Esta tarde el senador Blas Llano dio entrada a un nuevo proyecto de ley de Estado de excepción para el departamento de Amambay, recordó que no es la primera vez que lo hace y espera que en esta oportunidad sea aprobado. Foto: Archivo.
Llano insistirá en aprobar ley de Estado de excepción en Pedro Juan Caballero
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El senador liberal Blas Llano dio entrada esta tarde a un nuevo proyecto de ley que declara Estado de excepción en el departamento de Amambay tras el atentado que sufrió su correligionario, el intendente liberal de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. A través de sus redes sociales recordó que no es la primera vez que presenta un proyecto de ley de este tenor, pero espera que en esta ocasión el plenario decida acompañar y aprobar. Igualmente informó a través de su cuenta de Twitter que solicitará el tratamiento del mismo este jueves sobre tablas durante la sesión ordinaria.
Recordó además que el pasado 22 de enero del 2020 ya había presentado un proyecto de ley para establecer el Estado de excepción en el departamento de Amambay ante la fuga de los 75 reclusos del penal de Pedro Juan Caballero. Luego, en una segunda ocasión volvió a presentar una propuesta similar el 18 de octubre del 2021, tras el asesinato de la hija del gobernador Ronald Acevedo. En ambas ocasiones, el proyecto de ley no prosperó en la Cámara de Senadores porque el plenario decidió rechazar el tratamiento del pedido.
Expresó que tras lo ocurrido en la tarde de este martes 17 de mayo, en que tres sicarios atentaron contra la vida del intendente José Carlos Acevedo, volverá a plantear ante el pleno, y espera que el mismo sea aprobado. “Insto a todos los colegas a, de una vez por todas, aprobar el Estado de excepción y brindar un poco de paz a los ciudadanos del departamento de Amambay”, expresó en una parte de su comunicado.
Mecanismos de lucha no funcionan
Mientras que, en comunicación con la programación especial del canal GEN, el senador Blas Llano cuestionó que ante la falta de una estrategia clara de lucha contra el crimen organizado, porque los mecanismos de lucha no funcionan, el Estado no puede quedar ausente ante estas situaciones que se dan no solo en Amambay, sino incluso en varios puntos del país.
“Está claro que tenemos que tener algún tipo de reacción ante este tipo de situaciones, hoy se le atacó al intendente de Pedro Juan Caballero, a plena luz del día en la vía pública y esto demuestra claramente que los mecanismos de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no están funcionando. Entonces, hay que recurrir a una política de shock, por decir de una forma, a los efectos de por lo menos que en los 60 días de Estado de excepción que se tripliquen los esfuerzos, los controles, y se haga todo lo que se tenga que hacer, de lo contrario es seguir en lo mismo”, remarcó el legislador.
Por tercera vez, Llano presenta un proyecto de ley de Estado de excepción y espera que sea aprobado para llevar un poco de tranquilidad a los ciudadanos de PJC. Foto: Gentileza.
El senador Llano explicó que la Constitución es clara en lo que respecta al Estado de excepción, que solo se puede aplicar por un cierto tiempo determinado, en este caso 60 días. Le brinda facultad a las autoridades de seguridad a tomar medidas excepcionales, y no se violenta ninguna garantía constitucional a ningún ciudadano. Aseguró que no es que las Fuerzas Militares irán a hacer lo que quieren en la zona.
“Cualquier decisión que tomen las autoridades de seguridad deben informar a los jueces de Garantías; es decir, está protegido el derecho individual. Pero lo que no podemos de ninguna manera en un país donde seguimos teniendo un exvicepresidente de la República secuestrado, y hasta hoy nosotros ni su familia sabe si está vivo o muerto. Donde la hija de un gobernador en ejercicio es asesinada al salir de una discoteca, donde se produce el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, y hace una semana se le asesinó al fiscal Marcelo Pecci. Son demasiadas cosas, y no tomamos alguna medida”, lamentó.
Mensaje del crimen organizado
Por otra parte, indicó que es claro que los grupos del crimen organizado está decidido a enviar un mensaje claro a los organismos de investigación y seguridad, así como a la ciudadanía en general infundiendo temor, ante la posibilidad de que estos sean afectados en sus intereses.
