El intendente de Villarrica, Maguín Benítez, insiste con una investigación contra el diputado Ever Noguera por obras fantasma, faltantes de dinero y malversación de fondos. Durante la administración municipal de Gustavo Navarro y Alejandro Aguilera, exjefes comunales, se dieron a conocer transferencias sin licitaciones a sus empresas.
El intendente de Villarrica denunció en diciembre del año pasado a la administración municipal del 2015-2021, en esta oportunidad amplió los hechos contra los exjefes comunales y los presentó a la Fiscalía Anticorrupción.
Serían cinco las empresas del diputado que fueron beneficiadas con contratos sin licitaciones, con los que recibieron un total de G. 3.147 millones por obras que no se culminaron. La investigación no avanza, el proceso sigue parado hace dos meses desde la primera denuncia.
El director jurídico de la municipalidad, Víctor Escobar, dijo que estas irregularidades podrían constituir hechos punibles y acarrear cuantiosos daños patrimoniales para la municipalidad, por eso esperan que el Ministerio Público actúe lo más rápido para determinar estos daños.
Las firmas involucradas serían Ñande Yby Paraguay, que estuvo a nombre del legislador oficialista hasta el año pasado; Frintex SA, que fue conformada recientemente a nombre de su cuñada Dora Cáceres y su guardia Francisco Aquino; Itapoty SA, que figura con el nombre de sus cuñados Benedicto y Dora Cáceres; El Emprendedor, de su hermano Lizandro Noguera.
Las transferencias se dan a través de comisiones vecinales encargadas de liderar los procesos de contratación, ya sea para la construcción de escuelas, empedrados, proyectos de iluminación, sistema de agua y otros que figuran dentro de la auditoría interna que se dio en el municipio.
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Inversionista austriaco desembarca en Paraguay para impulsar proyecto forestal en Villarrica
El empresario Klaus Kotschy, a través de la empresa Microcultura SRL en proceso de constitución, apuesta al desarrollo sostenible en el sector forestal, ofreciendo producción de plantines de calidad y acompañamiento técnico para la reforestación y restauración de suelos degradados en la región.
En línea con el creciente interés que genera Paraguay como destino de inversiones comprometidas con la sostenibilidad, Villarrica será sede de una nueva apuesta internacional con alto impacto ambiental y productivo. Se trata del proyecto Microcultura SRL, una iniciativa liderada por el inversionista austriaco Klaus Kotschy, para integrarse al ecosistema forestal del país.
La inversión inicial anunciada es de USD 72.639, aunque se estima que la cifra será considerablemente mayor a medida que se consolide la estructura operativa y se amplíen los servicios en el territorio nacional.
Esta nueva firma busca ofrecer soluciones innovadoras en la producción de plantines de alta calidad genética, junto con servicios técnicos especializados para el manejo sostenible de tierras.
Ernesto Rojas, director de Inversiones y Regímenes Especiales en SUACE, señaló que la decisión del empresario surge tras un estudio de mercado que evidenció una alta demanda de servicios forestales, particularmente vinculados a la restauración de suelos degradados, cumplimiento de normativas ambientales y programas de compensación de carbono.
“El proyecto de Microcultura SRL apunta a cerrar esta brecha, combinando la provisión de plantines de calidad con asistencia técnica y seguimiento sostenible en regiones con altos índices de deforestación y escasa cobertura institucional”, detalló Rojas.
Asimismo, Rojas explicó que el proyecto se desarrolla en alianza con la empresa paraguaya La Rivera, propiedad de Andreas Jelinek, que ya opera en el rubro de forestación, reforestación y ganadería en la región de Villarrica.
Con esta iniciativa, Paraguay suma un nuevo emprendimiento de capital extranjero con impacto ambiental positivo, en una región estratégica para el desarrollo forestal sostenible, reafirmando su atractivo como destino para inversiones comprometidas con la sostenibilidad y el desarrollo territorial.
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Eduardo Bolsonaro rechaza renunciar a su escaño de diputado en Brasil
El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y diputado federal por Sao Paulo, Eduardo Bolsonaro, ha afirmado ayer domingo que no va a renunciar a su escaño y que planea “cumplir su mandato” durante tres meses más, pese a estar en el último día de su excedencia, que pidió para marcharse a Estados Unidos alegando persecución política.
"No voy a renunciar de ninguna manera. Si quiero, puedo cumplir mi mandato, al menos, hasta los próximos tres meses", ha declarado durante una retransmisión en YouTube a la que ha tenido acceso el diario brasileño ‘Folha’, al que el pasado jueves concedió una entrevista considerando la posibilidad de dejar su cargo.
La excedencia solicitada por el ultraderechista termina este domingo, aunque el receso del Congreso entre los días 18 y 31 de julio, sumado al límite de ausencias permitidas, debería posponer la decisión sobre la posible pérdida de su escaño. En este sentido, podría faltar a 44 plenos más, ya que sólo entonces acumularía más de un tercio de sesiones ausente del total celebrado, condición bajo la cual entraría en escena la retirada del acta.
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Amenaza a de Moraes
En otro fragmento cotejado por Europa Press de la retransmisión del diputado brasileño, éste ha advertido al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes de que la sanción por la que Estados Unidos ha revocado su visado “es sólo el principio”.
“Lo ideal sería que estuviera fuera del Supremo. Trabajaré para ello también, ¿vale, (De) Moraes? Entonces, cuando decimos que el visado fue solo el comienzo, es porque nuestro objetivo será sacarte de la corte. No eres digno de estar en la cima del poder judicial”, ha afirmado, antes de asegurar estar “dispuesto a sacrificarme” para ello.
