta por parte del Departamento de Inteligencia sobre una sospecha de robo y también la denuncia de vecinos que reportaron que unos desconocidos vestidos de barrenderos estaban recorriendo la zona días antes.

En redes sociales se viralizó un video que fue captado por un vecino, a quien le pareció sospechosa la actitud de estas personas que días antes estaban recorriendo la zona vestidos de barrenderos. Estos iban en una camioneta y hacían como que recogían basura, pero no eran funcionarios municipales.

Según el reporte, los pobladores denunciaron el caso a la comisaría local, por lo que tomaron intervención e incluso lograron detener a los sujetos, pero luego de hacerles unas preguntas los volvieron a liberar. Los vecinos indicaron que la respuesta de los intervinientes fue: “No pasa nada”.

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A todo esto se suma que tres horas antes del asalto, desde el servicio de Inteligencia dieron aviso de que había sospechas de un posible robo al banco e incluso emitieron un comunicado interno, pero atendiendo a que son solo seis uniformados en la comisaría local no pudieron dar cobertura.

Se presume que un total de 15 personas participaron de este atraco en el redujeron a los guardias y luego usaron dinamita en gel para volar las entradas. De la bóveda lograron llevar G. 2.800 millones y dejaron esparcidos G. 700 millones. Tras el hecho abandonaron los automóviles en los que huyeron.

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Cuarenta trabajadores de una conocida empresa de servicios exequiales fueron despedidos en forma injustificada, hace un mes, según una denuncia de los afectados, quienes realizaban las tareas de asesoría de ventas.

En contacto con el diario La Nación/Nación Media, Norma Domínguez y Lilian Gisselle Ortiz denunciaron que fueron convocados por la oficina de Recursos Humanos de la empresa para informarles sobre la desvinculación laboral sin motivo alguno.

Una de las afectadas, Norma Domínguez, refirió que solamente le querían abonar una indemnización equivalente a 9 millones de guaraníes, a ser efectivizada en tres cuotas y con cheque diferido, cuando en realidad le correspondía 17.400.000 guaraníes, según los años de trabajo en la empresa y la correspondiente indemnización legal verificada por el Ministerio de Trabajo.

“La firma exequial nos quiere pagar muchísimo menos de lo que corresponde de acuerdo a la ley. Aparte, nos hacían trabajar 8 horas diarias cuando nos pagaban por 4 horas y esas horas declaraban a IPS”, dijo una de las asesoras de ventas.

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Norma junto a otras compañeras, como Lilian Ortiz, Katherine Fleitas, Beatriz Gaona, Andrea Bordón, y Hernán Benítez, realizaron la denuncia formal ante la dependencia ministerial, que realizó las correctas verificaciones correspondientes al resarcimiento legal.

Ante esta situación, el Departamento de Mediación de conflictos individuales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a la empresa de servicio exequial, a raíz de esta denuncia. En la primera convocatoria, los representantes de la firma no acudieron a la audiencia. Nuevamente, se fijó una nueva audiencia para este viernes 22 de noviembre.

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