La jueza Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva de varios detenidos en el marco del operativo Barret, entre ellos militares, policías y presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Varios imputados fueron trasladados a la cárcel de Tacumbú, mientras que los dos militares al penal de Viñas Cué, y el agente policial a la Agrupación Especializada. Están imputados Giovani Zárate Jiménez, alias Yoni, presunto líder de la estructura, quien estará privado de su libertad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este; Alexandro Dos Reis Acosta, José Ignacio Ramírez.

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Mientras que los militares Jorge Daniel Villalba, y Rodney Villalba estarán presos en la cárcel de Viñas Cué. Asimismo, el agente policial Germán Lezcano Ojeda alias Pikeitor cumplirá la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, desplegó un operativo con más de ocho allanamientos en el departamento de Canindeyú, con el objetivo de dar con los integrantes de la banda criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

A través del operativo denominado Barret, las autoridades del orden buscan dar con las personas que estarían encargadas no solo del tráfico de drogas y armas dentro de la organización, sino de aquellas que se encuentran encargadas del lavado y el traslado del dinero.

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Este martes, la comunidad artística musical celebró el nuevo decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña en el que se garantiza la continuidad de la remuneración compensatoria por copia privada. Además, redujeron al 10 % el monto neto que debe recibir la Dinapi.

Este decreto era esperado por los artistas musicales del Paraguay desde hace un buen tiempo y se concretó en la fecha con el apoyo del Ejecutivo que decidió estar a favor de la propuesta hecha por la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay).

“Hoy queremos agradecer la firma del decreto que garantiza la continuidad de la remuneración compensatoria por copia privada. Agradecemos a los órganos del Estado y al presidente de la República por reconocer que la música es trabajo y merece ser valorada”, expresó Óscar Pérez, titular de la AIE Paraguay.

Agregó que esperan que la Corte Suprema de Justicia también honren esta normativa y proteja la cultura musical del Paraguay. “Que protejan el derecho de quienes las crean, porque la música no se detiene, la música nos une y hoy más que nunca la música se respeta”, dijo Jorge Aguilera, presidente de la SGP.

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Una de las novedades es que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) solo recibirá un 10 % del monto neto recaudado y ya no el 20 %, lo que permite que una porción aún más grande de los fondos se destine directamente a los autores, artistas, intérpretes y productores, sin dejar de apoyar los programas.

Otra de las disposiciones de este decreto es que ahora el régimen de turismo de compras también queda incorporado en el sistema de compensación, asegurando que todos los canales de importación cumplan de manera correcta. De esta forma buscan fortalecer la transparencia, el control y la efectividad de la compensación fruto del esfuerzo colectivo.

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto que promulga la ley n.° 7503 mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Pagos. La iniciativa fue aprobada el martes último en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y estaba a la espera de la promulgación o veto del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los objetivos dispuestos en la ley, se busca establecer este marco normativo de modo a regular las reglas que promueven el acceso, seguridad, transparencia, eficiencia, interoperabilidad, interconexión, innovación y competencia, de modo a promover la inclusión financiera.

La autoridad de aplicación será el Banco Central del Paraguay (BCP), el que tendrá la responsabilidad de regular, administrar y supervisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos. Entre sus atribuciones se encuentran: establecer requisitos técnicos y operativos para los participantes y autorizar el ingreso y permanencia de entidades en el sistema.

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Igualmente, debe supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias e implementar mecanismos de control y mitigación de riesgos. Asimismo, el BCP podrá emitir normas complementarias, coordinar acciones con otras autoridades del sector y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Esta ley establece que podrán formar parte del Sistema Nacional de Pagos todas las entidades financieras autorizadas, las empresas proveedoras de servicios de pago, los sistemas de compensación y liquidación, y otras organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por el BCP. Todos los participantes deberán ajustarse a los principios y reglas comunes establecidos en la ley.

En cuanto a la aplicación de esta normativa, la banca central deberá reglamentar los aspectos técnicos y operativos necesarios para la implementación progresiva de este sistema y también podrá establecer plazos de adecuación para los participantes y convocar mesas técnicas para la elaboración de disposiciones complementarias.

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