“La lectura política que puedo hacer es que es un mensaje claro del crimen organizado de que ellos no van a permitir que en nuestro país se pretenda combatirlos legalmente y sobre todo afectar sus intereses”, concluyó.
Una cumbre de poderes refleja un “compromiso institucional”, afirma politólogo
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“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada ayer lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.
“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarrollándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La buena consolidación institucional generan buenas prácticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970/Nación Media.
Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.
No obstante, el politólogo consideró que en la cumbre de poderes se tomaron medidas concretas contra ambos flagelos, citando como un punto resaltante el instar a la implementación de la “Iniciativa 28″ referente a la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, la cual se refiere a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de implementar un reglamento para las comunicaciones de sus integrantes.
“Falta un compromiso institucional por parte de los órganos vinculados al Poder Judicial. Es en el JEM donde se tienen que generar buenas prácticas para que haya una buena justicia en el Paraguay, entonces,mediante elhecho de que se busque impulsar la realización de reglamentaciones y controles internos, la corrupción tendría que ir decantándose como un efecto domino”, manifestó.
“Cuando se habla sobre la intención de implementar ciertas restricciones dentro del JEM, cuando se habla del control de la comunicación interna y externa, cuando se habla de que las conversaciones tendrán que ser oficiales y públicas, entonces lo que se busca es transparentar. Esto tendrá incidencia para que puedan haber buenas prácticas”, puntualizó el politólogo a NM.
Estructuras del crimen organizado se consolidaron en la época Abdo
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El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó vía libre para que esquemas del crimen organizado se movieran con tranquilidad en territorio paraguayo, de acuerdo con varias investigaciones del Ministerio Público. Eliminación de puestos de control, amigos de los capos en puestos de confianza, aporte a campaña electoral son algunos de los elementos que permitieron esa tranquilidad y la instalación de redes narco en las que aparece salpicado el exmandatario y su entorno inmediato. Los casos suman y siguen.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
De Dalia López a Sebastián Marset, pasando por los diputados Juan Carlos Ozorio, Lalo Gomes y Éver Noguera. El gobierno de Mario Abdo Benítez no solo estuvo plagado de narcovínculos, sino que también permitió que esquemas del crimen organizado se movieran a sus anchas y con excesiva tranquilidad, sin mayores burocracias, privilegio no muy habitual para los comunes (ver infografía).
CORTARON LOS CONTROLES
El 15 de agosto de 2018, en su primer día como presidente de la República, Mario Abdo Benítez derogó un decreto emitido por el gobierno de Horacio Cartes y volvió a restablecer poderes al entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con lo que le permitió mover a sus anchas a agentes y directores de la institución.
En mayo de 2020, Giuzzio desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), que realizaba fiscalizaciones en puertos privados. Tras esa maniobra la “narcoexportación” se disparó y el Paraguay se convirtió en noticia por toneladas de cocaína decomisadas en serie en todo el mundo.
MARSET, UN NARCO QUE SE MOVIÓ TRANQUILO
Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a señalar al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en tierras colombianas. El señalado como líder de una organización criminal trasnacional se instaló, se documentó en tiempo récord y montó su red de empresas con facilidad en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo.
Durante una reunión con su gabinete, Petro cuestionó las acciones de la Fiscalía colombiana en la investigación del asesinato y apuntó directamente a Marset como el principal responsable. “¿Por qué la muerte del fiscal paraguayo Pecci quedó en manos del fiscal Mario Burgos? ¿Por qué sacó al asesino del proceso, que es el narcotraficante Marset?”, expresó el mandatario. Petro también mencionó que Marset cuenta con el respaldo de otras figuras del crimen organizado, como el narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, quien actualmente reside en Dubái.
Recientemente, el medio El Colombiano reveló una agenda que supuestamente pertenecía al exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, señalado como autor material del asesinato de Pecci. Correa Galeano fue asesinado en su celda el pasado 3 de enero, y en su agenda se encontraba una referencia a Marset, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.
