Dentro de la Jornada de Gobierno en Concepción, las autoridades nacionales visitaron las instalaciones de la Dirección de Policía de Concepción, donde se realizaron mejoras y la cual será una de las sedes del “Colegio de Policía”. El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que contar con una policía formada en su propio departamento será trascendente para un mejor servicio y una mejor calidad de vida de los agentes.

“Es una gran reingeniería para saber dónde están los policías y las escuelas regionales son la solución porque van a poder trabajar en su comunidad!”, expresó Riera. Asimismo, indicó que está en estudio un proyecto para cambiar el horario de trabajo de los agentes, estableciendo horarios de 8 horas.

“Si tenemos turnos de ocho horas vamos a tenerlos alertas, despiertos y con una vida normal. Este cambio en los horarios que en este momento está en Gabinete es lo que probablemente nos permitirá tener una policía mucho más acompañada por la comunidad, un policía reencontrado con su sociedad”, añadió.

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El ministro mencionó que actualmente los agentes trabajan ocho días de seguido y posteriormente, tienen una semana de descanso. En el caso de los que están en el Chaco, los agentes trabajan 15 días y luego descansan por este mismo periodo. Este mecanismo de trabajo es insostenible, afirmó. “No solo no dábamos abasto en cantidad, sino en el estilo y forma de trabajo”, aseveró.

Por otro lado, destacó la decisión del Gobierno por haber hecho posible una ley de reforma de la Policía Nacional, la cual permite que estos tengan una carrera y un mecanismo de ascenso, además de mejores condiciones para ellos y sus familias, pero también contempla sanciones para quienes incumplan las normas.

“Esta es la décima escuela y tenemos destinados USD 400.000 para las direcciones departamentales como esta. Vamos a invertir en las comisarías del interior, incorporar tecnología, mejorar el salario para los profesores de la Isepol, que de ganar G. 8.000 por hora cátedra ganarán G. 40.000. Está prevista una inversión de USD 92 millones para equipar a los policías que van a egresar y llegarán más patrulleras”, detalló.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación media

“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

El senador José Oviedo adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley para la modificación de la carga horaria laboral en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales. Indicó que esta propuesta estaría presentando la próxima semana para iniciar el debate con los sectores involucrados.

“Estamos elaborando todavía el proyecto de ley, recién voy a tener el texto la semana que viene, el martes o el miércoles, más o menos. Lo que buscamos es bajar de 48 horas a 40 horas a la semana, así como en el sector público, en la ley de la función pública, que ahora va a ser sustituida por la ley del servicio civil, se establecen 40 horas a la semana”, indicó en la 780 AM.

Oviedo señaló que con esto se podría equiparar con la función pública, reduciendo el horario de trabajo, que podrían ser distribuidos de acuerdo a las disposiciones o disponibilidades de las empresas y los trabajadores.

“Sabemos que, en las instituciones públicas, en la mayoría no se trabaja 40 horas, se trabaja 36 horas, 6 horas al día. Entonces, lo que buscamos es que en el sector privado se trabaje 40 horas a la semana también, que pueden ser distribuidos de 6 horas, 40 minutos por día, de lunes a sábado o 8 horas al día de lunes a viernes”, explicó