“¿No te gusta? Incluye a (el presidente estadounidense, Donald) Trump en la investigación, incluye a toda nuestra pandilla aquí de Marco Rubio, etc., y envía a la Interpol a buscarnos”, ha declarado el hijo del exdirigente ultraderechista retando al magistrado, al que ha calificado como “mediocre” en sus escritos.
El congresista ha llegado también a amenazar a quien de la Policía Federal pudiese estar viendo y registrando su retransmisión como parte de la investigación en su contra: “Vamos, colega de la Policía Federal, perrito de la Policía Federal que me está viendo. No me lo digas, hermano. Si me entero de quién eres, voy a hacer algo al respecto”.
El director general del cuerpo de Policía, Andrei Rodrigues, ha calificado la intervención de Eduardo Bolsonaro como un “cobarde intento de intimidación” y ha pedido que sus declaraciones sean incluidas en el proceso indagatorio abierto en su contra en el Tribunal Supremo. “Ningún investigado intimidará a la Policía Federal. Vamos a instruir la investigación en curso con este nuevo ataque a las instituciones, ahora directamente a la Policía Federal, hecho que se suma a los demás que están siendo investigados”, ha afirmado para el diario ‘Folha’.
Las palabras del diputado residente en Estados Unidos se producen en el marco de las medidas cautelares impuestas contra su padre, Jair Bolsonaro. A raíz de ello, su hijo, ha afirmado De Moraes, “intensificó las conductas ilícitas objeto de esta investigación, mediante diversas publicaciones y ataques al Tribunal Supremo en redes sociales”, según ha recogido la agencia brasil.
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Las acciones de Eduardo Bolsonaro desde Estados Unidos llevaron en mayo a que el Tribunal Supremo brasileño abriese una investigación en su contra por posibles delitos de coacción y obstrucción en el proceso judicial sobre el intento de golpe de Estado en 2023 contra el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que está involucrado su padre, Jair Bolsonaro.
Por su parte, el exmandatario está sujeto a medidas cautelares, impuestas por orden del Tribunal Supremo, que incluyen una tobillera localizadora y la prohibición de salir de casa por la noche, entre las 19.00 y las 6.00, y los fines de semana. Además, tampoco puede hablar con su hijo Eduardo ni con embajadores de otros países, ni acercarse a embajadas o consulados. Asimismo, su oficina en la sede del Partido Liberal y su casa han sido registradas por las autoridades, que han confiscado en esta última una memoria USB escondida en un baño, así como 14.000 dólares (12.000 euros) y 8.000 reales brasileños (1.230 euros) en efectivo.
El expresidente fue acusado de liderar la organización golpista en el alegato final de la Fiscalía el pasado lunes, y se encuentra investigado también por, presuntamente, financiar en Estados Unidos --con la participación de su hijo Eduardo-- una trama para la aplicación de sanciones contra Brasil como el aumento de los aranceles ordenado por Trump.
Fuente: Europa Press.
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“El transporte público no puede ser rehén de quienes lucran con el caos”, cuestiona diputado
El diputado Rodrigo Gamarra cuestionó al sector empresarial del transporte público y afirmó que urge el cambio del sistema del transporte público en el país. Argumentó que el Estado destina un millonario monto a este sector, sin embargo, solo se recibe a cambio un pésimo servicio que termina afectando a toda la ciudadanía.
“Cada mes, el Estado paraguayo destina entre 3,3 y 3,9 millones de dólares en subsidios al transporte público del área metropolitana. A lo largo de una década, esto representa más de 432 millones de dólares pagados a empresas que en muchos casos ofrecen un servicio deficiente y, peor aún, amenazan con paralizar el país cada vez que el pago se retrasa”, criticó en conversación para La Nación/Nación Media.
En este sentido, expresó que, con el monto destinado a los transportistas, el Estado podría invertir en reemplazar la flota con mayor operatividad. “Hoy, Paraguay podría utilizar ese mismo dinero para comprar más de 1.700 buses nuevos, preferentemente eléctricos, y reemplazar el 100 % de la flota actual, estimada en unas 1.500 unidades. Hablamos de vehículos sin humo, silenciosos, con menor costo operativo, mejor confort y sostenibilidad ambiental”, apuntó.
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Para el diputado, no se trata solo de cambiar la flota de buses, sino también de cambiar el modelo de transporte público. “Los ómnibus adquiridos con recursos públicos podrían ser concesionados a empresas serias, transparentes y competitivas, que operen bajo reglas claras y estándares de calidad exigentes. Con una inversión ya cubierta por el Estado y un costo operativo mucho más bajo gracias a la tecnología eléctrica, el precio del pasaje al usuario podría incluso reducirse”, refirió.
Este nuevo esquema permitiría “cortar de raíz el chantaje de quienes lucran con el subsidio, establecer contratos con cláusulas de rendimiento y penalidades, garantizar a los ciudadanos un transporte público digno, limpio y confiable, y fortalecer la trazabilidad y el control digital del sistema”, de acuerdo a su sugerencia.
El parlamentario propone que sea el Estado paraguayo el que lidere este proceso de modernización del sistema de transporte. “En ningún momento proponemos abandonar el rol del Estado, por el contrario, proponemos que el Estado lidere el proceso de modernización, posea los activos, y ponga las reglas de juego claras para concesionar su uso a operadores responsables”, sentenció.
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Plantean cárcel o multa para mitigar los perfiles falsos y la estafa digital
El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.
La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.
También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.
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El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.
Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.
Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.
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