LOS VÍNCULOS DE SEBASTIÁN MARSET CON PARAGUAY
Marset, actualmente prófugo de la Justicia, ha construido una extensa red de operaciones criminales que incluye el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a través de negocios legales. Su primera llegada a Paraguay se registró el 8 de abril de 2018, justo antes de las elecciones generales en las que Mario Abdo Benítez resultó electo presidente. Permaneció en el país hasta el 27 de abril, periodo en el cual comenzó a estructurar su operativa para el tráfico de drogas hacia Europa.
Fue precisamente durante el período de mandato de Abdo que Marset estructuró su red criminal con tranquilidad, gozando de impunidad y consiguiendo utilizar las instituciones públicas con una calma llamativa.
En agosto de 2020, la Dirección de Identificaciones de Paraguay expidió cédulas de identidad paraguayas para Marset y varios miembros de su familia, incluyendo a su pareja Gianina García Troche y su hermano de padre, Diego Nicolás Marset. El propio Sebastián Marset obtuvo su documento paraguayo en febrero de 2021. Ese mismo mes contrajo nupcias con una ciudadana paraguaya que nunca lo vio siquiera en persona, gracias a la utilización del sistema público de forma impune.
En abril de 2021 se detecta en Amberes, Bélgica, un millonario cargamento de cocaína escondido entre paquetes de cuero azul enviados desde Paraguay por la empresa Neumáticos Guairá. Esta se convertiría en una de las mayores incautaciones de droga de la historia. Audios revelados con posterioridad, demuestran que la carga era de la organización ligada al uruguayo.
Desde entonces, el narcotraficante uruguayo expandió sus operaciones en Paraguay, estableciendo alianzas con organizaciones criminales locales y fundando diversas empresas para el blanqueo de capitales. En mayo de 2021, su pareja constituyó el grupo San Jorge SA - Total Cars, con un capital inicial de G. 1.000 millones, según registros de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Marset también incursionó en el mundo del espectáculo y el deporte, financiando eventos musicales y equipos de fútbol, mientras afianzaba su red de narcotráfico.
Entre sus principales aliados en Paraguay se encuentran Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube y Mauricio Schwartzman, este último asesinado el 12 de setiembre de 2021. Su cartel operó en el país desde 2018 hasta la ejecución de la operación A Ultranza Py en 2022, un operativo llevado a cabo con la colaboración de la DEA, Europol y el Ministerio del Interior de Uruguay.
En junio de 2021, Marset abandonó Paraguay con el objetivo de expandir su red de contactos internacionales. En octubre de ese mismo año fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.
LOS MOVIMIENTOS DE LALO
Más de G. 175.526 millones (unos USD 23,4 millones) fueron movilizados solo por tres de los actores de una gigantesca red de lavado de dinero ligada a grandes capos del narcotráfico (2015- 2021). Los mayores movimientos de dinero se dieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, expresidente cuyo movimiento impulsó la campaña al Congreso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Según el informe de inteligencia del operativo antinarco Pavo Real II, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 31 de mayo de 2021, Eulalio Gomes transfirió de una sola vez unos G. 2.898 millones a Antonio Joaquín da Motta, empresario de frontera señalado por el Brasil por supuestos vínculos con el narcotráfico.
En 2020, en menos de un mes, los Gomes realizaron transferencias por más de G. 1.800 millones a Diego Benítez, señalado como responsable de un esquema gigantesco de narcotráfico y quien fuera detenido en Emiratos Árabes Unidos, donde espera ser extraditado a nuestro país.
LALO, EL FINANCISTA
Hablando del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado un millón de dólares de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amambay con el respaldo del abdismo.
En una conversación con el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, Gomes expresó su preocupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afectaría al Gobierno. Además, mencionó que Arregui había solicitado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su propia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movimiento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.
LOS NARCODIPUTADOS
En la investigación Belia sobre tráfico internacional de drogas, la Senad interceptó llamadas entre el diputado Éver Aparicio Noguera y Hugo Antonio Meza Huespe, miembro de la banda del narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo enviaba drogas a Europa en bolsas de carbón vegetal. También estuvo implicado Cristian Turrini, vinculado a Servín Palacios. Además, Noguera habría influido en la designación de una jueza que favoreció al grupo y obtuvo ilegalmente vacunas contra el covid-19 para su familia.
