La Arquidiócesis de la Santísima Asunción emitió un comunicado exigiendo justicia por el feminicidio de María Fernanda Benítez y otras mujeres víctimas de violencia. La Iglesia condena el abuso de poder, conciencia y sexual calificándolo como contrario al evangelio.

Al mismo tiempo, las autoridades eclesiásticas instan al Gobierno a implementar políticas públicas que protejan a las poblaciones vulnerables, especialmente niñas y adolescentes.

“En estos días nuestro país ha sido sacudido por hechos profundamente dolorosos, que interpelan nuestra conciencia como sociedad. Primero, la trágica muerte de un joven en el puente Remanso, que nos interpela con fuerza sobre la urgencia de acompañar con sensibilidad a quienes más lo necesitan. Luego el asesinato de un trabajador delivery, víctima de un acto de violencia perpetrado por un menor de edad, que nos revela el abandono de muchos jóvenes sin contención ni horizonte”, señala el manifiesto.

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Alude igualmente al reciente feminicidio de María Fernanda “una adolescente de 17 años, embarazada, asesinada presuntamente por su pareja, que nos confronta con la brutal realidad de la violencia a la mujer”.

En el comunicado también se mencionan los casos de personas desaparecidas, especialmente niñas y mujeres, de quienes ya no se tienen datos “y cuyos nombres muchas veces se pierden en el olvido, sin justicia ni respuesta”.

“Estos hechos distintos, pero profundamente humanos, revelan una dolorosa realidad: estamos fallando como sociedad”, indica. “Se quebranta la dignidad humana cuando una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer y por querer ser madre. Estamos en deuda como sociedad cuando la salud mental se ignora o se estigmatiza, y cuando el sistema no ofrece respuestas reales ni accesibles”, añade.

Los religiosos alzan su voz de protesta y piden que se aclaren los hechos que se encuentran en el ámbito de la Justicia. “Como Iglesia, no podemos permanecer en silencio. La vida es sagrada. Cada persona es imagen de Dios y merece ser acogida, protegida y valorada. No se puede hablar de una sociedad justa mientras persistan la violencia de género, el abandono institucional, el desprecio a la dignidad humana”, concluye el comunicado.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

Estados Unidos sancionó este jueves pasado a dos colombianos y cuatro guyaneses por traficar toneladas de cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos, Europa y el Caribe a través de Guyana en narcosubmarinos y aviones, informó el Departamento del Tesoro. Según Washington, Guyana ha servido durante décadas de “punto de transbordo para el movimiento de drogas” y los cárteles mexicanos operan en la zona.

La proximidad de Guyana al Caribe y la “supuesta corrupción en sus puertos y fronteras” permite que aviones y narcosubmarinos transiten “sin ser detectados”, afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado. “Los narcotraficantes explotan los ríos y selvas de América del Sur transportando grandes cantidades de cocaína desde Colombia y Venezuela a través de Guyana y Surinam”, añade.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos colombianos, Yeison Andrés Sánchez Vallejo y Manuel Salazar Gutiérrez, a quienes acusa de “supervisar las pistas clandestinas utilizadas para transportar toneladas de cocaína por vía aérea desde Colombia a Guyana”.

También impuso sanciones a los guyaneses Paul Daby Jr. y Randolph Duncan, miembros de la principal red de narcotráfico del país, así como a Mark Cromwell, un exoficial de policía, y Himnauth Sawh, quien garantizaba el paso “a los traficantes colombianos y venezolanos”. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

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La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, junto con la Academia Legislativa del Parlamento, realizaron el acto de apertura del diplomado en “Políticas de prevención, rehabilitación y combate al consumo de drogas ilegales y otras sustancias” en la sala Sala Bicameral del Congreso Nacional.

El senador Rubén Velázquez, vicepresidente de la mesa asesora, indicó que si bien el cupo inicial fue de 450 lugares, se han encontrado con más de 1.500 interesados que se anotaron para llevar adelante el curso. Por lo que buscarán abrir un segundo módulo del diplomado, anunció.

El legislador destacó que este curso es muy importante, ya que permitirá que funcionarios y asesores del Congreso y la ciudadanía en general puedan tomar mayor conocimiento sobre los mecanismos de las políticas públicas orientadas a la prevención y el combate frontal al consumo de drogas en el país.

“Creemos que esto permitirá enriquecer su conocimiento, así como mejorar las técnicas de prevención. Estamos muy satisfechos por el gran interés que generó, ya que la ciudadanía demostró interés en participar”, precisó.

• Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.

El procedimiento se realizó en una zona boscosa de la colonia Cristino Potrero de la ciudad de Capitán Bado (Amambay), distante a unos 100 kilómetros de la capital departamental. Datos revelan que agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron el sitio ante informaciones sobre la existencia de una importante cantidad de yerba ilícita.

Grande fue su sorpresa cuando, al ingresar al terreno boscoso, hallaron una especie de “centro de acopio” y, en su interior, numerosas bolsas conteniendo marihuana picada de alta calidad. Según la Senad, se trata de 18 toneladas de esa droga que estaba a punto de ser prensada para su comercialización al mercado brasileño.

Durante el operativo, seis vehículos que estaban en el lugar fueron incautados. Ninguna persona fue capturada durante el allanamiento. Por disposición del Ministerio Público, la droga fue incinerada en el lugar y los campamentos destruidos.

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