La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.

Leé también: Paraguay condecoró al comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

Te puede interesar: PLRA: senadores negocian integrar un solo frente para enfrentar al Nuevo Liberalismo

Aunque era un secreto a voces que la oposi­ción siempre actuó en complacencia con Mario Abdo Benítez, cuando era pre­sidente y ahora que ya no lo es, sorprende la poca vergüenza con la que senadores que pre­sumen de ser opositores reco­nozcan públicamente que no permitirán su desafuero, algo necesario para la Justicia a fin de acusarlo en el caso filtración de Seprelad.

Senadores de la oposición han confirmado que no acompa­ñarán el desafuero del expre­sidente Mario Abdo Benítez, pese a que él mismo ha solici­tado a la Cámara Alta que se dé tratamiento y aprobación al pedido. Tanto Celeste Amari­lla como Rafael Filizzola ase­guraron que no van a acom­pañar, argumentando que se trata de una supuesta perse­cución en una “causa selec­tiva”.

En el programa de Mina Feli­ciangeli, el senador Filizzola defendió los argumentos por los cuales considera que no hay méritos para aprobar el desafuero del senador vitali­cio Mario Abdo Benítez. En tanto, su colega Celeste Ama­rilla anunció que ni siquiera votará cuando se trate el tema. Dijo, tajantemente, que no quiere que se la meta en “jue­guitos entre colorados”. Ade­más, consideró que la ANR merece ir a la llanura.

Ninguno de los dos supo expli­car cómo tienen esta actitud cuando que el propio Abdo pidió su desafuero, por lo que queda palpable que lo que publicó en sus redes el expre­sidente era puro show puesto que ya sabía que sus seguido­res lo blindarían.

De igual manera, días pasados, la senadora Lilian Samaniego, del movimiento Ambulancia Republicana, dijo que también votará en contra del pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez. Incluso asegura que el caso judicial que involucra al exmandatario en una filtración de datos con­fidenciales del expresidente Horacio Cartes a través de la Secretaría Nacional de Pre­vención de Lavado (Seprelad) es montado entre abogados y fiscales. “No se puede hacer una sesión selectiva, se hace la convocatoria a los cuarenta y cinco. Y ahí vamos a estar para dejar sentada nuestra posi­ción”, señaló Samaniego ante la versión de que el oficialismo colorado, por falta de votos, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprovechar la ausencia de algunos legislado­res para aprobar el pedido de desafuero de Marito.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez anunció a mediados del mes de marzo que soli­citará a la Cámara de Senadores su desafuero tras verse acorralado ante supuestos hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio ocurridos durante su gobierno.

A través de sus redes sociales oficiales, el líder del movimiento Fuerza Republicana expresó sentirse indignado y arremetió contra el Ministerio Público calificándolo como una institución “sometida a un grupo de poder”.

“La lucha contra el crimen requiere que todos los paraguayos estemos unidos y con valentía por eso quiero anunciar que enviaré una nota al presidente del Congreso solicitando mi desafuero, a efectos de que el Senado retire la inmunidad que me corresponde como senador vitalicio”, dijo.

“El tenor de los informes que dirigía el exembajador Marc Ostfield al Departamento de Estado de los Estados Unidos eran no solo lapidarios, sino absolutamente sesgados”, dijo el sociólogo y comunicador Camilo Soares. Esto al referirse a la alianza montada por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el diplomático para atacar políticamente al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Ostfield jugaba un papel casi de operador político de una facción interna paraguaya, entonces uno podría presuponer que sí tenía un papel relevante en Asunción. La operación política de Mario Abdo para mí fue golpear a Horacio Cartes y deshacerse de Hugo Velázquez”, manifestó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.

El también dirigente izquierdista acotó: “Mario Abdo tenía otros candidatos (para la Presidencia) antes que Velázquez. Su primer candidato fue Luis Pettengill (actual senador), cuando él decidió no ser candidato porque no se animó o porque no quería, el segundo era Arnoldo Wiens, pero Velázquez tenía fuerza política propia para imponerse y Abdo no podía frenarle”.

En agosto del 2022, Velázquez, quien ejercía el cargo de vicepresidente de la República durante el gobierno de Abdo Benítez, fue designado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos. El dirigente político fue acusado de haber participado en actos de corrupción, incluido el ofrecimiento de soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos.

Leé también: Peña felicitó a Daniel Noboa por su reelección como presidente de Ecuador

De acuerdo a la acusación, Velázquez participó de actos de corrupción con el fin de obstruir una investigación que amenazaba sus intereses financieros. Esta situación obligó a Velázquez a renunciar a su precandidatura a mandatario por el movimiento Fuerza Republicana, liderado por Abdo Benítez.

“Esto le vino a Mario Abdo como anillo al dedo, porque él pensaba que se le eliminó a Cartes y que ya no podría competirle y a la vez se le saca a Hugo Velázquez del camino, entonces termina diciendo que tiene el camino expedito para poner a su sucesor, esta fue la operación política”, dijo Soares.

Las afirmaciones de Soares surgen tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.

Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.

“Así funcionaba el operativo Cóndor. Si hoy nosotros callamos algo porque es nuestro enemigo político, el día de mañana nos tocará a nosotros, esto es lo grave en esta situación”, sentenció Soares.

Te puede interesar: Oposición reducirá listas para la junta capitalina, dice diputada

La jueza penal de garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición planteados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secre­tos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exministros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio contra la providencia de la jueza Cyn­thia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo del 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

Te puede interesar: Senador insta al diálogo entre Peña y el Congreso para instalar bicameral sobre Itaipú

Además de esta decisión, se agrega a la resolución judicial que se impone las costas de estos incidentes que han sido rechazados a cada uno de los acusados con relación a este proceso, informó desde judiciales el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.

Tras el rechazo de estos incidentes formulados por los abogados Emilio Fuster, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros, el expediente tendrá que subir a la Cámara de Apelación, donde se tendrá que resolver la resolución firmada por la jueza Cynthia Lovera.

En su resolución la magistrada sostiene que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se ha tratado los recursos iniciales pendientes de resolución. “En ese contexto se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencausar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.

El Ministerio Público pre­sentó en su escrito de acusa­ción un total de 206 elemen­tos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la res­ponsabilidad de los acusa­dos Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, en el marco de la investigación por el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad.

Leé también: Familia de Félix Urbieta está esperanzada con dar con su paradero tras nuevas evidencias