A Noguera y Gomes, se le suma el exdiputado Juan Carlos Ozorio, quien también llegó al Congreso de la mano del abdismo.
Ozorio –de acuerdo con la Fiscalía– forma parte del esquema de tráfico de drogas encabezado por el uruguayo Marset.
DALIA, LA PRÓFUGA NUNCA BUSCADA
Esta extensa lista se cierra –al menos por ahora– con el caso de Dalia López, la “empresaria” que “paraguayizó” al famoso exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto de Assis Moreira, gracias a la complicidad o a la ineptitud de funcionarios de su Departamento de Identificaciones y de la Dirección General de Migraciones (DGM), dependiente del Ministerio del Interior.
El caso puso a Paraguay en el foco del mundo en 2020. López comenzó a mostrar su rostro de “filántropa” en un evento oficial del gobierno de Abdo que contó con la presencia del mismísimo presidente de la República.
Fue el 20 de setiembre de 2019, durante una visita oficial del mandatario al distrito de San Juan del Ñeembucú. Un video publicado en redes sociales por la Fundación Miss Paraguay mostró que la empresaria acompañó a Abdo para entregar asistencia médica.
JEM: “El sistema de selección es muy frágil”, opina titular del Colegio de Abogados
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“En algún momento dado nuestros referentes políticos deberían entender que primero está el país y después los intereses personales”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay,Jorge Arturo Daniel abogando por la modificación de la composición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) mediante una reforma constitucional. “El sistema de selección es muy frágil”, puntualizó.
“Debemos abordar todas las debilidades que se dieron durante el transcurso del tiempo. Hay que tomar decisiones políticas que seguro tendrán altísimos costos, porque al abrir el capítulo de tocar la Constitución se entrará en una circunstancia política de afectación para muchos sectores políticos e instituciones del Estado”, sostuvo Daniel, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El urgimiento surge tras la filtración de supuestos chats que habrían sido extraídos del teléfono del diputado Eulalio Gomes, fallecido en agosto pasado durante un procedimiento policial; con el diputado Orlando Arévalo, quien se desempeñaba como vicepresidente primero del órgano extrapoder. Las presuntas conversaciones también se habrían dado con las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi López.
“Antes el crimen organizado era un problema de fronteras, fue avanzando hasta la Capital, pero cuando esto ya sucedió había sido ya tomó a todo el país. Este flagelo permeó todos los ámbitos de nuestra sociedad. No se puede empezar una nueva Constitución Nacional diciendo en el preámbulo nosotros los paraguayos y el narcotráfico”, manifestó el referente del gremio de abogados.
De acuerdo a su criterio, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública deben integrar la estructura del JEM, así como el Consejo de la Magistratura (CM), cuestionando a la vez la presencia de actores políticos dentro de su conformación. “Con esto ya se debe empezar la primera modificación de la Constitución, cómo estás instituciones no están, cómo, por ejemplo, la Fiscalía no participa en la selección o la reconfirmación de un agente fiscal si finalmente son los bueyes con que va a arar la institución”, manifestó Daniel a NM.
En los últimos años, Paraguay ha sido testigo de una transformación en la relación entre el crimen organizado y la política, un fenómeno que ha pasado de ser considerado narcopolítica a adquirir características de una estructura mafiosa. Investigaciones científicas recientes revelan cómo esta dinámica fue evolucionando.
El artículo científico fue publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, por el Dr. Juan Martens y el Mgs. Marcello Lachi, ambos categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Estudios etnográficos y entrevistas realizadas en los últimos años documentaron cómo el crimen organizado logró establecer una presencia profunda en Paraguay, especialmente en regiones fronterizas con Brasil, como Amambay y Canindeyú.
Según el artículo, uno de los casos más emblemáticos fue el operativo A Ultranza Py en 2022, que destapó una gran estructura criminal, demostrando el nivel de penetración del crimen organizado. A pesar de las detenciones y decomisos realizados, las organizaciones criminales continúan operando con nuevas estrategias, adaptándose a los cambios y fortaleciendo su influencia en diferentes sectores.